En lo corrido de 2017, Antioquia ha logrado disminuir en 1,1% el total de homicidios en su territorio, gracias a la menor ocurrencia de asesinatos en cien de 125 municipios. Dentro del departamento, según datos de la Policía Nacional, ocho municipios han logrado pasar este año sin ser víctimas de esos crímenes. De ellos, tres están en el Oriente (Argelia, Cocorná y El Retiro); dos en el Suroeste (Jericó y Titiribí), y uno en las regiones de Guadalupe (Norte); Caracolí (Magdalena Medio), y Uramita (Occidente).

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La celebración por avances, que reconocemos difíciles de alcanzar, en este empeño, no debe embriagar a un departamento que sigue ocupando el segundo deshonroso lugar como el que más muertes violentas tiene en el país, superado sólo por el Valle del Cauca. A mantener ese mal puesto contribuye, sin dudarlo, el crecimiento de homicidios en 17 municipios antioqueños, en tres de ellos, Amagá, El Peñol y Apartadó, con aumentos superiores a 90%. A ello se suma, el crecimiento progresivo de muertes violentas en Medellín: 62 más en 2016, frente a 2015, y 23 más entre enero y el 4 de diciembre de 2017, frente a 2016.

Las dificultades para acabar con el homicidio incentivan explicaciones o posturas ideológicas que ciegan a los principales responsables de la defensa de la vida. Cualquier muerte violenta es inaceptable, inexplicable e injustificable, y tiene que ser motivo de vergüenza para la sociedad que la sufre. 

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El crecimiento de las muertes violentas en Medellín representa un retroceso frente a los avances del trabajo continuo de la ciudad contra la criminalidad organizada y las restantes causas de homicidios, intervención que en el período 2012-2015 consiguió sacarla de la lista de 50 ciudades con mayores víctimas mortales en el mundo. Excusar la situación en la “operatividad de la fuerza pública contra las bandas”, como lo ha repetido el general Naranjo, oculta ineficiencias, yerros y verdades sobre el carácter de esa violencia, aplazando las posibilidades de resolver las múltiples causas de un crimen que le roba esperanzas a la ciudad y sus gentes.

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La persistencia de las muertes violentas en todas las subregiones de Antioquia, con aumentos muy serios en municipios donde se habían logrado significativos avances contra el crimen, notifica que la firma del acuerdo del Teatro Colón entre el Gobierno y las Farc no ha incidido sustancialmente en el cese de la violencia homicida y diríamos que puede haberla promovido al aumentar el ya vergonzoso nivel de impunidad, desconociendo la justicia como el control más eficaz.