La última en sumarse fue la Fiscalía General de la Nación, que anunció el miércoles investigaciones sobre el daño ambiental y el proceso de contratación. La Contraloría y la Procuraduría también indagan sobre presuntas irregularidades y sobrecostos en el desarrollo del proyecto.
El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, durante la audiencia pública convocada por la Procuraduría sobre Hidroituango.
Las temidas “ías”, como se les conoce en la administración pública a las entidades de control fiscal, disciplinario y penal con que cuenta el Estado colombiano, pusieron al unísono sus ojos sobre el proyecto Hidroituango para establecer, en términos generales, quiénes fueron los responsables de las irregularidades que llevaron a la contingencia desencadenada en abril de 2018 y que tuvo como episodio más reciente la dramática sequía del río Cauca durante los tres días posteriores al cierre de la segunda compuerta de captación de la casa de máquinas.
La primera en pronunciarse fue la Contraloría General de la República, que una semana después del cierre de la citada compuerta anunció el inicio de un Control Excepcional por vía de Actuación Especial a Hidroituango, con la promesa de que “en unos seis meses” podría establecer “quiénes pudieron tomar malas decisiones en su ejecución, las irregularidades que se pudieron dar en el proceso de planeación para la construcción de la represa, los sobrecostos que se han generado, así como las pérdidas que han producido la crisis que afronta y las emergencias ambientales y sociales que se han generado con la misma”.
Para el efecto, el contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte puso al frente de la Actuación Especial al vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee, el mismo que lideró la auditoría que puso al descubierto las irregularidades en la construcción de la Refinería de Cartagena.
Por otro lado, bajo la premisa de que EPM no ha dicho toda la verdad, la Procuraduría fue la segunda entidad en salir al ruedo mediante la apertura de una investigación disciplinaria contra los integrantes de la Junta Directiva de EPM y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -Anla-. En desarrollo de la misma, el miércoles se realizó en Medellín una Audiencia de Seguimiento y Vigilancia Preventiva en cuya apertura el procurador Fernando Carrillo Flórez expresó que presentará una acción popular “en defensa de los derechos de las comunidades y el medio ambiente afectados por Hidroituango”.
Precisamente, mientras se desarrollaba tal audiencia, el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que el ente acusador diseñó “un plan metodológico para revisar con detalle la obra” y tener un panorama amplio “que permita entender las dificultades que se han presentado en su ejecución y establecer eventuales responsabilidades penales”.
Ante el cúmulo de actuaciones, los voceros de Hidroituango mantienen una posición clara: “brindaremos todo el apoyo y todo lo que necesiten los mecanismos y las entidades de control, tanto la Fiscalía como la Procuraduría como la Contraloría”, dijo el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Federico Gutiérrez, quien añadió que “la empresa se han manifestado diciendo que la toma de decisiones en los años anteriores se ha ajustado a la ley”.
En diálogo con EL MUNDO, al conocer la primera de las investigaciones, el gerente general de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, había expresado: “Nosotros tenemos dos grandes responsabilidades, primero proteger a las comunidades y sacar este proyecto adelante y, segundo, ofrecerle toda la colaboración y toda la información a las autoridades y a las instituciones de control para que hagan las investigaciones que deben llevar a cabo, o sea que de nosotros esperen toda la colaboración y toda la disposición para suministrarles la información necesaria”.
Según el fiscal Martínez Neira, las investigaciones avanzan en dos ejes fundamentales: el daño ambiental y el proceso de contratación.
Respecto al daño ambiental, la Fiscalía dispuso tres líneas de investigación que indagará en la afectación generada por el proyecto Hidroituango a los recursos naturales. La primera es la presunta indebida gestión de los residuos sólidos que habría incidido, entre otros aspectos, en la calidad, cantidad y fluidez del agua, la erosión del suelo y la eventual inestabilidad de la montaña; la segunda, las obras y modificaciones sin licencia y, en tercer lugar, la desestimación de riesgos y plan de contingencia, que busca establecer si durante la ejecución del proyecto ocurrieron contingencias que habrían sido desestimadas por los encargados, quienes no habrían tenido “la capacidad real de atenderlas porque estaban preparados para una situación de menor dimensión”, según la Fiscalía.
“Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación busca establecer a los presuntos responsables de los delitos de daño en los recursos naturales e ilícito aprovechamiento de los mismos”, dijo Martínez Neira, quien añadió que en este proceso participarán tres fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, nueve peritos (ingenieros ambientales y de minas, químicos y ecólogos), dos analistas y un equipo de investigadores de campo.
Respecto al proceso de contratación, la Fiscalía señala haber identificado “presuntas inconsistencias desde el inicio del proyecto como presuntas anomalías en la fase precontractual y supuestas deficiencias en la celebración de los contratos, los estudios de diseño y ejecución de la obra”.
En desarrollo de este eje, el ente acusador trabajará en cinco líneas de investigación: La contratación directa de la hidroeléctrica entre Hidroituango y EPM; irregularidades en los contratos de obra pública; irregularidades de los contratos de usufructo de acciones; irregularidades por inversión adicional de 100 millones de dólares e irregularidades plan de aceleración del proyecto.
Sobre la primera línea de investigación, llama la atención que, en efecto, la junta directiva de la Sociedad Hidroituango, tras un debate de cara a la sociedad y a instancias precisamente de las fuerzas vivas de Antioquia, suspendió el proceso de subasta internacional de la obra y decidió que EPM asumiría la construcción, financiación, operación y mantenimiento de la hidroeléctrica, así como la restitución del proyecto a la Sociedad Hidroituango, de la cual es accionista.
Por este hecho, la Fiscalía anunció que imputará a Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroituango S.A. para la fecha de los hechos, y a Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM Ituango para la fecha de los hechos, con el fin de formularles “cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.
También se citará a interrogatorio a los integrantes de la Junta Directiva de EPM para la fecha de los hechos: Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa y al gerente de EPM en el período 2012-2015, Juan Esteban Calle Restrepo.
Frente a este anuncio de la Fiscalía, EPM respondió, mediante un comunicado, que “ha actuado de manera transparente y en el marco de lo que permite la ley”.
El contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte inició el Control Excepcional a Hidroituango a pedido del representante legal de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, Juan Carlos Calderón España.
“Estamos apostando porque el proyecto Hidroituango salga adelante, pero es preciso afirmar, sin ningún miramiento, que quienes hayan tomado malas decisiones o aparezcan involucrados en algún tipo de irregularidad, que amerite un enjuiciamiento por esa conducta, tendrán que responder por esas actuaciones”, dijo al admitir la solicitud de la veeduría.
El control excepcional busca determinar el presunto detrimento patrimonial al Departamento de Antioquía, al Instituto para el Desarrollo de Antioquía – Idea-, al municipio de Medellín, a las Empresas Públicas de Medellín – EPM y al patrimonio de la Nación, para lo cual determinó como líneas de investigación los mecanismos contractuales, la estructura financiera, fuente y deuda del proyecto, los diseños e ingeniería, el proceso constructivo, los suministros y la declaración de no entrada al proyecto.
Durante la audiencia pública celebrada el miércoles en Medellín, el contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte aseguró que el trabajo de la entidad, que se desarrolla “sin condescendencias ni juicios basados en amiguismos o regionalismos”, abarca cerca de 200 contratos que suman 6 billones de pesos.
“Aquí no podemos hablar de regionalismos, de activismos políticos ni de solidaridades con tal o cual tendencia política. Aquí la única solidaridad posible es con los intereses superiores del país”, enfatizó y añadió que “a mí, como pereirano y paisa, me preocupa, así como a todas las instituciones que estamos unidas para esclarecer qué fue lo que sucedió con este proyecto tan importante, cuya crisis hay que superar de la mejor manera posible”.
Por su parte, el vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee, quien visitó el proyecto el pasado martes, expresó que “la finalidad exclusiva de la Contraloría es identificar la gestión fiscal, básicamente el propósito del proyecto en función de los recursos públicos” y añadió que “nos han llamado la atención los contratos que evidenciaban un retraso”.
“Tuvimos oportunidad de revisar las curvas del proyecto y efectivamente antes del inicio de la aceleración había unos atrasos de algunos contratos, que ya de alguna manera en la Contraloría General tenemos identificados y también estamos viendo lo que fueron las desviaciones de unos costos, a partir de esos retrasos”, ahondó y explicó también que uno de los objetivos del control excepcional es ver si la rentabilidad de alguna manera se ve en riesgo dado que el proyecto tiene un componente muy grande en deuda.
“Vamos a revisar todo el comportamiento de flujo de caja para determinar si el proyecto perdió o tuvo condiciones estables del valor del dinero”, finalizó.
Como anfitrión de la Audiencia Pública de Vigilancia y Seguimiento, el procurador Fernando Carrillo Flórez expresó que “seguimos en deuda con las comunidades y hay que seguir trabajando por ellas, en la mitigación del riesgo y en los temas relacionados con la terminación de presa y el restablecimiento del río Cauca”.
A la audiencia concurrieron representantes de las comunidades de Puerto Valdivia, Cáceres, Ituango, Caucasia, Tarazá, líderes de movimientos sociales contrarios al proyecto Hidroituango, así como mandatarios territoriales, directivos de EPM y académicos.
Carrillo Flórez anunció que su despacho presentará una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en defensa de los derechos de las comunidades aledañas al Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango, al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar un desarrollo sostenible.
Según añadió, en la acción participarán los gobernadores de Antioquia, Sucre, Córdoba, y Bolívar con el fin de que se implementen por vía judicial “acciones de prevención en temas de protección de derechos de los afectados por toda esta crisis ambiental que se ha presentado”.
“Aquí puede haber mucho voluntarismo, muchas buenas intenciones, muchos compromisos en abstracto. Este país está lleno de listados de incumplimientos con las organizaciones sociales en los últimos 20 años. Una acción popular le pone orden a eso”, puntualizó el funcionario.
El gerente general de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, expresó durante la audiencia pública celebrada el miércoles en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, que la responsabilidad ha sido el principal valor “que practicamos cotidianamente en todas nuestras actuaciones”.
“Evidentemente esta contingencia generó un conjunto de afectaciones que lo primero que ha hecho la organización es buscar atender con toda la diligencia posible. Lo principal es mitigar los riesgos para las comunidades aguas abajo, esa es una tarea que hemos adelantado incansablemente en estos pasados diez meses y que aún no ha concluido”, expresó.
Tras hacer un breve repaso por las acciones que se adelantan para superar la contingencia, Londoño de la Cuesta reconoció que la empresa era consciente de la afectación que tendría sobre el río Cauca la decisión de cerrar anticipadamente la segunda compuerta de captación.
“Lo que hizo la empresa fue emprender todos los mecanismos a la mano para mitigar en lo que más se pudiera esa afectación”, dijo y añadió que “lo más importante es el compromiso de EPM con la transparencia, la responsabilidad nuestra con que toda la sociedad colombiana conozca exactamente qué pasó y qué informes tenemos a la mano”.
Reiteró la colaboración por parte de EPM con todas las instituciones. “En este proceso, durante estos diez meses, hemos enviado de parte nuestra, información tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría para que indaguen más sobre algunas posibles irregularidades que avizoramos nosotros que se pudieron haber generado” y puntualizó, como lo ha venido haciendo en distintos escenario, señalando que “lo mejor que le puede pasar a la sociedad colombiana es que este proyecto finalice con éxito”.
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