Un plan bien articulado, muy integral y un modelo de trabajo muy interesante fueron los calificativos usados por el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, luego de la reunión que sostuvo con el gobernador Luis Pérez, en la cual el mandatario le expuso las estrategias de paz que creó junto a su equipo de trabajo y de la gerente de Paz, Tatiana Gutiérrez. 

Entre otros planteamientos, fueron resaltadas estrategias como las visitas de supervisión a las Zonas Veredales Transicionales de Normalización, los planteamientos de cara a la reconciliación, la seguridad y la lucha contra las economías ilegales, y donde se destacan proyectos como el Plan Territorial de Paz, las Vicealcaldías de Seguridad, el Consejo departamental de paz, la Mesa departamental de garantías, entre otras medidas que se centran en la reincorporación de los guerrilleros en la vida civil. 

Uno de los programas más destacados por la administración departamental fue el Plan Territorial de Paz, en el cual el Gobernador hizo énfasis en que debe apuntar hacia una vida nueva dentro del ordenamiento jurídico democrático para los reinsertados y el papel que debe llevar a cabo en el manejo de la reincorporación de los miembros de las Farc en la vida civil.
Dentro de este, Pérez expuso que la normalización y la reinserción de los miembros de las Farc debe realizarse dentro de los propósitos del Acuerdo de La Habana y proporcionar a los excombatientes la posibilidad de una vida nueva dentro del ordenamiento jurídico democrático. 

Lea más sobre: Gobernador de Antioquia propuso plan territorial de paz 

Otra de las iniciativas es el Mesa de Garantías, en la cual la Gobernación, junto a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos crearon el mecanismo para proteger a los defensores de derechos humanos, líderes sociales y culturales del departamento. 

La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos participó este jueves en Medellín en la reactivación de la Mesa de Garantías a defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y culturales de Antioquia. Esta estrategia que no es nueva en el departamento, sino que fue reactivada, cuenta con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el rol de secretaría técnica y la participación del Ministerio del Interior.

Uno de los proyectos más impulsados por la Gobernación fue el Consejo Departamental de Paz, el cual fue instalado el pasado 7 de junio. En esta entidad tiene la siguiente misión, según la ordenanza número 63 de la Asamblea de Antioquia: 

“Propender el logro y mantenimiento de la paz, facilitando las buenas relaciones al interior de la sociedad y proveer la colaboración integral de las entidades y órganos del Estado y la sociedad civil, promoviendo la construcción de una cultura de respeto, con énfasis en la prevención y protección del derecho a la vida, la libertad y la integridad personal en condiciones de equidad e igualdad, y buscando la garantía de los derechos fundamentales, proponiendo consensos y estrategias políticas en torno a la protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.  

Sobre este comité que fue creado el año pasado, Tatiana Gutiérrez, gerente de paz de Antioquia, manifestó que “lo importante de este escenario es que reúne a todos los estamentos sociales; representación de los estudiantes, empresa, industria, iglesias católica y ecuménicas; mirándose a los ojos y discutiendo los temas de paz, posconflicto y generando acuerdos que garanticen el éxito del proceso de reincorporación”. 

Estas iniciativas, junto a las de seguridad, como lo señala la ONU en su análisis, buscan el logro de los desafíos del modelo rural para la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. La Gobernación y su plan apuntan a que la reincorporación se dé combatiendo el poder de reclutamiento de la economía ilegal, que las manifestaciones continuas de violencia pasen a ser una esperanza de seguridad y que se acabe con el combustible del conflicto; marginando y sustituyendo las economías ilegales. 

Frente a estas iniciativas desde lo regional, el diputado Jorge Gómez, del Polo Democrático, manifestó que “es más lo que el gobernador ha hablado, que lo que ha hecho. Todos estos anuncios realizados por su Administración son solo con el fin de ganar atención mediática”. 

“Hay que entender que en materia de implementación del acuerdo de paz, las políticas son de orden del Estado, a las cuales los entes territoriales deben adaptarse y crear estrategias que adecuen las directrices a programas de implementación territorial. Por ejemplo, el principal papel de la Gobernación es ver cómo se va a reincorporar a los desmovilizados”, indicó Gómez. 
Agregó que el “papel de la Gobernación en dichas políticas debe siempre ser subalterno al Gobierno Nacional, ya que es su competencia y los recursos que este aporta son definitivos. Aquí en Antioquia no hay recursos para todas estas políticas”.  

Por su parte, Diego Sierra, antropólogo y miembro del Instituto Popular de Capacitación (IPC), aseguró que “el gobernador y su gerente de paz, Tatiana Gutiérrez, no hacen más que generar dudas frente al proceso y atacarlo. Su gestión muestra poca pedagogía; siempre hay una imagen de que lo apoyan de dientes para afuera, pero lo ataca por dentro con sus acciones. Este asunto hace siempre que salgan los oportunismos políticos de diferentes líderes”. 

“Estos cuestionamientos, generación de incertidumbres y malos mensajes no los hizo con la desmovilización del frente Cacica la Gaitana de las Farc, en la cual el gobernador participó”, manifestó el miembro del IPC, sobre la falsa desmovilización de un grupo de las Farc durante su alcaldía en Medellín. Además, aseveró que “deben reconocer que la política de paz y seguridad son de corte nacional. Pueden hacer sus críticas desde su papel como ciudadanos, pero no interferir con esto y quebrantar el orden constitucional”.

Las dificultades con las vicealcaldías de seguridad

Este plan del gobernador Luis Pérez ha sido el más polémico dentro de su estrategia integral de implementación de la paz. No es una idea nueva, ya que en una carta del 2016, Pérez le había realizado la misma propuesta, con la diferencia de que en ese entonces era con militares activos y ahora los miembros tendrían el estado de retirados de las Fuerzas Militares. 

En dicha carta al presidente Juan Manuel Santos, el mandatario regional resaltó que “uno de los problemas más palpitantes en el camino a la paz es cómo llevar la institucionalidad a los territorios abandonados por las guerrillas, donde los insurgentes han sido la única autoridad durante 30 o 40 años. Esto genera el riesgo de que otros actores se tomen los lugares abandonados por las Farc(...) por lo cual propongo crear las vicealcaldías militares para que coordinen toda la presencia institucional de educación, salud, convivencia y políticas sociales en el territorio municipal que se les asigne. Para los municipios, no tendrá ninguna erogación burocrática”. 

Durante la presentación de estos cargos, los cuales se implementarán el próximo primero de julio en los municipios de Dabeiba, Vigía del Fuerte, Anorí, Ituango, Remedios, Briceño y Segovia, se manifestó que el vicealcalde tendrá el grado de Coronel retirado y estará acompañado por un Cuerpo de Paz, conformado por profesionales de diversas disciplinas recién egresados o que están prontos a graduarse. 

Los líderes de estas entidades deberán tener “deseos de ayudar a la paz y que tenga gran sensibilidad en la relación con los ciudadanos. El Cuerpo de Paz lo acompañará a zonas con características difíciles y necesidades sentidas, para atender las peticiones de los ciudadanos, las denuncias en materia de seguridad, generar informes para la administración regional y llevar la oferta institucional a los lugares más marginados”.

Esta idea molestó a varios sectores sociales y políticos, a pesar de la claridad del gobernador de que la figura del vicealcalde de seguridad será meramente civilista, y manifestaron que esta decisión podría llevar a que esos municipios sean proclives a la vulneración de derechos humanos. 

El grupo de voceros y defensores del acuerdo de paz en el Congreso, Voces de Paz, manifestó en un comunicado que esta figura pone en riesgo la autonomía de los mandatarios locales y que podrían restringir la libertad y la participación ciudadana. 

“Las Vicealcaldías de Paz van en contravía con la esencia de lo pactado en el acuerdo de paz en términos de desarrollo territorial y  empoderamiento local. Mientras el Acuerdo avanza en un enfoque de seguridad basado en el reconocimiento de los derechos humanos, la participación y la convivencia pacífica, el señor Luis Pérez Gutiérrez y su Gerente de Paz, Tatiana Gutiérrez, insisten en la militarización como instrumento para atender las necesidades básicas de la población en estos territorios”, manifestó este grupo creado por el texto de La Habana. 

Del mismo modo se pronunció Sierra, quien cuestionó que “Luis Pérez promueva viejas prácticas en nuevos escenarios. No nos parece apropiado vicealcaldías militaristas porque desconocen las agendas políticas de los territorios que han sido construidas pero no comunicadas. Bajo la normativa actual es inconstitucional, porque los alcaldes elegidos por el voto popular tendrán que tomar decisiones junto a personas designadas por el gobernador”. 

El diputado Gómez expresó su desacuerdo con la medida y expresó que se van a nombrar militares en cargos para los que no están formados. “Creo que esto podría ser una intromisión indebida por parte del Gobernador sobre la Administración Municipal, lo cual puede llevar a que haya discrepancias entre los alcaldes y estos vicealcaldes”. 

“Es un disparate que apunta a la necesidad de sintonizarse con una percepción ciudadana de mano dura  y seguridad. No veo que puede hacer una militar retirado frente a los retos de reincorporación y integración de las Farc a la sociedad, lo cual es el desafío que viene”, agregó Gómez.

Acore defendió las vicealcaldías militares 

El general retirado Jaime Ruiz, quien pertenece a las Asociación de Oficiales Retirados -Acore- manifestó que la propuesta de la participación de los militares retirados en las vicealcaldías es muy positiva, ya que representa “una asesoría y un aporte muy valioso para estos municipios, ya que se brindará toda la experiencia adquirida sobre las dinámicas del conflicto y sobre los asuntos de seguridad que se necesitan en los territorios”. 

Al mismo tiempo rechazó las críticas a dicho anuncio, manifestando que la extrema izquierda condena cualquier medida en la que participa la Fuerza Pública, “dicen que es una vulneración a los derechos humanos, pero esta es una voz que se queda cada vez más sola” y reiteró que no hay fundamentos para decir que habrán vulneración alguna de los derechos humanos de los civiles.