A raíz de la publicación de mi reciente libro sobre reforma electoral, ¡Reforma política ya!, que será lanzado en la Feria del Libro de Bogotá el próximo 26 de abril, me han preguntado mucho qué opino sobre cuál figura introducir para modificar, como con varita mágica, el sistema electoral colombiano, con el fin de solucionar todos sus problemas. Especialmente en los últimos días tanto periodistas como amigos quieren saber qué opino yo sobre determinados fallos judiciales en temas electorales, que a ellos les hacen pensar, no siendo expertos en el asunto la mayoría, en modificaciones legales e incluso constitucionales, de mediano y gran calado.

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La respuesta que siempre doy a ambas cuestiones es la misma: no existen fórmulas mágicas de reforma política y los fallos judiciales son igualmente complejos en temas electorales como en asuntos de derecho civil o comercial. Por ello pienso que la opinión no formada, aún en el reinado actual de las redes sociales, puede llevar a verdades colectivas contundentes que sean grandes errores en el fondo, a veces con terribles consecuencias. Considero que hay que apostar por la doble fórmula de la división de poderes y el imperio de la ley, con todas sus fallas y posibilidades de rediseño por supuesto.

Debo reconocer sin embargo que en mi doble calidad de abogado y doctor en ciencia política, suelo tener a veces también ese dilema entre la norma y la utilidad política. ¿Cómo lo resuelvo? Salvo situaciones excepcionales, me decido por la ley por encima de mi opinión politológica. Por supuesto existen cuestiones extraordinarias, respecto de temas en los que por la mayor importancia del asunto y la evidente contundencia de la necesidad de obviar una norma por una razón de Estado, se hace necesario decir que prevalece la opinión colectiva sobre la norma misma. Pero son poquísimas y hacen referencia a momentos históricos muy específicos. La más conocida es la Constituyente que dio lugar a nuestra actual Constitución, que la cual fue formalmente ilegal (el artículo 218 de la Constitución vigente lo prohibía), pero era políticamente legítima y necesaria.

En el tema electoral en particular incluso entre expertos se dan con frecuencia ideas fijas respecto de reformas políticas “impostergables”, que se vuelven casi mantras cuasi religiosos, los que si no se repiten generan exclusiones. Yo mismo he caído en varias de esas obsesiones colectivas frente a una norma electoral. Pero afortunadamente he podido rectificar a tiempo y señalar en mis libros y columnas posteriores que toda norma en este sentido puede tener efectos benéficos o perversos. Por ello se trata de analizar unos y otros, para en un prudente sistema de modificaciones graduales, determinar mediante el ensayo y el error (tesis de Dieter Nohlen), como ir estructurando la maquinaria jurídica adecuada.

Recuerdo incluso que en una ocasión, cuando se me quería seleccionar para un grupo especial de análisis en estas cuestiones, me preguntaron a bocajarro qué opinaba por ejemplo de reestructurar radicalmente las organizaciones electorales en un sentido específico. Vi que se esperaba que mi respuesta fuera en la dirección en la que los entrevistadores ya habían elegido. Fue evidente en sus rostros que no sería parte del equipo cuando les expuse estas ideas mías sobre la improcedencia de cambios radicales por entusiasmos colectivos. Y eso que no les dije el segundo punto, que es aún más complejo, el hecho de que esas propuestas en ocasiones son lideradas por “expertos o grupos de expertos” muy obsesionados con posiciones ideológicas específicas, y que incluso pertenecen a organizaciones políticas en competencia electoral, siendo además también extremadamente cercanos a candidatos específicos.

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Mi fórmula para hacerme inmune a las varitas mágicas en este sentido es escapando del síndrome de “Ciudad Gótica”, que tenemos los colombianos, según el cual somos tan especiales que mirar hacia fuera no tiene sentido para decidir cosas aquí adentro. Gracias a que acudo con frecuencia a congresos internacionales de ciencia política, hago el ejercicio de consultarles durante el evento o después a reconocidos expertos internacionales sobre las ideas fijas en reforma política que en Colombia se están volviendo “mantras”. Justamente la última pregunta que hice a uno de ellos tenía que ver con la idea de una corte electoral de la que están hablando algunos, y su respuesta textual fue esta: “Mi opinión es que no deberían existir las cortes electorales, como mucho una sala especializada de los tribunales supremos de cada país”.