Una decisión del Consejo de Estado que suspende de manera provisional la normatividad existente sobre la materia, revivió la discusión sobre la explotación de los llamados Yacimientos No Convencionales (YNC), que la industria ve muy prometedores pero que causan temor a los defensores del ambiente.
Esta semana se celebraron los 100 años de la industria del petróleo en Colombia.
Quien quiera entender cómo fue que los Estados Unidos logró convertirse en los últimos años en una potencia energética mundial y empezar así a liberarse de su dependencia del petróleo del Medio Oriente, necesita familiarizarse con el fracking.
Según datos de la Administración de Información de Energía (EIA) de los Estados Unidos, desde el año 2010 la producción de crudo en esa nación ha crecido a tal punto que hoy el petróleo obtenido de yacimientos no convencionales (YNC) equivale al 56% de su producción total y, bajo la administración Trump, ese país va camino a romper su récord de producción con 10 millones de barriles al día, algo que le dará inmunidad al imperio frente a los recortes de producción y a las políticas de cuotas de los países de la Opep, encabezados por Arabia Saudita, en su afán de recuperar los precios. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Colombia?
En estos días, en los que se celebran cien años del nacimiento de la industria del petróleo en nuestro país, el debate sobre la explotación de los YNC ha cobrado vigencia por cuanto la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en el más reciente informe económico elaborado por su vicepresidencia de Asuntos Económicos y Regulatorios, expuso que el desarrollo de tales yacimientos con la técnica del fracking, le representarían a Colombia “una oportunidad de generar ingresos fiscales de 1,5 billones de pesos anuales en impuestos, derechos económicos contractuales, dividendos y regalías”, recursos que caerían muy bien en medio del debate sobre la Ley de Financiamiento.
Pero la palabra “fracking” genera temor y desconfianza. No solo entre los defensores del agua y del medio ambiente, sino incluso entre expertos y académicos del sector energético, como el ingeniero José Hilario López, columnista de EL MUNDO, quien señala que en Colombia “no hay un nivel de conocimiento suficiente en hidrogeología que nos permita asumir ese riesgo”.
Una expresión clara del rechazo a la técnica es la demanda de nulidad del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolución 90341 de 2014, mediante las cuales el Gobierno Nacional estableció los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
En desarrollo de dicha demanda, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, acaba de suspender de manera provisional dicha normatividad hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo sobre la presunta inconstitucionalidad de la misma, lo que quiere decir, en pocas palabras, que hoy día no se pueden adelantar proyectos de explotación de YNC en el país.
Según un documento publicado por Ecopetrol, titulado Fracking, una oportunidad para Colombia, “mediante la utilización de nuevas tecnologías es posible extraer petróleo y gas de los yacimientos no convencionales, con los más altos estándares de seguridad”, lo cual permitiría “obtener mayores recursos para contribuir al crecimiento de las regiones y al bienestar de todos los colombianos”.
A juicio de la petrolera estatal, el país debe considerar que es posible desarrollar los YNC de manera sostenible, en tanto generan empleo, aporte económico a las regiones y seguridad energética.
Según los estudios preliminares, el país cuenta con dos grandes cuencas que ofrecen condiciones para ser explotadas, una es el Valle Medio del Magdalena, entre Antioquia, Santander y Cesar; y la segunda es la cuenca Cesar – Ranchería, entre el Cesar y La Guajira, cuyo potencial multiplica por tres las actuales reservas en yacimientos convencionales de petróleo y gas.
Una simulación hecha por Ecopetrol señala que la explotación de ambas cuencas podría generar 124.000 empleos durante 30 años, aumentar en un 44% las regalías petroleras y contribuir a cerrar el déficit de la balanza comercial con exportaciones adicionales de 15.000 millones de dólares al año.
Es así como después de más de ocho años de investigaciones, Ecopetrol asegura estar lista para adelantar un plan piloto en las formaciones La Luna y Tablazo, en el Valle Medio del Magdalena, cuyo potencial sería equivalente, aproximadamente, al 60% de los bloques que actualmente explota la empresa.
En el informe económico de la vicepresidencia de Asuntos Económicos y Regulatorios de la ACP, se hace hincapié en “el impulso al desarrollo regional y el efecto positivo” que los proyecto de YNC podrían representar.
“En una coyuntura como la actual, en la que la sostenibilidad fiscal del Gobierno central no está garantizada, los YCN representan una oportunidad para Colombia para generar los recursos requeridos para financiar los programas del Gobierno Nacional y el desarrollo social de los colombianos”, dijo Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP, citado en un comunicado del gremio.
Acerca de la seguridad energética, el informe estima que los YNC permitirían incrementar las reservas de hidrocarburos del país, que hoy se encuentran en etapa de declinación, y generar excedentes para exportar.
“Las reservas de petróleo provenientes de yacimientos convencionales se están agotando y en los últimos años hemos registrado una baja incorporación, tanto en crudo como en gas, este escenario no solo amenaza la autosuficiencia energética de Colombia sino que agrava el problema macroeconómico, de ahí la importancia de incentivar la exploración y producción en nuevas fronteras geológicas, incluidos los YNC”, añadió Lloreda Mera.
La ACP llama la atención sobre las experiencias internacionales en esta materia y cita los casos de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Reino Unido donde, enfatiza, “los potenciales impactos negativos no han sido suficientemente concluyentes para vetar la actividad”.
Sin embargo, en su sentencia, el Consejo de Estado citó los casos de Francia, Alemania, Australia y Uruguay, entre otros, en donde tal técnica está prohibida o hay una moratoria sobre su desarrollo.
En Francia, cita la sentencia, la prohibición se encuentra expresada en la Ley 2011-835 de 2011 “en aplicación de la Carta Ambiental de 2004 y el principio de acción preventiva y corrección” previsto en el Código Ambiental. El país galo creó una Comisión Nacional de Orientación, Monitoreo y Evaluación de Técnicas de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos para evaluar los riesgos ambientales asociados con las técnicas de fracturación hidráulica.
En Alemania, prosigue la sentencia, “el Congreso decidió prohibir, con algunos condicionamientos, el fracking en toda la República Federal” a través de una ley que “enmienda la legislación de conservación del agua y la naturaleza”.
En dicha enmienda se dispuso que el gobierno Federal estableciera una comisión de expertos independiente para realizar pruebas científicas, que elabora informes anuales desde junio de 2018. Sobre la base de los resultados obtenidos, el Parlamento votará nuevamente en 2021 la viabilidad de esa tecnología.
De otro lado, en diciembre de 2015 el parlamento de Australia, a través de una comisión de expertos, decidió prohibir el fracking, mientras que en Uruguay, en diciembre de 2017, se decretó una moratoria de cuatro años y se ordenó la conformación de una comisión científica con el fin de evaluar la conveniencia de la utilización de esa técnica.
Según el Consejo de Estado, la medida cautelar (suspender la normatividad) se muestra “necesaria, proporcional y adecuada, si se tiene en cuenta que de una simple confrontación de normas superiores que consagran el principio de precaución y los actos administrativos demandados, se tiene que estos, en principio, no cumplen con el enfoque precautorio y la obligación general de debida diligencia que impone tomar todas las medidas apropiadas para prevenir los daños potenciales o riesgos que puedan resultar de las actividades asociadas al fracking”.
Aclara el alto tribunal que su decisión no es “un pronunciamiento de fondo sobre el asunto materia de litigio”, el cual, como se dijo antes, analizará si tal normatividad viola la Constitución.
Frente a esta decisión, la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, expresó su preocupación pues, si bien “comprende las dudas que puede generar la técnica de la estimulación hidráulica”, es necesario “un debate técnico y especializado para poder discutir la viabilidad de esta actividad”.
El gremio señaló mediante un comunicado que “ve con preocupación las repercusiones sobre el abastecimiento energético del país ya que los recursos que se encuentran en los yacimientos no convencionales son fundamentales para garantizar en el largo plazo el suministro de gas natural”, a la vez que alegó que el fallo “desconoce el trabajo de gestión del conocimiento realizado por el Gobierno nacional con 24 expertos internacionales durante dos años, donde se estudiaron los riesgos potenciales de la actividad y se establecieron acciones para prevenir y mitigar dichos riesgos que garantizaran los más altos estándares ambientales y técnicos en la actividad”.
Para Naturgas, el tribunal omite “inexplicablemente” una resolución que sobre esta misma materia expidió el Ministerio de Ambiente (la 421 de 2014)” y los “estudios internacionales que demuestran que la estimulación hidráulica en yacimientos no convencionales puede ser empleada de forma segura”, que las operaciones de fractura “no han provocado terremotos” y que el fracking “se puede emplear de manera controlada y segura”.
De otro lado, durante la clausura de la Cumbre de Petróleo y Gas, este viernes, el Comité Gremial Petrolero, integrado por la ACP, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, y la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), dieron a conocer un comunicado en el cual resaltan que la regulación expedida para el desarrollo de los YNC “comprende distintos aspectos, entre ellos el contractual, ambiental y técnico”, por lo que les llama la atención “que los demandantes afirmen que se requieren estudios detallados, cuestionando la reglamentación técnica” y “sin tener en cuenta la totalidad del marco regulatorio y las normas existentes”.
Además, el Comité hizo hincapié en que el Auto proferido “se fundamenta en un control de advertencia de la Contraloría General de la República del año 2012”, que es previo a la expedición de la regulación y el cual “precisamente llevó al Gobierno de entonces a contratar expertos internacionales para desarrollar la regulación que hoy tenemos, que es una de las más rigurosas del mundo”.
Asimismo, los voceros del gremio señalaron que el alto tribunal hizo “una interpretación equivocada del Principio de Precaución, pues los riesgos de esta técnica están claramente identificados y pueden ser evitados y mitigados, razón por la cual se impone la aplicación del principio de prevención, que es el que han seguido las autoridades ambientales en Colombia al exigir el trámite de una licencia ambiental”, lo que les lleva a afirmar que el Auto “desconoce las competencias asignadas por Ley a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla)” y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Mientras el Gobierno Nacional avanza en el trabajo con la Comisión de expertos que discute la viabilidad y el futuro de las actividades en los YNC, en la apertura de la Cumbre de Petróleo y Gas que se celebró en Bogotá con motivo del centenario de la industria, el presidente Iván Duque no se refirió de manera explícita al fracking ni a los YNC, pero sí expresó que la industria de los hidrocarburos ha sido vital en la historia del desarrollo de nuestro país. “No querer aceptarlo, no querer verlo y no querer valorarlo, sería desconocer la historia misma de Colombia”.
Lo que sí señaló es que se necesita un enfoque pedagógico que permita valorar lo que se ha hecho y enfrentar los desafíos, que no son exclusivos de Colombia.
“Lo que Colombia necesita es entender que hay que saber aprovechar la riqueza del subsuelo para derrotar la pobreza del suelo”, aseguró y añadió que al ser Colombia un país de campos menores, hay “mayores retos en tecnología y en capacidades”.
“Pero no podemos rehusarnos a hacer un desarrollo responsable en lo ambiental, responsable en lo social y responsable en el entendimiento con las comunidades”, enfatizó.
El ingeniero y experto en hidrocarburos, José Hilario López, dijo, por su parte que no es enemigo del fracking pero que “en Colombia no se han desarrollado estudios hidrogeológicos (estudio de las aguas subterráneas) y no hay un nivel de conocimiento que permita asumir ese riesgo”.
“Para hacer fracking se necesita hacer estudios muy detallados de los depósitos de agua subterránea, que es el recurso más valioso, más que el petróleo o que el gas”, enfatizó, en diálogo con EL MUNDO.
Para López, quien es columnista de este medio, el impulso que se le quiere dar al fracking muestra que no se ha aprendido la lección de que depender del petróleo para aumentar las exportaciones y tratar de equilibrar la balanza de pagos es un error. “Esto sin considerar los potenciales riesgos a nuestros ecosistemas, en especial las afectaciones a los recursos hídricos, cuya protección es vital para la vida”.
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