Emmanuel Macron no quiere admitir que la violencia policial no hará ceder a los gilets jaunes. La vasta movilización popular que emergió el 17 de noviembre no es la algarada de unos “sediciosos”, como el presidente francés no se cansa de repetir. Es el síntoma de un malestar social profundo que viene de lejos y que exige respuestas políticas prácticas y de fondo que el gobierno ha sido incapaz de formular hasta el momento. Los 10 millardos de euros que Macron dice haber cedido ante la presión de los chalecos amarillos no los ha visto nadie.

Las manifestaciones por eso continúan y las de este 5 de enero, en París y otras capitales, conocidas como “el acto 8” de ese movimiento, demostraron que los gilets jaunes no están “agotados” ni “divididos”, como pretende el gobierno, sino que, por el contrario, persisten en su acción reivindicativa. A pesar de la incursión de individuos violentos en las manifestaciones, pero también a pesar de la represión policial, de las amenazas e insultos que el poder y sus perros de presa en los medios más serviles despliegan a diario, los chalecos amarillos cuentan con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía.

Así, la Francia de Macron está pasando brutalmente de una crisis social a una crisis de régimen. Las reivindicaciones iniciales (no más vida de miseria, salarios y pensiones dignas, justicia fiscal y precios razonables de los combustibles), son completadas ahora por otras como el restablecimiento del ISF (impuesto a las grandes fortunas), pedido por el 77% de los franceses, la disolución de la asamblea nacional, nuevas elecciones legislativas, dosis de proporcionalidad en la ley electoral, convocatoria de un referendo de iniciativa ciudadana y, en fin, como gritan los manifestantes, la salida de Macron del Eliseo.

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Como en vez de apaciguar los ánimos, el jefe de Estado insiste en profundizar la orientación que provocó el conflicto, la violencia de ambas partes, de los casseurs y de ciertos uniformados, aumenta cada semana. Y las fuerzas del orden hacen saber que están agotadas por el ritmo infernal que les impone el Estado en la represión de las protestas.

La víspera del acto 8, el vocero del gobierno, Benjamin Griveaux, resumió lo decidido por el consejo de ministros y lanzó tres definiciones que la prensa tomó como el nuevo grito de guerra de Macron: “Vamos por el buen camino”, “vamos a acelerar y profundizar las reformas” y “los gilets jaunes son agitadores que quieren la insurrección y derrocar el gobierno”.

La respuesta fue la crecida manifestación del sábado y la radicalización de las mujeres gilets jaunes quienes hicieron, el domingo, en París y otras ciudades, sus propias manifestaciones.

La manía de Griveaux de lanzar imputaciones aberrantes contra los manifestantes y los partidos de oposición está creando problemas adicionales. Quienes no están con Macron son acusados por él de haber “abandonado el campo republicano” y de tener un “espíritu muniqués”, como eructó el lunes ante una radio.

Es verdad que un misterio rodea la destrucción de la entrada de su ministerio cuando unos individuos lanzaron contra el recio portal un elevador de carga que alguien encontró abandonado en la calle. Griveaux fue sacado por sus guardias por el jardín del edificio. ¿Cómo es posible que no hubiera un solo policía custodiando ese palacio? ¿Por qué nadie advirtió la presencia de esa pesada máquina a unos pasos del lugar por donde pasaría la manifestación?

“Ningún partido de oposición ha reaccionado” se quejó Griveaux. “Ellos están intentando instrumentalizar políticamente la cólera de la gente. Ellos han abandonado el campo republicano”. Falso: todos los partidos de oposición condenaron las violencias del 5 de enero y criticaron, al mismo tiempo, la política de Macron.

La violencia policial no es un problema menor. El sábado pasado hubo dos manifestaciones autorizadas en París. La más grande fue hostigada desde el comienzo. El punto de partida era la plaza del Hotel de Ville. Los chalecos amarillos congregados allí recibieron granadas de ruido y gases lacrimógenos. ¿La policía quería provocar una estampida? Nadie se movió. La marcha comenzó a duras penas pero el pacífico cortejo fue frenado con más gases lacrimógenos en dos puntos: frente a una comisaría de policía y en el atrio del Museo de Orsay.

Fue cuando ocurrió el extraño incidente de la pasarela Léopold Sédar Senghor. Al verse encerrados, un grupo de manifestantes salió del cortejo principal y trató de disgregarse sobre la pasarela, pero la policía les cerró el paso. En medio de una espesa nube de gases estalló una batalla campal entre ellos y los uniformados. De pronto, un hombre vestido de negro, que después será identificado como Christophe Dettinger, 37 años, un excampeón de boxeo, arremetió a puñetazos contra un policía que repelía a los gilets jaunes usando su casco metálico, un escudo de plástico y un garrote. Segundos después, Dettinger golpeó a otro policía que había resbalado en la refriega. Acompañado por su abogado, Dettinger se entregó a la policía, el lunes. En un video puesto en línea horas antes, Dettinger explicó que no es de extrema derecha ni de extrema izquierda, que es un francés como los demás con un ingreso modesto y que durante estas manifestaciones él había visto a la policía “hacerle daño a la gente con sus flash-balls”. “Vi gente herida, vi jubilados gaseados, vi una cantidad de cosas”. Detalló que el 5 de enero él, su mujer y un amigo fueron gaseados y que la cólera lo había desbordado. “Yo reaccioné mal, pero me defendí”, admitió. Visiblemente emocionado, le pidió a los gilets jaunes “continuar el combate de manera pacífica”. La prensa anticipa que él será condenado a cinco años de cárcel y a una fuerte multa.

El gobierno explota ese hecho para mostrar como violentos a los chalecos amarillos. Pero no explica por qué puso un piquete policial sobre un puente peatonal donde la refriega callejera es tan arriesgada. Por fortuna, nadie cayó al rio ni la pasarela se desplomó. Castaner, el ministro del Interior, y el prefecto de policía de Paris, guardan silencio sobre su papel en ese accidente que habría podido terminar en catástrofe.

Días antes del acto 8, los ánimos de la gente estaban encendidos. La gendarmería había desmantelado los puntos de reunión de los gilets jaunes en los rond points de provincia. 72 horas antes de la manifestación, Eric Drouet, chofer de camión de 33 años y uno de los fundadores de los chalecos amarillos, quería encender en Paris unas veladoras para rendir homenaje a las personas que han muerto durante estas jornadas. Pero fue arrestado. Ello provocó la indignación de los chalecos amarillos y de los partidos de oposición, tanto de derecha como de izquierda: “La violación sistemática de los derechos políticos de los oponentes dibuja un rostro terriblemente inquietante de Emmanuel Macron”, tuiteó Marine Le Pen, presidenta del partido Reunión Nacional. Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, escribió: “Abuso de poder. Una policía política hostiga ahora a los animadores del movimiento de los chalecos amarillos”. Ese fue el clima psicológico que enmarcó la jornada del 5 de enero.

Amnistía Internacional acusa al gobierno de hacer “uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones de los chalecos amarillos”. Constata que la policía utiliza pistolas flash-ball, granadas de desincrustación y gases lacrimógenos contra manifestantes en su mayoría pacíficos”. Desde el 17 de noviembre, 9 personas murieron en accidentes relacionados con las movilizaciones. Durante las manifestaciones, 407 personas fueron heridas (46 gravemente y hasta con mutilaciones). 717 policías, gendarmes et bomberos también sufrieron violencias. El 8 de diciembre, cerca de 400 personas fueron arrestadas en París antes de que llegaran a la manifestación. En todo el país, 5.600 personas han sido detenidas. De ellas, mil han fueron condenadas.

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El jefe del ejecutivo propone la realización de un “gran debate” para saber cuáles son las aspiraciones de los invisibles. Sin embargo, éstos creen que Macron trata de ganar tiempo y distraer a la opinión. No se sabe cómo funcionará ese “debate”, ni qué garantías hay de que las medidas pedidas sean tomadas en cuenta por el gobierno. En todo caso, éste ya ha vetado temas claves como la fiscalidad de los ricos. Otros predicen que ese “debate” consistirá en el envío de mensajes por internet a un portal del gobierno. En tales condiciones, el diálogo tiene pocas posibilidades de calmar la inmensa bronca popular. Mientras tanto, todo el mundo se prepara para el “acto 9” del sábado que viene. El primer ministro Edouard Philippe promete más medidas técnicas: anuncia que desplegará 80.000 uniformados en Francia, 5.000 de los cuales en París, y que sus servicios harán un fichero de individuos a quienes les será prohibido ir a manifestar.