Aunque precedida por el Bogotazo, aquel episodio de 1948 que acentuó el bipartidismo político y dividió la historia del país en dos dando origen a un oscuro periodo que se conoció como La Violencia, en el que se calcula murieron por lo menos 250.000 personas, la violencia homicida que anegó de lágrimas y sangre a toda Colombia en la década del horror, entre 1984 y 1993, por cuenta del narcotráfico y la corrupción que ese azote alimentó, causó las más dolorosas heridas que aún hoy el país no ha podido sanar.

Y no han sanado porque los males que las ocasionaron siguen vivos, mutando y extendiendo brazos por doquier, mientras que quienes alertaron sobre su inmenso peligro y la necesidad de frenar su expansión, fueron acallados por balas y bombas que también segaron las vidas de millares de personas inocentes, trabajadores, estudiantes, profesionales, servidores públicos, intelectuales, políticos y líderes que entregaron sus vidas en esa lucha por lograr un mejor país.

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Entre ellos Luis Carlos Galán Sarmiento, el dirigente político de mayor acogida en la época, precandidato liberal y seguro presidente de Colombia en las elecciones de 1990, convertido en blanco de las mafias por su decida acción contra esos flagelos que hoy siguen carcomiendo a la sociedad colombiana en todos sus niveles.

Galán no fue la primera ni la última víctima de los magnicidios que se cometieron en esa guerra que el narcotráfico le declaró al Estado, pero sí fue y es el más recordado porque él, como lo fue Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo asesinado el 9 de abril de 1948, encarnaba la esperanza del cambio, de iniciar ese camino por el que siempre ha debido transitar el país.

Antes o después de Galán, también ofrecieron sus vidas en esa lucha contra el narcotráfico, las violencias y la corrupción a él asociadas, Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia; Hernando Baquero Borda, magistrado; Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador; Héctor Abad Gómez, defensor de los derechos humanos; Jaime Pardo Leal, dirigente de la Unión Patriótica; Carlos Mauro Hoyos, procurador General de la Nación; Valdemar Franklin Quintero, comandante de la Policía Antioquia; Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial por la Unión Patriótica; Enrique Low Murtra, exministro de Justicia; Carlos Pizarro Leongómez, dirigente de la Alianza Democrática M-19, además de otros cruentos episodios que tuvieron los mismos orígenes o nexos, como la Toma del Palacio de Justicia en Bogotá, masacres como la de La Mejor Esquina, en Córdoba; en Trujillo, Valle; Segovia, Antioquia; La Rochela, en Simacota, Santander; la Hacienda El Nilo, en Caloto, Cauca, entre muchas más, además de múltiples asesinatos selectivos que sembraron el terror en todos los rincones del país, especialmente en Medellín y todo el departamento de Antioquia.

Deuda histórica

30 años después de esa noche del 18 de agosto de 1989, en la plaza de Soacha, Cundinamarca, donde Galán Sarmiento fue baleado sobre la tarima en la que se aprestaba a iniciar un discurso electoral, el país siente que aún faltan por encontrar eslabones de esa cadena de intereses que se sumaban para sacar del camino al líder santandereano que apostaba todo contra la corrupción y defendía la extradición como mecanismo para evitar el crecimiento del narcotráfico.

Aunque por esos hechos hoy están presos el político Alberto Santofimio Botero, quien cumple una condena de 24 años como uno de los autores intelectuales, y el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de cárcel porque en las investigaciones se encontró que justo por esos días del magnicidio y sin justa causa había debilitado de manera deliberada el esquema de seguridad del candidato presidencial, además de las declaraciones de exparamilitares y lugartenientes de Pablo Escobar que lo señalaron como responsable de ordenar el crimen, junto a Carlos Castaño y Gonzalo Rodríguez Gacha, las autoridades presumen que hay muchas más personas comprometidas en este caso, entre políticos y agentes del Estado cercanos a los capos del narcotráfico. Y por eso desde 2016 el Consejo de Estado declaró este crimen de lesa humanidad, por lo que las investigaciones podrán continuar indefinidamente en el tiempo.

Pero más allá de un completo esclarecimiento y de los positivos efectos que se pudieron desprender del crimen de Galán, entre ellos la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la creación de la Fiscalía General de la Nación, hay una deuda histórica con el líder asesinado. Y es que 30 años después, las amenazas del narcotráfico y la corrupción siguen extendiendo sus tentáculos, con el agravante de que en aquella época tenían origen en los grandes capos y los carteles de la droga, mientras que hoy se perciben a todo nivel, en barrios, comunas, ciudades y departamentos, por lo que el legado de Galán sigue siendo el gran reto para el Estado y la sociedad.

El gobernador Roldán Betancur

Antioquia entera lo lloró. Su carisma y jovialidad le merecieron el apreció de todos por donde pasó, como médico, dirigente gremial y deportivo, político y especialmente como gobernador. Pero por un error, el despiadado accionar del narcotráfico segó su vida.

En la mañana del 4 de julio de 1889, Antonio Roldán Betancur, el gobernador de Antioquia, de 43 años de edad, fue víctima de un atentado terrorista que al parecer iba dirigido contra Valdemar Franklin Quintero, comandante de la Policía Antioquia.

Un carro bomba con 100 kilos de dinamita explotó a su paso por la calle 47 D con carrera 72, sector del velódromo, cerca de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, destrozando el vehículo blindado en el que se movilizaba hacia su despacho, donde lo esperaba su hermano Jesús María.

Nadie aceptó y mucho menos se atribuyó el crimen de quien fuera concejal y alcalde de Apartadó y gerente de la Corporación para el Desarrollo de Urabá, una subregión que llevaba en el corazón, además fue gerente del Atlético Nacional, director regional de Coldeportes, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia y jefe del Servicio Seccional de Salud de Antioquia.

Lo único cierto es que con su partida, el dolor y el vacío quedaron para siempre.

El coronel Franklin Quintero

Desde que asumió la comandancia del Departamento de Policía Antioquia, anunció su decidida acción contra el narcotráfico, y eso le costó la vida. El coronel Valdemar Franklin Quintero, otro ilustre hijo de Bucaramanga, con apenas 48 años de edad y una impecable hoja de vida en 26 años de servicio en la Policía, fue asesinado en Medellín aquella mañana de ese fatídico 18 de agosto de 1989, cuando se dirigía de su casa a su oficina.

Pese a las amenazas de muerte que había recibido, luego de los certeros operativos que dirigió contra el narcotráfico en apenas siete meses de desempeño en territorio antioqueño, en los que fueron desmantelados laboratorios, incautadas cientos de toneladas de cocaína y detenidos varios de los capos, el oficial había renunciado a su escolta personal y ese día salió de casa acompañado por un conductor y un agente de la Policía.

Eran las 6:20 de la mañana, cuando el vehículo en el que viajaba el oficial fue abordado a la altura de la carrera 80 con calle 47D (hoy en inmediaciones de la estación Floresta del metro de Medellín), donde sicarios al servicio del narcotráfico lo acribillaron con ráfagas de fusil.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación nunca pudo comprobar la autoría del crimen. Según se revela en el informe Medellín abraza su historia, el único capturado por ese hecho fue John Jairo Posada Valencia, alias El Tití, quien confesó haber participado en el crimen. Recibió una pena de once años y siete meses de prisión, pero murió asesinado en la cárcel La Picota de Bogotá, en octubre de 1997”.

Magnicidios y barbarie

1984 Lara Bonilla: La década del más inclemente horror comenzó en 1984 con el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, un abanderado de la lucha contra el narcotráfico. El 30 de abril de ese año, el joven político y abogado huilense, de 36 años, fue acribillado por sicarios del cartel de Medellín en Bogotá, iniciándose allí la más cruenta guerra que el narcotráfico le declaró al Estado.

1985 Palacio de Justicia: El 6 de noviembre, Colombia vivió uno de los más espantosos momentos de su historia: la Toma del Palacio de Justicia en Bogotá por parte de un comando del grupo guerrillero M-19, que presuntamente en alianza con el narcotráfico intentaba frenar la aprobación de la extradición con EE.UU. En dos días de fuego cruzado, la Policía y el Ejército retomaron el control. Más de un centenar de personas murieron, entre magistrados, servidores públicos, civiles y guerrilleros.

1986 Baquero Borda: El 31 de julio, en Bogotá, sicarios del cartel de Medellín asesinaron al magistrado Hernando Baquero Borda, principal promotor y redactor de la Ley de Extradición suscrita con el gobierno de Estados Unidos. Desde ese momento fue la rama judicial la más asediada por el narcotráfico.

1986 Guillermo Cano: El 17 diciembre, sicarios del cartel de Medellín asesinaron en Bogotá al periodista y director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza, convertido en objetivo de los capos de la droga desde que denunció nexos de Pablo Escobar con el narcotráfico y el fortalecimiento de esos grupos criminales.

1987 Héctor Abad: El 25 de agosto, luego de recibir amenazas de muerte de grupos paramilitares, fue asesinado en Medellín el médico antioqueño Héctor Abad Gómez, defensor de los derechos humanos y quien había denunciado crímenes selectivos de líderes sociales, especialmente de militantes y seguidores de la Unión Patriótica (UP).

1987 Pardo Leal: El 11 de octubre de 1987, en La Mesa, Cundinamarca, fue asesinado Jaime Pardo Leal, abogado y político, miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano e impulsor de la Unión Patriótica, UP, de la cual fue su primer candidato presidencial para las elecciones de 1986. En esa campaña había denunciado alianzas de la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo.

1988 Carlos Mauro Hoyos: El 25 de enero de 1988, en el Oriente antioqueño, sicarios del grupo Los Extraditables, por orden de Pablo Escobar, secuestraron y asesinaron al Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, un defensor acérrimo de la extradición de criminales nacionales a Estados Unidos.

1989 Un año de luto: Ese año, entre los muchos dolorosos episodios que vivió el país, fueron asesinados el gobernador Antonio Roldán, el precandidato liberal Luis Carlos Galán y el comandante de la Policía Antioquia, Valdemar Franklin.

El 27 de noviembre, en pleno vuelo sobre Soacha, Cundinamarca, una bomba que había sido introducida antes del abordaje de los pasajeros explotó un avión de Avianca con 110 personas a bordo. Pablo Escobar nunca reconoció la autoría de este hecho.

Y el 6 de diciembre, una bomba de 500 kilos de dinamita sacudió a Bogotá y a Colombia. Fue el atentado terrorista contra el edificio del DAS, ordenado por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. 70 personas murieron y más de 600 resultaron heridas.

1990 Jaramillo Ossa: El 22 de marzo, en Bogotá, por orden del paramilitar Carlos Castaño, fue asesinado Bernardo Jaramillo Ossa, importante dirigente agrario en el Urabá antioqueño, militante del Partido Comunista Colombiano y candidato presidencial de la Unión Patriótica.

1990 Pizarro Leongómez: El jueves 26 de abril, en pleno vuelo en un avión de Avianca que iba de Bogotá a Barranquilla, fue asesinado Carlos Pizarro Leongómez, dirigente de la Alianza Democrática M-19, excandidato a la alcaldía de Bogotá, aspirante presidencial y quien un mes antes había suscribió un acuerdo de paz y dejación de armas.

1991 Low Murtra: El 30 de abril de 1991, mientras se realizaba la Asamblea Nacional Constituyente, fue asesinado en Bogotá el economista, docente, abogado y dirigente político Enrique Low Murtra, exministro de Justicia e incansable luchador contra el narcotráfico.