70.000 millones de pesos es el monto por concepto del no POS que le adeuda el departamento de Antioquia a los hospitales públicos, según informó la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa).

Aunque la ley de competencias y recursos establece que este dinero debe ser pagado por los departamentos, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez anunció que había logrado devolver al Gobierno Central cuentas por pagar del no POS tras la reunión sostenida entre los gobernadores del país, el ministerio de Hacienda, el ministerio de Salud, el Alto Consejero para las Regiones de la Presidencia de la República y la Federación Nacional de Departamentos

“Las cuentas del no POS que debe pagar el Gobierno Nacional ascienden a 360.000 millones de pesos”, dijo Pérez el pasado 16 de enero cuando hizo un balance de la reunión del 15 de enero.

No obstante, los principales afectados con esta deuda son los usuarios del régimen contributivo, quienes no reciben una atención oportuna por parte de hospitales y clínicas, que ante la crisis general de la salud, restringen o cierran algunos servicios para esta población.

“Esto agrava la situación de los pacientes. Estamos desde hace mucho tiempo planteándole al Gobierno Central que reforme esta ecuación, que le devuelva recursos importantes a los territorios para que ellos tengan con qué pagar las atenciones que la misma Constitución y la ley les impone”, explicó Luis Alberto Martínez, director de Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia.

Lo anterior se da porque, según la Ley Estatutaria en Salud, ya no existiría como se conocía antes el POS, como un plan de beneficios en los que están incluidos ciertos procedimientos, medicamentos y servicios; sino que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir lo que el profesional de la medicina le prescriba.

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No obstante, la puja entre departamentos y el Gobierno Central por quién debe asumir qué en los costos de la salud, ha dificultado la situación.

“Departamentos como Antioquia han dicho yo no tengo plata para el No POS, no tengo con qué pagar, ayude usted nivel central, pero este no se mueve de manera afirmativa para poder financiar este servicio”.

Por otra parte, otro sector del gremio médico considera que los intermediarios (es decir las Entidades Prestadoras de Salud o EPS) también tienen responsabilidad en la deuda del No POS, además de la generalizada en el departamento, que asciende al sector público a cerca de 1 billón de pesos y al privado cerca de 2, en atenciones que hospitales y clínicas ya prestaron.

“Las EPS no pagan. Con los recursos recaudados se le paga a los hospitales públicos y a los privados. Los responsables del pago son los intermediarios (las EPS), o sea que el dinero lo recaudan ellos y es para pagar las atenciones en salud, lo que los médicos formulen, pero estas EPS no pagan”, detalló Germán Reyes, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas).

Reyes clarificó que no debe hablarse de POS y no POS, pùes al ser establecido el derecho a la salud como un derecho fundamental por medio de la Ley 1751,  cada paciente debe recibir lo que necesita.

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“El criterio del POS y el No POS es un criterio totalmente superado en el fallo de la Corte Constitucional en la sentencia 313, que avala declarar exequible la ley estatutaria en salud (1751)”, recalcó Reyes.

Los afectados

Aparte de los hospitales y clínicas que necesitan de estos recursos para sobrevivir a la crisis en la que se encuentra inmersa la salud en Colombia, los afiliados al régimen subsidiado, es decir los que no contribuyen económicamente al sistema, son los más afectados, lo que les pone en una condición discriminatoria.
 

“La población más pobre que es la que está afiliada al régimen subsidiado, pues es la que está accediendo con más dificultades, o no está accediendo, a unos servicios  especializados que los catalogan como los No POS. Mientras que el régimen contributivo les ponen más trabas pero tiene una financiación más clara a partir de la Adres”, detalló el directivo de Aesa.

Por lo anterior, el presidente de Asmedas, planteó que la discusión no debe centrarse en a quién corresponde el pago de los servicios en el No POS, sino la necesidad de proteger a los usuarios que no tienen capacidad de pago por lo que no aportan al sistema.

“Esas atenciones en salud tiene que pagarlas alguien, a nosotros no nos interesa si es el Gobierno Nacional o el Departamento, pero que se paguen, que no se chuten la pelota. Eso es lo que coincide la Ley Estatutaria en salud y lo que concibe la Constitución, que dicen que es el Estado Nación, departamento y Municipios que tienen que responder por la salud de las personas que no tienen capacidad de pago”, detalló Reyes.

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Retomando la discusión del gobernador Luis Pérez Gutiérrez sobre el decreto Adres, por medio del cual se destinaban parte de las rentas departamentales por juegos de azar y licores, que sería modificado, Reyes opinó que: “Lo que pasa es que los departamentos quieren disponer a su libre albedrío de recursos que ya la Constitución Política dispuso que eran recursos para salud y muchos gobernadores quieren darle libre inversión a recursos que son para salud, aumentando así el déficit de los hospitales y de las clínicas”.

Por otra parte, hay unos servicios que se han venido cerrando por la falta de financiación, ya sea por concepto del No POS o por la falta de pago en general que ha generado la crisis.

Varios servicios de atención maternoinfantil porque no son rentables financieramente, unidades de cuidados intensivos neonatales y algunas camas son el resultado de esta crisis en la salud. “Se han quebrado algunos hospitales y la disminución de los servicios también se da en la falta de oportunidad, no se atiende oportunamente a la gente porque no está financiado el servicio”, remató Martínez.