La Registraduría Nacional del Estado informó que una reforma a la justicia en el país, vía referendo, tendría un costo aproximado a los cien mil millones de pesos, siempre y cuando se haga durante un fin de semana electoral.
Gobierno Nacional ya estaría adelantando acciones para una reforma judicial vía referendo.
Son muchas las opiniones a favor y en contra que se han suscitado después de la propuesta del procurador general Fernando Carrillo con respecto a la idea de realizar una reforma a la Rama Judicial por la vía del referendo. Y aunque hay quienes confían en este mecanismo de elección popular, otros consideran que sería un medio insuficiente ante la magnitud de los cambios requeridos.
El jefe del Ministerio Público expresó que la atención del país no se debe someter a otro proceso electoral, por ello considera que una reforma judicial debe hacerse pronto, sin buscar salidas como un referendo.
Sin embargo, el abogado Sergio Alzate, columnista y avezado en este tema, explicó que, aunque es importante contar con el sentir popular en la decisiones importantes del país, el referendo sería una opción insuficiente, “pues no permite la deliberación”.
“La vía adecuada en estos momentos sería convocar una Asamblea Nacional Constituyente que tenga unos términos y contenidos específicos; pero principalmente, unas personas idóneas para esta gestión”, aseveró el jurista, quien además considera que, de llegarse a dar una constituyente, “debe estar conformada por quienes quieren reeditar hechos puntuales y no transformar todo un país.
Pero ante la especulación de una constituyente para reformar la Rama Judicial, el procurador Carrillo afirma que este mecanismo, en medio de la polarización y un debate electoral, “sería dar un salto al vacío”.
"La Procuraduría considera que la vía adecuada es un referendo que, a partir de un intenso proceso técnico de debate y construcción y de una amplia participación de la ciudadanía, una a los colombianos en los temas esenciales de ajuste y permita, en corto plazo, recobrar la confianza en la rama judicial", aseveró el funcionario.
El 25 de octubre de 2003 el expresidente Álvaro Uribe convocó a los colombianos a las urnas para que decidieran una reforma constitucional para el país. Y aunque fueron quince las preguntas que tuvo el referendo, tan sólo una de ellas alcanzó los votos suficientes para ser avalada por el Consejo Nacional Electoral, organismo que declaró las otras catorce como nulas.
La autoridad electoral explicó que la única pregunta aprobada fue la norma de "muerte política", la cual prohíbe a personas condenadas por delitos de corrupción ser candidatos a cargos públicos o recibir contratos del Estado.
Las restantes, que incluían límites sobre las pensiones estatales y el congelamiento de los salarios de funcionarios públicos, fueron declaradas nulas debido a la escasa participación de los votantes.
Son estos hechos, precisamente, los que ahora ponen a pensar al Gobierno Nacional en un mecanismo y una salida efectiva que permita realizar una reforma a la justicia colombiana.
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