Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos, de acuerdo con cifras de entes humanitarios locales, la más sangrienta desde 1980, con Daniel Ortega también como presidente.
Ante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, un grupo de personas se unieron para ayudar a salir del país “de forma clandestina” a los jóvenes perseguidos por el Gobierno de Daniel Ortega por haber participado activamente en las protestas que comenzaron el pasado abril.
Así lo explicó “Septiembre”, seudónimo de uno de los miembros de este colectivo, que realiza un “trabajo totalmente clandestino, de bajo perfil, sin notoriedad, sin ningún tipo de protagonismo”.
“Lo hacemos porque no nos podemos quedar impasibles ante la situación que se vive y el riesgo que corren nuestros compatriotas de ser asesinados, secuestrados o torturados”, añadió el joven.
“Septiembre”, nicaragüense, es consciente de lo que le puede ocurrir si las autoridades lo descubren realizando esta labor de “ayuda humanitaria”, ya que él sabe que está haciendo algo “ilegal”, pero “necesario”.
La labor del grupo es refugiar a jóvenes que piden auxilio por miedo a ser detenidos y llevados a la cárcel de El Chipote o a la Modelo, temidos centros de reclusión con un régimen extremo que contempla, según “Septiembre”, la tortura de los reclusos y el hambre, entre otras formas de violación de derechos humanos.
“Algunos solo quieren cambiarse de localidad en Nicaragua, pero otros, cada vez más, buscan salir del país, principalmente a Costa Rica, y es ahí donde comienza una labor más compleja”, explicó.
“Nosotros nos comunicamos con el ‘coyote’ que los va a pasar al otro lado de la frontera y los va a poner en Costa Rica, pero, además, les damos la información y contactos necesarios para que sepan lo que deben hacer cuando lleguen al país vecino para legalizar su situación como refugiados políticos”, agregó.
El joven, quien aclaró que todo este trabajo lo hacen sin cobrar, explicó que la tarea de movilización se realiza gracias a la ayuda económica de particulares y diversas organizaciones.
Parte del dinero recaudado va destinado a “pagar al ‘coyote’ que se encarga de pasarlos en la frontera, ya que el sí cobra, porque vive de esto”, manifestó “Septiembre”, quien aseguró desconocer si se trata de algo puntual debido a la crisis o ya lo hacía anteriormente.
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“Septiembre” explicó que “cuanto menos sepamos unos de los otros, mejor, más seguridad para todos”, ya que “si a él lo detienen por dedicarse al paso ilegal de gente, podrían hacerlo hablar y delatarnos”.
Aseguró que el grupo de ayuda tampoco cuenta con “demasiados datos” de las personas a las que apoya para realizar su travesía por el mismo motivo: “No los conocemos y no sabemos si podrían hablar de nosotros en caso de ser capturados por la policía”.
Una semana antes de comenzar con el traslado ilegal de personas, el colectivo coordinó con el “coyote” y el día 20 de julio empezaron a sacar a los jóvenes del país.
“Ya ese día cruzamos para Costa Rica a nueve personas, incluyendo niños; anteriormente solo habíamos movido gente dentro, de unas ciudades a otras, pero llegó un momento en que todo el mundo se quería ir fuera”, precisó “Septiembre”.
Además de las personas que salen del país por esta vía, “hay otros que huyeron por su cuenta por veredas y montañas hasta llegar a Costa Rica y una vez allá se han visto sin saber qué hacer, sin papeles, sin protección, en la calle y sin comida, y esa imagen es muy dramática”.
Según precisó “Septiembre”, son aproximadamente unas 1.500 personas las que se encuentran en esta situación y “a ellos también los estamos intentando ayudar a través de Nica-migrantes, pero está difícil”, porque la organización “esta desbordada y no puede atender a todos”.
Aunque se desconoce la cifra de nicaragüenses que han salido del país desde que comenzó la crisis, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) detalló a finales de julio que se habían tramitado unas 8.000 peticiones de entrada en otros países, a las que se suman cerca de 200 cada día que pasa.
Diversas organizaciones humanitarias cifran en alrededor de 23.000 el número de ciudadanos nicaragüenses que abandonaron el país desde abril.