El manejo propagandístico y emocional de la actual crisis ambiental del valle de Aburrá, propiciada por el aumento desmedido de minúsculas partículas contaminantes (PM 2,5) que son seriamente peligrosas para la salud, ha alentado la desmemoria sobre las acciones para conocer la contaminación del aire y actuar para resolverla; el adanismo que nos aqueja; la explosión de falsas noticias sobre la gestión ambiental, y un incipiente catastrofismo sobre el futuro de esta región, la más habitada, desarrollada y próspera de Antioquia.

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Por la configuración del valle de Aburrá, otrora zona industrial que se pobló rápidamente, el de la contaminación del aire y sus efectos en la salud es un tema que ha merecido preocupación, investigación y acciones desde los años 70. A partir de 1992, la subregión consolidó un sistema de gestión de información sobre la calidad del aire. Hasta 2006, Redaire, sistema gestionado por las universidades y las entidades ambientales, tuvo a su cargo el monitoreo del aire en la subregión; desde 2007, este ejercicio fue asumido por el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá.

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Durante las últimas décadas, los ciudadanos, salubristas y académicos, han accedido a información veraz sobre el estado del aire en el valle de Aburrá. Redaire la entregaba en boletines trimestrales en los que consolidaba los datos obtenidos en las estaciones que había instalado en cogestión con instituciones públicas. Estos informes permitieron colegir desde los años noventa que los principales contaminantes en esta región ya no eran la industria o la construcción, como había ocurrido en los años 70, sino las fuentes móviles, esto es vehículos movidos a gasolina o Diesel. Desde el año 2007, la información del monitoreo fue publicada en el sitio web del Área Metropolitana y a partir de 2014 es emitida en tiempo real desde el sitio web del Siata. La red emite sus datos desde las estaciones de monitoreo y desde los 250 puntos de la Red de ciudadanos científicos creada en 2015.

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Conscientes de la realidad topográfica y los cambios poblacionales que generan contaminación, gobiernos, concejales y planificadores han propuesto y tomado decisiones tendientes a reducir las emisiones contaminantes mortales en el valle de Aburrá. Estas se fundamentan en impulsar la construcción de una ciudad compacta, contraria a la expandida del pasado reciente; impulsar la movilidad sostenible al tiempo que se toman medidas para desestimular la movilidad contaminante, y controlar las emisiones peligrosas. En otras ciudades igualmente amenazadas por las pequeñas partículas respirables, estas acciones han sido suficientes para forjar lo que se ha denominado “ciudad ecológica”.

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Densificar el proceso urbanizador del valle de Aburrá para llevarlo en torno al río y contener el crecimiento de viviendas en las laderas es el propósito que tuvo primer esbozo en el proyecto Parque Central de Antioquia; fue identificado en el Plan de desarrollo metropolitano, BIO2030, y se fijó en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, aún no ejecutada. La densificación de la urbanización sirve a la calidad del aire porque reduce en forma substancial la extensión y duración de los desplazamientos; facilita la construcción de infraestructura para el desarrollo sostenible y procura la construcción de espacio público próximo a los lugares de habitación.

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El proyecto de movilidad sostenible para el valle de Aburrá se remonta a la construcción del Metro, definida en 1979, y ha avanzado con la progresiva ampliación del propio sistema hasta La Estrella, y de sus líneas complementarias -metrocables, tranvía y SIT-, acciones ralentizadas en los últimos tres años y medio. El modelo se afianza con Metroplús, así se haya desechado su alimentación con electricidad, y con las iniciativas para la movilidad particular sostenible: vehículos a gas y eléctricos, ciclorrutas preferiblemente construidas -así como debiera ser Metroplús- en las vías existentes y no sobre los espacios verdes o peatonales, así como la peatonalización, opciones viables en la ciudad compacta. La movilidad sostenible en el valle de Aburrá se afianzará con un sistema de transporte sostenible, todavía en bosquejo, fundamentado en la organización y racionalización de las rutas, lo mismo que en el cambio de vehículos altamente contaminantes por otros movidos con combustibles ecológicos, disposición adoptada en 2014 y reversada en 2016. La falta de acciones, incluso de información actual, sobre la movilización en vehículos privados y el aumento en tiempo en sus desplazamientos dado el cada vez más lento tráfico, permite que cada año entren unos 80.000 nuevos carros y motos a una ciudad que en 2015 ya tenía 1’734.000 carros y motos, según cifras no actualizadas, del Área Metropolitana.

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Una ciudad ecológica también es el fruto de la autorregulación, verificable, de los agentes privados y el control por autoridades firmes. Los pasos a la autorregulación se han dado desde 2007, cuando se firmó el Pacto por la Calidad del Aire que comprometió a Ecopetrol con entregar mejor gasolina y a empresarios a disminuir sus emisiones contaminantes; este ha sido renovado con pactos sectoriales en 2015 y uno general en 2018. Para vigilar su cumplimiento y establecer nuevos parámetros para las alertas, se dictó la Resolución Metropolitana 002381 de 2015, que fija parámetros para que las empresas controlen sus emisiones, impulsen la movilidad sostenible de sus empleados y vigilen las emisiones de vehículos de carga a su servicio. Esta resolución, cada vez más exigente en la medida que se mejoran los sistemas de medición, determinó protocolos para las alertas como las que en el último mes ha decretado la Junta Metropolitana, despertando tanta angustia entre la ciudadanía.