En las últimas décadas varias compañías multinacionales han estado adelantando exploraciones mineras en nuestro país, encaminadas a la búsqueda de depósitos diseminados de oro y cobre. Los depósitos diseminados se caracterizan por sus grandes volúmenes de mineral, pero sus contenidos metálicos son normalmente muy bajos, menos de un gramo de oro por tonelada.

Estas exploraciones han generado el rechazo por parte de las autoridades y comunidades locales, razón por la cual es necesario evaluar desde nuestro campo profesional las amenazas y oportunidades que la industria minera a gran escala conlleva para la conservación de nuestro patrimonio ambiental y para el desarrollo nacional. No puede ser que una industria de tanta trascendencia como ha sido la minería para el país se nos vuelva un asunto de debate populista y electorero.

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A partir de los 80´s los depósitos diseminados se empezaron a explotar en gran escala principalmente en USA, Canadá y Australia, como consecuencia de los altos precios del metal precioso y del cobre, con apoyo de nuevas tecnologías para optimizar su extracción y minimizar los impactos sobre los demás recursos naturales. Estas prácticas se deben replicar en Colombia.

Los proyectos de gran minería exigen una planificación cuidadosa y el uso de las mejores prácticas para reducir los impactos negativos, ambientales y sociales. Nuestro país dispone de una normatividad ambiental avanzada, pero con las recientes sentencias de la Corte Constitucional y con la misma Constitución del 91 se ha creado un verdadero galimatías que pone en riesgo la estabilidad jurídica, requisito sine qua non para los inversionistas. Tradicionalmente nuestra legislación asignaba la propiedad del subsuelo, es decir de los recursos minerales, sólo a la Nación, pero las nuevas disposiciones al sustituir Nación por Estado obligan al Gobierno Nacional a concertar con las autoridades municipales y con las mismas comunidades la entrega de títulos mineros a terceros. Como esta concertación no se ha dado de manera oportuna, ha surgido el rechazo a los proyectos mineros de Cajamarca (Tolima), Santurbán (Santander), de los municipios antioqueños de Jericó y Támesis y de otros más que ya están anunciados.

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La presencia de grandes compañías mineras es una gran oportunidad para aprovechar sus recursos financieros y técnicos para generar nuevos emprendimientos de desarrollo nacional y regional. Hay que valorar no sólo la contribución fiscal por los impuestos nacionales y locales a que están obligadas las empresas, además del pago de las regalías, sino también entre otros beneficios la creación de empleo formal y de una educación vocacional para los jóvenes en los municipios. Si las comunidades con potencial minero rechazan la industria extractiva de tipo empresarial, no sólo están desaprovechando un valioso recurso con que las privilegió la Naturaleza sino que están fomentando, tal vez sin quererlo, la proliferación de la minería ilegal, como ya ha sucedido en varios partes del territorio nacional, caso Ataco en el Tolima.

La minería de depósitos diseminados sólo la pueden hacer las grandes empresas que dispongan de tecnologías avanzadas y grandes recursos financieros. Para citar sólo un ejemplo de gran minería aurífera responsable con el ambiente y con las comunidades están las operaciones de Mineros S.A. en El Bagre y Zaragoza (Antioquia).

Todas las partes interesadas -entidades gubernamentales nacionales y regionales, comunidades y ONG´s- están llamadas a participar en la planificación de los proyectos mineros para concertar un aprovechamiento racional del recurso, que minimice los impactos medioambientales y maximice el bienestar de las comunidades. Esta es la manera de resolver el conflicto creado entre las comunidades y la industria minera.