Una corte de apelación de La Haya ratificó este martes una sentencia de 2014 en la que se aseguró que el Estado holandés es parcialmente responsable de la muerte de casi 300 hombres musulmanes en la masacre de Srebrenica, en la guerra de Serbia, en unos hechos ocurridos en julio 1995 en una zona protegida por cascos azules neerlandeses.

La corte concluyó que si las víctimas no hubieran sido desalojadas de Potocari, localidad controlada por cascos azules holandeses después de la caída de Srebrenica, no habrían sido asesinadas por las fuerzas del general Mladic.

Este general está a la espera de una sentencia del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia (TPIY) y se enfrenta a una condena de cadena perpetua por los mismos hechos.

En julio de 1995 el batallón de cascos azules holandeses tenía orden de proteger la zona de Potocari y hasta allí acudieron miles de personas en busca de refugio.

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Cuando las tropas serbias llegaron, estuvieron de acuerdo con los cascos azules holandeses en que todos los refugiados serían transportados en autobuses a zonas seguras, pero también se les permitió a los soldados de Mladic comprobar si había hombres que podrían haber participado en el conflicto armado para ser llevados "a juicio".

Según la sentencia, los soldados holandeses no debían haber permitido que las tropas serbias retuvieran a esas personas porque "se hizo evidente que podrían ser torturados o asesinados".

Los cascos azules holandeses podrían haber trasladado también a esos hombres a zonas seguras, aseguró el tribunal.

El caso fue presentado por las Madres de Srebrenica, que representan a 6.000 familiares de las víctimas que tendrán derecho a una compensación económica.

Por otro lado, unos 200 veteranos del Ejército holandés han demandado al Estado y reclamado una compensación económica por el trauma que sufrieron tras ser enviados en una "misión imposible" a Srebrenica, según anunció su abogado anoche en un programa de televisión.

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Los veteranos afirman que el Gobierno holandés podría haber constatado que la misión era imposible de realizar y que los hechos les causaron un daño social, emocional y financiero por el que ahora piden una compensación de 22.000 euros para cada uno.