La Unidad para las Víctimas y el Icetex, además de diez instituciones públicas y privadas, dieron a conocer sus servicios para apoyar la reparación a la población afectada por el conflicto.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) realizaron este jueves en Medellín una feria de servicios para la población afectada por el conflicto armado en Antioquia.
En el evento, realizado por el Inem José Félix de Restrepo, el Icetex rindió cuentas sobre el acceso que ha tenido la población víctima del conflicto a la educación superior, a través de créditos educativos condonables de los que han sido beneficiarias 3.566 personas desde el 2014. Los recursos provienen del Ministerio de Educación y al Secretaría de Educación de Bogotá.
Tras seis convocatorias, el Icetex ha administrado $118.600 millones dirigidos a las víctimas que se encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) o reconocidos así en los procesos de Restitución de Tierras o de Justicia y Paz.
Los beneficiarios que accedieron al Fondo para la Reparación, el Acceso y la Permanencia a la Educación Superior pueden condonar su deuda por completo, como ya ha ocurrido en 85 casos. La inversión es cercana a los $181.000 millones de pesos y en Antioquia han sido cerca de 468 personas.
"Cuando se condona se hace sobre un requisito básico y es que las personas se gradúen. Se revisan todos los requisitos y condonamos completamente la deuda", explicó Alejandro Vanegas, presidente del Icetex.
En la última convocatoria, que funcionó entre el 29 de diciembre y el 19 de enero, se presentaron más de 12.000 personas y solo habían 500 cupos disponibles. "Este es un fondo que tienen mucha demanda y quisiéramos que muchos confluyeramos con recursos, gran parte sale del Ministerio de Educación y de algunas entidades territoriales. Creo que tenemos que hacer una apuesta muy grande", detalló Vanegas.
Si bien el programa otorga matrícula y subsidio por sostenimiento a los beneficiarios, también existe un convenio con las universidades para que ofrezcan otros programas que permitan la permanencia de los mismos durante la carrera.
Al respecto, Javier Aguilar Gómez, profesional coordinador del proceso de ofertas de la Unidad para las Víctimas apuntó que: "la educación superior en este país es manejada por cada uno de los entes. Lo que hacemos es ir a cada una de las instituciones a solicitar que hagan un proceso diferencial con las víctimas y vamos avanzando sobre ello".
Además se le entrega un salario mínimo a la universidad para que lo incluya en temas sociales y "no deje que estos muchachos se nos salgan", recalcó Aguilar.
Durante el acto, tres de los beneficiarios de este programa fueron reconocidos porque, gracias a su desempeño y al cumplimiento durante el pregrado, fue condonada su deuda. Uno de ellos es Juan Camilo Cadavid Montoya, administrador de empresas de 36 años que tras haber tenido que interrumpir sus estudios en 2012, años más tarde decidió buscar una beca para financiar sus estudios.
"En ese mismo año (2014) fue que inició este proyecto de fondo para el fomento a la educación superior para las víctimas del conflicto armado y pues gracias a Dios cumplía con todos los requisitos. Mediante este fondo pude culminar la carrera", señaló Cadavid Montoya, quien fue desplazado al igual que su familia en dos ocasiones desde el corregimiento de Bolombolo (de Venecia, Antioquia), por parte de los paramilitares en el año 90.
En cuanto a la condonación de su crédito educativo, señaló que "la condonación fue exitosa, no tuvimos que pagar ningún peso al culminar la carrera y la ayuda con el sostenimiento fue muy grande para todo el proceso de estudio", señaló el egresado de la Universidad Católica del Norte.
Cabe anotar que de las 3.566 personas atendidas en el último cuatrenio co estos créditos condonables, el 91 % han realizado estudios universitarios, el 7% tecnológicos y el 2 % técnicos. entretanto el 93% de la población pertenecen a los estratos 1 y 2, siendo el 74% del estrato 1.
Los beneficiarios en Antioquia generan una cartera de 7.101 millones, según el Icetex, entidad que dio a conocer que en Medellín hay 182 beneficiarios, representando un costo de 3.274 millones de pesos.
Como conclusión, el encargado de la oferta educativa destacó el papel de la educación superior en esta población. "El tema de educación superior la norma nos dice que las universidades se deben vincular frente a estos procesos con las víctimas. Nosotros estamos mirando también en la educación superior un proceso de generación de ingresos, cuando un muchacho estudia esa familia tiene la posibilidad de salir adelante. Para nosotros es el tema de reparación más importante que hay", señaló el profesional de la Unidad de Víctimas.