El grupúsculo Defendamos la Paz, que muchos llaman “Defendamos las Farc”, tuvo el cinismo de enviarle este miércoles una carta a los gobernadores y alcaldes de Colombia para notificarlos de que, de ahora en adelante, palabras más, palabras menos, tendrán que seguir las instrucciones de ese grupo privado. Les piden a los mandatarios regionales “desarrollar políticas” relacionadas con la “implementación del acuerdo con las Farc”, es decir plegarse a un texto impopular e ilegal que fue rechazado por los colombianos en el plebiscito de 2016.

Lea también: Los opacos objetivos de “Defendamos la paz”

La carta de los amigos de las Farc constituye un intento de confundir a la opinión pública y a los mandatarios regionales arrogándole arbitrariamente poderes gubernamentales a un micro grupo político. En su carta (1), Defendamos la Paz dice que el “acuerdo final” otorga unas “responsabilidades particulares a las autoridades territoriales”, para que a través de sus programas de gobierno “definan la paz como un norte”. Olvidan decir que ese enfoque es inconstitucional. Las “responsabilidades particulares” de los mandatarios regionales son fijados por la Constitución Nacional. La suprema autoridad administrativa en Colombia es, además, el presidente de la República. Ese poder no puede ser compartido o delegado a organismos locales ni a grupos de particulares que pretenden impulsar unas políticas que no han sido refrendadas por el pueblo en elección popular alguna. Habría que recordarles a esas eminencias un hecho: las Farc y sus aliados perdieron la elección presidencial en 2018.

Las Farc no han recibido mandato alguno para presentar líneas de actuación y gobierno a los gobernadores y alcaldes de Colombia. Sin embargo, ellas insisten en lo contrario. Afirman que “los planes de desarrollo con enfoque territorial, impulso a los programas de sustitución de cultivos, a la inclusión del enfoque de género, el trabajo conjunto con los consejos departamentales y municipales de paz y reconciliación y la cooperación con las instancias e instituciones locales y nacionales” son de obligado cumplimiento pues así lo dice el acuerdo Farc-Santos.

Olvidan decir esos activistas que los “planes de desarrollo” y los “programas” de lucha contra el tráfico de drogas y contra los narco-cultivos dependen exclusivamente de las decisiones del Gobierno Nacional, la única autoridad elegida por los colombianos para orientar los destinos del país. Las Farc pretenden darse, por la vía de esa superchería, una personería jurídica, en sectores estratégicos, que nadie les ha dado.

También indican en la misiva que “los asesinatos de líderes y lideresas sociales (sic), defensores y defensoras de Derechos Humanos y excombatientes en proceso de reincorporación, ponen de manifiesto la urgencia de defender la vida y la necesidad de avanzar desde los territorios”. Esa carta olvida decir que los autores de asesinatos de activistas sociales y de excombatientes de las Farc son las mismas guerrillas castristas (Eln y las Farc-disidencias) en su lucha por apoderarse de regiones y recursos propicios a sus tráficos ilegales. Para resumir, la delincuencia común, los carteles de la droga y los escuadrones de la muerte, buscan crearse espacios, mediante la violencia y el asesinato de personas que no encajan en sus planes. La defensa de la vida, de la propiedad privada y de la paz, y por ende la represión del entramado de criminalidad complejo de Colombia, no puede “avanzar desde los territorios”, como insinúa ladinamente la carta de los amigos de las Farc. Esa misión superior recae exclusivamente sobre la fuerza pública y las fuerzas armadas de la República, la cual actúa bajo órdenes de su comandante, el jefe de Estado colombiano.

Le puede interesar: Frenar desde ya a los vándalos y a quienes los dirigen

La carta es firmada por “miembros negociadores del Gobierno y de las Farc que estuvieron en La Habana”, según la prensa, así como por “facilitadores del proceso de paz, negociadores del fallido diálogo con el Eln, entre otros”. Olvidaron decir que los negociadores de la época de Santos, así como los presuntos “facilitadores”, no tienen derecho para imponer ni sugerir líneas de gobierno a nadie y mucho menos a las autoridades regionales. Ellos nunca dejaron de ser civiles sin atribuciones oficiales. Ellos carecen de mandato popular y no son miembros de organismos de control. No pueden pretender substituir al Gobierno Nacional ni a las autoridades electas.

(1).- http://www.radiosantafe.com/2020/01/08/piden-a-mandatarios-regionales-implementar-acuerdo-con-las-farc/