Juan José fue diagnosticado con un retraso mental grave que a la vez deteriora significativamente su comportamiento.

Debido a su padecimiento debe consumir medicamentos, solo estudió hasta quinto grado de primaria y recibe atención en El Comité de Rehabilitación de Antioquia.

Pero la modificación de algunos artículos del Código de la Infancia y la Adolescencia estaría dejando inconclusos los procesos de rehabilitación de jóvenes como Juan José, quienes estarían quedando en riesgo. 

Pues los menores están saliendo de sus procesos de protección con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a la vez retirados de los servicios que prestan los operadores que tienen contratos en esa entidad.

En el caso de Juan José, al momento de ser retirado de su proceso de rehabilitación, se vería expuesto a malos tratos por parte de algunos integrantes de su familia.

La situación del joven se agrava porque además él se torna agresivo, no obedece ni respeta las reglas de su hogar y tiene contacto con personas que propician su permanencia hasta altas horas de la noche en la calle y el consumo de licor.

Por eso él necesita continuar con una atención especial.

La alerta de esta situación fue hecha por la doctora Sonia Gallardo, directora de El Comité de Rehabilitación de Antioquia, quien explicó el riesgo que estarían corriendo algunos menores de edad.

Con la modificación del Código de la Infancia y la Adolescencia se establecieron 18 meses para que los trabajadores sociales del Icbf definan la situación jurídica de los menores de edad, esto orientado a las condiciones de adoptabilidad.

La doctora Gallardo manifestó que para no incumplir la ley, los trabajadores sociales tratan de resolver la situación de los menores en esos 18 meses y cumplido ese tiempo deciden que estos deben salir de la medida de protección.

Es ahí donde se ven afectados los niños y adolescentes que padecen alguna discapacidad, pues les cortan los procesos de rehabilitación.

“Cuando se cortan esos procesos los menores quedan desamparados en ambientes que no son adecuados para ellos porque viven en barrios donde quedan expuestos a bandas delincuenciales, fronteras invisibles y tráfico de estupefacientes”, precisó Gallardo.

Esta situación hace que los menores queden en un doble estado de vulnerabilidad, pues además de su discapacidad están en riesgo por la situación socioeconómica de las familias.

“La discapacidad agrava el tema y en ocasiones hace que las bandas delincuenciales se aprovechen de los menores para utilizarlos como carritos para llevar armas y drogas”, indicó la directora de El Comité.

Las modificaciones al Código de la Infancia y la Adolescencia entraron en vigencia en enero de 2018. Sin embargo, los egresos de los programas de rehabilitación en El Comité se empezaron a notar masivamente desde finales del año pasado.

Sonia Gallardo afirmó que entre noviembre de 2018 y mayo de 2019 han salido 200 menores del centro de rehabilitación que dirige.

Ella también aseveró que de esos 200 menores con discapacidad, 120 debían seguir en el proceso de rehabilitación y por ende requieren la medida de protección del Icbf.

Adicional a esto, la directora aseveró que esos menores no se están preparando para el egreso y ese es otro proceso que podría tardar hasta un mes.

“Se genera un desprendimiento que es muy difícil para la mayoría de las familias. De los 200 casos que mencionamos anteriormente, 140 no recibieron preparación para el egreso. Es decir, les llegó el certificado de egreso un viernes diciendo que el lunes ya no podía volver”.

Además de los procesos de rehabilitación, al ser desvinculados de El Comité de Rehabilitación de Antioquia, los menores de edad también quedan excluidos de un régimen alimenticio balanceado y de atención en salud.

¿Qué están haciendo?

Sonia Gallardo indicó que El Comité de Rehabilitación de Antioquia no es el único centro que está viviendo esta problemática.

Por esta razón se conformó un colectivo con instituciones operadoras de discapacidad que tienen contratos con el Icbf en todo el país.

De esta manera han sostenido reuniones con la dirección del Icbf en Bogotá, con congresistas y hasta con Jairo Clopatofsky, consejero Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad. Todos han coincidido en que la ley tiene que ser modificada.

Gallardo precisó que el Icbf tiene su capacidad desbordada y por eso están pidiendo que el instituto oriente mejor a sus defensores de familia, no se preocupen tanto por los tiempos y se concentren más en la atención.

Asimismo, El Comité está asesorando a las familias para que acudan a recursos jurídicos (como la acción de tutela) para que los menores con discapacidad sean reintegrados a las medidas de protección del Icbf ya que está documentado que en realidad lo necesitan.

Por su parte el consejero Jairo Clopatofsky coincidió con Gallardo en que las leyes nacen con buenas intenciones y que una vez creadas se empiezan a ver los vacíos que estas traen, como en este caso.

“Los menores de 18 años que tengan una discapacidad severa deben mantenerse dentro de centros especializados de atención para la discapacidad”, aseveró Clopatofsky. 

El alto funcionario además dijo que los niños que no tengan discapacidades severas entrarán a las aulas regulares y las instituciones educativas deberán hacer los ajustes razonables para que ellos sean atendidos como lo requieren.

Jairo Clopatofsky, consejero Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad.

El consejero puntualizó que los menores de edad con discapacidad que sean desvinculados de sus procesos de rehabilitación, tras finalizar las medidas de protección del Icbf contarán con la atención especializada del Estado.

“Es una política pública, los niños con discapacidad contarán con la protección del Estado”, concluyó el consejero Clopatofsky.

Icbf dice que la atención está garantizada

Ante esta situación el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que la discapacidad de un menor de edad no es motivo de ingreso ni de permanencia en sus programas de protección.

Y tampoco lo son las condiciones socioeconómicas de las familias de estos menores.

Sin embargo, el Icbf también explicó que, según lo dictado por el artículo 208 del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, los menores de edad con discapacidad deberán seguir siendo atendidos en las modalidades de protección de esa entidad.

Asimismo, el instituto aclaró que esta atención es transitoria, mientras las diferentes entidades del Estado les garantizan atenciones básicas, entre ellas, salud y educación.

Lo que el Icbf reconoció es que hace falta que este artículo sea reglamentado para que se establezca cómo será el mecanismo de implementación.

El instituto también aseguró que en el momento en el que las Comisarías y las Defensorías de Familia cierren los procesos de protección de los menores de edad con discapacidad deben solicitar la vinculación de estos niños y adolescentes a instituciones educativas y su atención en salud.

Modificación de la Ley 1098 de 2006

La Ley 1878 del 9 de enero de 2018 modificó algunos artículos de la Ley 1098 de 2006 referente al Código de la Infancia y la Adolescencia.

La intención de estas modificaciones es que los defensores de familia del Icbf solucionen la situación de los menores bajo protección en un tiempo más corto.

El Artículo 6 de esta Ley indica que los menores que estén en proceso de restablecimiento de derechos recibirán un seguimiento de 6 meses por parte del Icbf en el cual se determinará si se cierra o no su proceso.

Esos 6 meses podrán ser prorrogados hasta por 18 meses, pero en ningún momento podrán exceder ese plazo.

Por esa razón es que los menores son egresados de sus programas de rehabilitación cuando los defensores de familia aceleran los procesos para cumplir la ley. 

Recordemos que los menores que ingresan a procesos de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son aquellos que vieron vulnerados sus derechos o están en riesgo de ser vulnerados.

La atención de los menores

Sonia Gallardo explicó que los procesos de rehabilitación de los menores de edad con discapacidad son diferentes para cada uno y por ende toman tiempos diferentes.

“No hay tiempos determinados de atención porque todos los casos son diferentes. Algunos pueden requerir menos de 18 meses, pero otros pueden requerir hasta 24 y 36 meses. Hay otros que pueden requerir menos”, explicó.

Por esa razón es que la directora de El Comité está a favor de una nueva reforma para esa ley.

Aunque Jairo Clopatofsky asegura que la atención de esta población está garantizada en todos sus frentes.

El alto funcionario incluso reconoce que hay menores de edad que toda la vida tienen que ser tratados así porque su nivel de discapacidad los hace comportarse como niños o en casos más graves necesitan estar acompañados o internados recibiendo todo tipo de atenciones.

Cifras a considerar

200 menores con discapacidad egresaron de sus procesos de rehabilitación entre noviembre de 2018 y mayo de 2019.

De ellos 140 no recibieron la preparación que se requiere para el egreso, es decir, salieron de manera abrupta.

120 de esos menores debían continuar en tratamiento.