Cuando van a graduarse, médicos y enfermeros pronuncian el juramento hipocrático, los primeros, y el de Nightingale, los segundos. Con él asumen compromisos que se resumen en el respeto a su profesión y sus colegas, de un lado, y en la decisión de dar especial cuidado a la vida humana y a sus pacientes. Por ese juramento, que fundamenta un contrato social, la sociedad confía en que ellos van a estar listos para atenderla cuando sus miembros enferman; expectativa que se hace esperanza cuando todos estamos amenazados, y atemorizados, por una pandemia que pone en riesgo nuestras vidas y las de nuestros próximos.

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Los juramentos hipocrático, con origen en Grecia, pero modificado en 1949 para evitar la repetición de barbaridades como las presentadas en el nazismo, y de Nightingale, suscrito en 1893 en honor a la enfermera icónica, son la parte del contrato social que suscriben quienes deciden profesionalmente dedicar su vida al cuidado a los otros. En tanto contrato social, los juramentos exigen a la sociedad y al Estado que asuman su parte de responsabilidad con la vida, el cuidado y la dignidad del personal de la salud.

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La pandemia por la covid-19 está poniendo a prueba el contrato social del personal de salud y la sociedad por la defensa de la vida y el cuidado de la salud.

Algunos médicos que habían decidido no acudir a los hospitales se desdijeron de su postura inicial. Y otros médicos con situaciones laborales precarias han determinado protestas escalonadas que no arriesgan la atención.

En este pacto social, la responsabilidad del ciudadano es cuidarse atendiendo las instrucciones de los gobernantes en los períodos de aislamiento obligatorio, para evitar contagiarse o transmitir la enfermedad, situación en la que pone al personal de salud en riesgo físico de enfermarse, o ético, de verse obligados, como sucede en Europa, a escoger las vidas a salvar. Son valiosas, y merecidas, las frecuentes muestras de gratitud y respeto a ellos, pero también son notorias acciones de vecinos y administradores de unidades residenciales que discriminan, insultan, amenazan o agreden a médicos y enfermeros, pisoteando sus derechos, dignidad y entrega. La respuesta a esos atropellos no puede ser la tolerancia, tampoco imponer al personal de salud que se distancie de sus hogares, a menos que sea necesario para cuidar vidas en riesgo.

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La facilidad de contagio de la covid-19 exige que el personal hospitalario sea protegido con gafas o caretas, trajes antifluido, mascarillas de alto nivel, guantes de látex y zapatos especiales, desechables, además de que se les instruya sobre su utilización adecuada. Brindar estos mínimos de cuidado a quienes nos cuidan ha llevado ¡quién lo creyera! a discusiones públicas que desdicen de los responsables de ofrecerlos, en especial las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, reticentes, como lo ha reiterado Fasecolda, a cumplir con sus obligaciones con la prevención y atención de una enfermedad profesional. Hecha esta claridad sobre responsabilidades directas, reconocemos que es comprensible que la escasez y el encarecimiento de los insumos de protección dificulte que la dotación del casi millón de personas que trabaja en el sistema hospitalario sea asumida por un solo sector, por lo cual parece sensato que se apele a esquemas de cooperación entre las ARL, los hospitales, los gobiernos e incluso particulares que pueden contribuir solidariamente a la protección del personal hospitalario.

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La pandemia ha puesto al descubierto la precaria situación laboral de médicos, enfermeras y personal de apoyo en las IPS, entre ellas varios hospitales públicos, algunos localizados en las zonas más alejadas y vulnerables. El problema más frecuente es el de la inexistencia de relación laboral directa de los hospitales con su personal, pues en el sector se impusieron la tercerización de los contratos de trabajo a través de falsas cooperativas de trabajo asociado o sindicatos, el contrato de prestación de servicios y el contrato por obra. Esta anomalía se agrava con el recurrente incumplimiento por muchas IPS de sus obligaciones laborales, como el pago de salarios o el cubrimiento de la seguridad social, irregularidades que por décadas han tolerado los ministerios de Trabajo y Salud, ¿tal vez porque buena parte de ellas son perpetradas por instituciones públicas?

Aún sin que se les garanticen su protección personal y sus derechos laborales, y a pesar de que el Código de Ética Médica los exonera de prestar atención cuando las condiciones ponen en riesgo su vida o su salud, los médicos y enfermeros siguen cumpliendo los compromisos de sus juramentos. Queda en manos de la sociedad, la responsabilidad de cumplir y vigilar el cumplimiento con la parte que, a ciudadanos, Estado, instituciones prestadoras de salud y ARL nos compete con la vida y la salud de médicos, enfermeros y todos los cuidadores de la vida.

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Comentarios:

Lina
2020-04-26 11:38:59

Todo el personal que trabaje en hospitales y clínicas debe trabajar con mascarillas. Este es el sitio donde alguien tiene más riesgo de contagio y si estamos exigiendo que toda la población use mascarillas cuando esté fuera de la casa, no tiene sentido que el personal de las entidades de salud no las usen todo el tiempo.

Edgar
2020-04-26 09:12:58

Nada qué agregar, el escrito es suficientemente claro. Los médicos y enfermeros merecen toda nuestra protección y gratitud eterna por el trabajo realizado y por realizar. Yo agregaría al personal que está en los hospitales y clínicas cooperando con ellos: secretarias, personal de aseo, vigilancia, héroes casi invisibles.

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