Este viernes el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí dictó condena de 18  años y cuatro meses de prisión en contra de la exdiputada liberal Ángela María Cano Vargas, su yerno Carlos Andrés Moreno y su excompañero sentimental Jaime Velásquez Rodríguez por los delitos de estafa agravada en masa, concierto para delinquir y gestión indebida de recursos sociales.

Adicionalmente cada uno tendrá que pagar una multa de 1.213 salarios mínimos y tendrá una inhabilidad para ejercer cargos públicos por los mismos 18 años y cuatro meses.

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La estafa ocurrió entre 2006 y 2015 cuando Cano y sus familiares vendieron apartamentos en planos a 414 personas por más de $3.000 millones, para unos supuestos proyectos inmobiliarios de interés social llamados Santa Marta y San Miguel Arcángel, en el municipio de Itagüí.

De acuerdo con Jhon Jairo Morales Martínez, abogado de las víctimas, “la organización criminal que tenían montadas estas personas tenía una plataforma política amplia, se aprovecharon porque la exdiputada tenía un gran poder político, entonces hacían eventos ficticios en el lote, llevaron funcionarios públicos e hicieron misas para dar la apariencia de que era algo serio”.

El abogado señaló también que el 90% de los estafados son personas de bajos recursos, en su mayoría ancianos o mujeres cabeza de hogar. “Entonces daban misa en el lote para darse credibilidad ante los ancianos y, no en vano, le pusieron a los proyectos nombres de santos, para poder atraer a estas personas”, dijo.

Uno de los elementos determinantes para el fallo del juez fue la comprobación de que en el caso del lote de San Miguel Arcángel, el POT de Itagüí prohibía la construcción de vivienda allí, por lo cual las viviendas nunca iban a ser entregadas a los compradores.

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El abogado de las víctimas también afirmó que la multa impuesta a estas tres personas “no es para los afectados sino que es una condena adicional. Ese dinero queda para el Estado. La única forma de responderle a las víctimas es promoviendo un incidente de reparación integral que se promueve cuando la condena quede en firme”.

En el fallo de este viernes la juez determinó que probablemente existan más personas responsables por el delito y ordenó a la Fiscalía no cerrar la investigación.