El juez Pablo Llarena reafirma en el auto que concurre el requisito de violencia en el delito de rebelión y que los datos de Hacienda coinciden con los indicios de malversación recogidos en su investigación.
El Tribunal Supremo español rechazó este miércoles los recursos presentados por el expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont y otros 22 investigados en el caso del ilegal proceso independentista de esa comunidad, de forma que confirma sus procesamientos en la causa.
El juez Pablo Llarena confirmó así el procesamiento que él mismo dictó el pasado 21 de marzo por delitos de rebelión, malversación y desobediencia, según los casos.
El juez del Tribunal Supremo procesó por rebelión a trece de los investigados, entre ellos a Puigdemont, al entonces vicepresidente del Gobierno regional catalán, Oriol Junqueras, y a siete miembros de su gabinete, así como a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.
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Cuatro de ellos están huidos de la Justicia, entre ellos Puigdemont, y el resto está en prisión provisional. El delito de rebelión está penado con hasta 25 años en la legislación española.
Los procesados, que rechazaron las acusaciones en sus recursos, tienen cinco días para recurrir esta decisión.
Llarena afirma que en el caso hipotético de que no se acreditara la violencia, ello no conduciría al archivo de las actuaciones, ya que los hechos no excluyen la acusación por un delito de sedición ni tampoco de conspiración para la rebelión.