Por hacer afirmaciones calumniosas, injuriosas, sin ningún fundamento y por faltar a la verdad, otra vez el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, fue condenado por un juez de la República a retractarse de las afirmaciones que formuló en contra del señor Juan Esteban Álvarez Bermúdez, quien resultó afectado en sus derechos a la honra y al buen nombre.

La sentencia en contra de este concejal, que es reiterativo en esas conductas difamatorias, fue emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, el cual en primera instancia protegió esos derechos de Álvarez Bermúdez, una persona muy cercana a la Administración Municipal de Medellín en el 2014.

Los hechos que dieron origen al proceso se remontan al 19 de febrero de 2014, fecha en la cual el concejal Guerra Hoyos hizo una rueda de prensa y en ella, sin fundamento alguno, hizo señalamientos injuriosos y calumniosos en contra del señor Álvarez Bermúdez.

Ante ello, el afectado interpuso una demanda de reparación directa y el citado Juzgado acaba de condenar al concejal Bernardo Alejandro Guerra a citar a una rueda de prensa en el recinto del Concejo de Medellín en la cual “se retractará de los señalamientos que hizo al señor Juan Esteban Álvarez Bermúdez… [o] en su defecto, deberá publicar en el periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín y en tres emisoras nacionales (Caracol, la W y RCN) dos avisos en los cuales se diga que el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos faltó a la verdad en la rueda de prensa que brindó el 19 de febrero de 2014 en la que hizo señalamientos contra Álvarez Bermúdez y además deberá pedir perdón a los demandantes…”.

Con esta condena el cabildante Guerra Hoyos suma un nuevo revés jurídico, toda vez que esta no es la primera sentencia en su contra en el ejercicio como concejal de la capital antioqueña y en la que la justicia lo obliga a retractarse por hacer afirmaciones injuriosas, calumniosas y que faltan a la verdad.

En tal sentido, recordaron varios abogados consultados, ha habido fallos de jueces de diferentes áreas del Derecho e inclusive de la Corte Constitucional en contra de este político por su repetitiva costumbre de lanzar señalamientos contra las personas sin tener fundamentos probatorios.

Tanto es así que ya por el Concejo de Medellín no recuerdan las ocasiones en que este corporado ha tenido que rectificar sus acusaciones ligeras contra distintas personas.

El concejal de Medellín, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, expresidente del Concejo, consultado por este nuevo caso de su colega, atinó a decir “otra vez Bernardo Alejandro Guerra se tiene que rectificar”.

Y dijo que cree que en todos los años que ha estado en el Cabildo, ya van como quince veces en que Guerra Hoyos ha tenido que tirar para atrás sus falsedades por orden de la justicia. 

El concejal más investigado 

Un abogado cercano a este proceso comentó que Guerra Hoyos, por los hechos que dieron lugar a esta nueva acción judicial, tiene un proceso en la Fiscalía y reveló que es el concejal más investigado penalmente por los delitos de injuria y calumnia.

“El tiene un montón de demandas y se ufana de tener una investigación más y de tener un proceso más”.

Expertos en estos asuntos jurídicos explicaron que Guerra Hoyos está muy equivocado y confundido en su forma de hacer política o hacer control político, al resto de diputados y concejales en Antioquia.

“Él dice que está haciendo control político, pero lo que hace finalmente es afectar la honra y el buen nombre de las personas y debe prepararse con seriedad y pensarlo dos veces antes de acusar temerariamente a los ciudadanos”.

Profesores de derecho explicaron que el control político tiene sus límites, los cuales el concejal no respeta, de ahí los fallos permanentes en su contra de jueces de la República.

Recordaron que los derechos a la honra y al buen nombre son protegidos constitucionalmente y por tratados internacionales. 

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"Además son de una gran tradición en nuestra cultura liberal, en el Estado liberal y social de derecho”, recalcó un docente.

También hizo ver que son un límite al Estado, lo que significa que los servidores públicos del Estado lo que tiene que hacer es no afectarlos o abstenerse de violarlos, en lo cual Guerra Hoyos es recurrente en la conducta de afectar esos derechos.

Este episodio se produjo cuando Guerra Hoyos y otros concejales citaron a una rueda de prensa en el recinto del Concejo y en papelería del Cabildo. Los periodistas acudieron y él allí formuló afirmaciones injuriosas y calumniosas en contra de Juan Esteban Álvarez sin ningún fundamento, que fue lo que dio origen a la demanda.

Bernardo Alejandro Guerra como servidor público, que son los concejales, juró cumplir la Constitución y la ley y ya existe una sentencia en su contra precisamente por no acatar esa disposición.

Ahora cuatro años después, pues los procesos judiciales son demorados y lentos, el tiempo y la justicia le están dando la razón a Álvarez Bermúdez, quien cuando se enteró en febrero de 2014 de los señalamientos contra él de Guerra Hoyos, dijo que con ese señor sólo se entendía en los estrados judiciales.

En la rueda de prensa citada por los concejales dijeron que habían recibido amenazas y exhibieron un sufragio.

Un periodista contrapreguntó a Guerra Hoyos sobre a quién atribuía esas amenazas y la emprendió, habló mal y en contra de Juan Esteban Álvarez.

Entonces la prensa le volvió a preguntar que si creía que Juan Esteban Álvarez estaba detrás de esa situación y dijo que “puede ser, es posible”, pero lo hizo sin aportar pruebas y sin ningún fundamento. Esto fue lo que originó la demanda.

Estos casos se sancionan económicamente, penalmente por injuria y calumnia en torno a lo cual avanza una investigación y también mediante protección simbólica como es el presente fallo y que obliga a hacer una publicación en la prensa o una rueda de prensa que son indemnizaciones de carácter simbólico.

Como el mismo caso en el cual el Juzgado 29 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento ordenó en segunda instancia al concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, retractarse y pedir disculpas a la familia Chica Rodríguez, por sus afirmaciones sobre corrupción que involucró a la empresa familiar Construcciones Rescate y Tecnocasa EU.

Y este fallo se registra en momentos en que en la plenaria del Concejo de Medellín se discute la reforma a su reglamento interno y los debates han girado en torno al respeto que deben tener los concejales en sus intervenciones hacia las personas.

Guerra Hoyos ha dicho repetidamente que él no está en el Cabildo para hacer amigos, sino fiscalización, ante lo cual le han recalcado que lo debe hacer respetando la Constitución y la ley, que permanentemente viola con sus difamaciones.