LA GUERRA ES LA PAZ;

LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD;

LA IGNORANCIA ES LA FUERZA.

—George Orwell, 1984

Por permanente escrúpulo de objetividad sacrifiqué una clarísima tarde, de esas que nos invitan a recorrer el luminoso campo, para enfrascarme en la lectura del Acto Legislativo 1 de abril 4 de 2017, “por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera…”

El encabezamiento da la tónica del farragoso y extenso texto. Estas “disposiciones transitorias”, ¡para 15 años!, ocupan 21 páginas de tamaño oficio, superando, de lejos, en extensión, las constituciones de USA, Italia o Francia, concisas, concretas, comprensibles, mientras en Colombia, a la del 91, larguísima, se suman las 310 páginas del AF y este novísimo culebrón. Una edición actualizada de la Constitución colombiana requiere ahora, por lo menos, 700 páginas. Podría decirse que a mayor extensión, menor vigencia, si tenemos en cuenta el grado de desinstitucionalización al que nos han llevado, donde todo es posible, empezando por el robo de un plebiscito.

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Este AL —porque debemos aprender, con el AF, a expresarnos a través de siglas—, establece oficialmente el Sivjrnr, cuya traducción textual es “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”, que funcionará  a través de tres burocracias autónomas: 1. La Comisión para el Establecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (¿CDLVPLVDPDP?); 2. La Unidad de Víctimas para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (¿UVBPDDCRCA?), y 3. La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz.

Como desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, el texto discurre a través de una redacción abstrusa, repetitiva, confusa, desordenada, incoherente, enrevesada, cacofónica, siempre fatigante, que, desde luego, responde al hecho de estar redactado en la neolengua del postderecho colombiano, descendiente del newspeak totalitario, explicado de manera insuperable en el apéndice con  que Orwell concluye su magistral novela.

Leyendo ese texto uno se pregunta si tanta oscuridad se debe a estupidez o ignorancia por parte de sus redactores, a menos que tenga razón el constitucionalista eminente que me explicó que obedece a “programación neurolingüística”, porque de lo que se trata es de hacer posible cualquier interpretación  contraevidente, torcida o arbitraria.

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Stendhal atribuía a Napoleón la recomendación, para mejorar el estilo, de leer cada mañana dos o tres artículos del Code Civil. Don Andrés Bello y don Miguel Antonio Caro, en el Código para Chile y en la Constitución de 1886, con articulados claros, legibles, impecables, comprensibles, memorizables, superaron en claridad y orden a los franceses. Al fin y al cabo, si la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es necesario que su expresión sea inteligible, cosa que no se da en estos textos de Enrique Santiago, Alvaro Leyva y los rábulas del gobierno.

Fatigado por la detenida lectura del horroroso texto, llegué a la conclusión de que su retorcido contenido era neutro, en el sentido de que, en apariencia, no expresa nada incompatible con la recta administración de justicia, siempre y cuando la JEP no se convierta en órgano de venganza y retaliación, lo que digo dejando de lado los reparos que suscita una jurisdicción paralela, innecesaria, autónoma, politizada, sobrepasada de operadores y diseñada expresamente para absolver a unos y condenar a otros.

La neutralidad formal de las normas que orientan la JEP se contradice con la manera prevista para su integración. Se crea un mecanismo de designación contrario a la soberanía nacional, porque sus magistrados saldrán de una “corta lista” establecida por una extraña camarilla formada por tres abogados extranjeros (el defensor de Sendero Luminoso, el de  Montoneros y el de Etarras), un exmagistrado colombiano de extrema izquierda y una señora farmacéutica.

Hasta ahora se han inscrito más de 1.200 aspirantes a los 40 y pico millones mensuales (con prestaciones) previstos para los 51 cargos de magistrado, 14 de asesores extranjeros (llamados amicus curiae, para descrestarnos) y 16 fiscales, dentro de la más tupida fronda imaginable en un kafkiano entramado de “salas” y un “tribunal”.

Suponiendo que pueda haber en Colombia tantos juristas que cumplan con requisitos similares a los que se exigen para la Corte Suprema, parece que no será difícil para las Farc y el gobierno llenar la JEP de personal comprometido en la misma conjura. Por esa razón pierden el tiempo los señores de Acore cuando advierten el sesgo ideológico de varios aspirantes bien conocidos por su activismo judicial subversivo. Las advertencias de los militares retirados se convierten automáticamente en las mejores recomendaciones para ingresar a la JEP.

En realidad, la conveniencia de cualquier mecanismo depende del uso que se le dé. Así como el stylus romano sirvió para la redacción de textos imperecederos, también resultó magnífico para reventar los ojos de los amanuenses que pagaban con la vista los arrebatos de emperadores como Adriano.

En manos de los escogidos por la siniestra camarilla, la JEP será la justicia de la revancha, completando el terceto de Orwell, epígrafe de este artículo.

Comentarios:

Edgar
2017-08-30 08:27:15

Me encantó, entre otros, lo de que lo inintelegible es de los rábulas del gobierno, Enrique Santiago,Alvarito Leyva,etc. Y texto farragoso, como el elaborado para el plebiscito , horrible de leer, pero lo logré tomando acetaminofén.

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