El mundo conmemora este domingo la Resurrección de Jesucristo, triunfo del amor y la vida sobre la muerte. Para la cristiandad es la memoria de la esperanza de la vida eterna; para Occidente es la fundación del pensamiento civilizador que maduraría en siglos de historia hasta converger en la determinación, no carente de contradicciones, de poner la defensa de los derechos humanos, empezando por el de la vida, en el centro de la gestión.

Ese reconocimiento no ha significado el fin de la violencia o el acuerdo sobre las decisiones que la contienen. En un mundo aún violento, Latinoamérica concita preocupación por la incidencia de los homicidios: en 2018, once de 21 países tuvieron tasas de homicidio (muertes violentas por 100.000 habitantes) superiores a 20. El país con mayor afectación es Venezuela, con una tasa de 8.282. Con una tasa de 25, de acuerdo con Insight Crime, Colombia ocupa el puesto noveno en el continente.

Comportamiento de los homicidios en Colombia durante la última década

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Los homicidios en Colombia (ver tabla) han caído en forma importante desde los primeros años de este siglo; sin embargo, se mantiene desde el año 2013 una tasa entre 23 y 30 muertos anuales por cada cien mil habitantes. Tal comportamiento, no modificado substancialmente con el acuerdo con las Farc, se explica por el poder de organizaciones delincuenciales dedicadas a las rentas criminales; la persistencia de grupos de delincuencia común y problemas de convivencia. Un pequeño grupo de ciudades: Tumaco, Buenaventura, Palmira, Bello y Medellín, concentran la mayoría de asesinatos. En las primeras confluyen precariedades institucionales, captura criminal de la política y la activa presencia del narcotráfico, que han impedido modificar una tendencia de varios años en crecimiento de la criminalidad. No ha sido así en Medellín.

Estas son las tendencias del homicidio en Colombia, en la última década (Convenciones en el anterior gráfico)

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Entre las grandes capitales del país (ver gráfico), Medellín es la única que desde 2016 sufre un crecimiento consistente de la tasa de homicidios, un proceso que quebró la tendencia de reducción progresiva de victimización que venía desde 2011. Este aumento ha hecho que en 2018, por primera vez desde 2014, la percepción ciudadana medida por Medellín Cómo Vamos, haya puesto la inseguridad entre las primeras cinco causas de preocupación ciudadana.

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Este crecimiento de muertes, la mayoría de hombres jóvenes y perpetradas por hombres jóvenes ha coincidido con el abandono por el Gobierno Municipal de un enfoque que se empezó a construir en los años 90, con la presencia de la Consejería Presidencial para Medellín, se oficializó en la Política Pública de Seguridad y Convivencia (acuerdo 21 de 2015) y hoy es reconocido por instituciones como el Banco Mundial como el multidimensional e integral que se necesita para gestionar la defensa de la vida y la seguridad en las ciudades.

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La política pública que la Alcaldía abandonó y el Concejo que la aprobó no ha vigilado se construyó con amplia participación ciudadana, cooperación internacional (de la Unodc) y apoyo académico (de Eafit). En ella se reconoció la integralidad de los conceptos de seguridad humana (ausencia de percepción de riesgo) y convivencia (posibilidades de vida en sociedad). Consecuencia de un enfoque que comprometió a la Administración durante varios años, la tasa de homicidios bajó progresivamente del 86,34 que estuvo en 2011 al 20 en que cerró el 2015. Ello gracias a la decisión de enfocar la acción del Estado no en lo represivo sino en cuatro ejes en que las instituciones y la ciudadanía han de actuar complementariamente: Derechos Humanos, declarando y defendiendo su universalidad; Equidad de género, en el entendido de que la mujer es víctima de múltiples agresiones en razón de su género; Población, dando prelación a los jóvenes como grupo en riesgo, y Territorio, destacando el imperativo de incluir a sectores fragmentados y segregados. Pretende el enfoque que se propuso rigiera hasta 2025, forjar tejidos de vida en la ciudad, acción posible gracias a avances, aún precarios, pero avances, de la legitimidad de las instituciones entre los habitantes. Estas acciones sacaron a Medellín de la lista de 50 ciudades más violentas del mundo, en la que permaneció varias décadas.

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A cambio de esta política, en el gobierno del alcalde Gutiérrez se optó por dejar la gestión de la seguridad en manos de una sola persona, el funcionario alcalde de Medellín; por relegar la otrora muy importante oficina de Derechos Humanos a una secretaría donde perdió incidencia en la interacción con la Fuerza Pública y los órganos de control, y por renunciar a la inversión estratégica en desarrollo social (educación, cultura, espacio público, oportunidades) y contra la pobreza (apoyo integral a las familias) para orientarse a actuaciones asistencialistas que han llegado acompañadas de la discriminación de los ciudadanos, promulgada con un lenguaje en el que es difícil saber si el Gobierno Municipal concede igualdad y dignidad a todos los habitantes de Medellín o si acepta desechar a algunos. Mientras se toman y se defienden estas decisiones, a más de los errores en la designación del primer secretario de Seguridad, en Medellín aumentan las muertes violentas al punto de que el pasado 15 de abril la tasa de homicidios había llegado a 27,55, cifra que pone a la ciudapor encima del promedio de Colombia, México y apenas por debajo de Belice en ese índice de la vergüenza.

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