Colombia está de luto por el atentado contra la Escuela General Santander, con el que el Eln cegó las vidas de 20 jóvenes aspirantes a servir a sus países (Colombia, Ecuador, Panamá) como integrantes de sus policías, y del terrorista conductor del vehículo cargado con 80 kilos de pentolita. Y está dolida e indignada por la intención del “Grupo armado terrorista” -como con exactitud lo está definiendo el Gobierno Nacional- de explotar un carro bomba contra la majestuosa ceremonia de grado de oficiales y suboficiales de la Policía, en la que se reunirían los nuevos servidores públicos, sus familias, y los mandos de esa fuerza civil. Sumamos nuestra voz decidida y acciones firmes a los homenajes a las vidas sacrificadas y las demandas por justicia para las víctimas y la institución afectada.

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Sea este momento de dolor el justo para tributar honores y solidaridad a los policías y la institución que en los más de 50 años de conflicto armado y de narcoterrorismo han sufrido la muerte de miles de sus miembros consagrados a la protección de la vida de los colombianos, la democracia y el territorio, amenazados por guerrillas, paramilitares, organizaciones narcotraficantes y delincuentes comunes.

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El alma del Eln ha quedado en evidencia en las intenciones de este ataque contra miembros indefensos de esta fuerza civil armada, y contra la población civil que los iba a acompañar en un jubiloso momento de sus vidas profesionales. El descubrimiento de sus verdaderos propósitos de guerra demanda serenidad y firmeza para declarar como inexplicable, y mucho más como injustificable, cualquier sueño, interés, ideología, que pretenda imponerse a costa de vidas hermanas, como son las sacrificadas de cadetes colombianos, ecuatorianos y panameños. Reconocer la inaceptabilidad del sacrificio humano conlleva, por supuesto, negar a quienes apelan a tan ruin práctica, la calidad de interlocutor legítimo de las instituciones forjadas para la defensa y protección de los derechos humanos. La situación exige, entonces, negar al Eln la condición de contraparte en una negociación por la paz de Colombia, como lo ha hecho el Estado colombiano en cabeza del presidente Iván Duque.

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El cierre de la mesa de negociación, anunciado por el presidente en forma tácita cuando informó de su decisión de levantar la suspensión de las órdenes de captura a los negociadores y de las condiciones para su permanencia en Cuba, es una decisión justa para la magnitud del terrorismo en el que el Eln ha persistido desde el pasado agosto, a pesar de que el doctor Duque anunció desde su posesión su determinación de “someter a evaluación” el proceso de negociaciones que durante 17 meses había adelantado el gobierno Santos con ese grupo. Por encima de lo infructuoso del proceso, del compromiso de detenerlo y de las expectativas de la mayoría de quienes lo votaron para que hiciera necesarias rectificaciones en el acuerdo con las Farc y la negociación con el Eln, el presidente Duque mantuvo abierta, aunque suspendida, la mesa de diálogo y su expectativa porque ese grupo aceptara entregar 16 secuestrados, cesar los ataques a la población y poner fin al sinnúmero de atentados contra los oleoductos. Ante la tragedia del jueves, el Gobierno está obligado a atender el mandato constitucional de defender vida, honra y bienes, así como de actuar conforme a sus promesas de campaña.

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Habiendo dado la orden de levantar la suspensión de las órdenes internacionales de captura contra los jefes del Eln, y habiendo recibido de la cancillería de Cuba la respuesta de que activará los protocolos considerados en caso de presentarse tal situación, el Estado se enfrenta a las obligaciones de recuperar para la vida y la democracia el control de las regiones donde se campea el fortalecido Eln, en especial Chocó, Arauca y el Catatumbo; de contener las células urbanas de esa organización y detener su infiltración en importantes instituciones, y de hacer justicia a las víctimas, actuando para todo ello bajo el más estricto respeto por los Derechos Humanos. Este paso le exigirá grandes esfuerzos y sacrificios, dados el debilitamiento de las políticas de seguridad e instituciones responsables de ejecutarlas, como se demuestra en el simple hecho de la desaparición de los instrumentos de seguimiento y formación de estadísticas sobre el terrorismo y sus consecuencias en el país.

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Para actuar como lo exige el momento, el Estado merece la confianza y la consecuente solidaridad de la ciudadanía en su empeño por derrotar al terrorismo, así como el respaldo de la comunidad internacional, que no debería prestar los países para que sean guarida de responsables de estos crímenes de lesa humanidad o de guerra y que está llamada a denunciar y aislar a las naciones que, violando el derecho internacional, insisten en aliarse con esa clase de grupos.