A propósito del Primer seminario de gerencia de riesgos en proyectos de ingeniería y arquitectura que la SAI celebrará esta semana en Medellín, considero pertinente hacer una reflexión sobre lo que ha sido la política de prevención, mitigación y atención de desastres en Colombia, así como empezar a analizar el Proyecto del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 (PPND), elaborado por el Gobierno Nacional y que será presentado para su discusión y aprobación al Congreso Nacional durante la presente legislatura.

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La Gestión del Riesgo se define como el “Conjunto de procesos sociales, políticos y administrativos, entre otros, que intentan reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos que comprometan vidas, bienes públicos y privados, ecosistemas y estabilidad político-administrativa del entorno social. Se trata de políticas públicas, así como de acciones sociales o privadas encaminadas hacia: Prevención, mitigación, preparación, alerta, atención, rehabilitación, restauración o recuperación”.

Para empezar un poco de historia de la política de gestión del riesgo en nuestro país, que empezó a gestarse a partir del terremoto de Popayán en 1983 y que a raíz de la tragedia de Armero en 1984, mediante el Decreto Ley 919 de 1989 creó el Sistema Nacional para Prevención y Atención de Desastres (Snpad), hoy Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El Fenómeno Niña de 2010-2011 dio lugar al Decreto Ley 1523 de 2011 y la tragedia de Mocoa en 2017 originó la expedición del Decreto Ley 2245 del 2017, reglamentario de la Ley 1450 de 2011 y adicional del Decreto Ley 1076 de 2015. De lo anterior queda claro que se trata de una normatividad expedida a posteriori de los desastres, que coincide con lo que ha sido la gestión del riesgo en Colombia: nada, o muy poco, de prevención o de mitigación, sólo atención a las víctimas de las tragedias. La mayoría de las cerca de 25.000 muertes, causadas en Armero por la erupción del Nevado del Ruiz pudo haber sido evitada con un elemental sistema de alarmas, lo mismo que la tragedia del río Páez en 1994, la de Salgar en 2015 y la de Mocoa. Como escribíamos en 1994, después de la tragedia del Río Páez, el verdadero desastre ha ido el Snpad.

Según lo registra el PPND, el 85% de las afectaciones por desastres naturales ocurridos en el país entre 1998 y 2018 están relacionadas con avenidas torrenciales e inundaciones. En Colombia cerca de 6,7 millones de personas están expuestas a riesgos por inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales. Sólo el evento conocido como La Niña 2010-2011 le significó al país pérdidas económicas del orden del 2% del PIB.

El Cambio Climático predispone, cada vez más a la población y a la infraestructura a graves riesgos, relacionados, entre otros, con deslizamientos, avenidas torrenciales e inundaciones, que comprometen no sólo la vida de las poblaciones sino sus propiedades y, en todo, el desarrollo nacional. Aunque en las dos últimas décadas se ha avanzado en la identificación de los riesgos, en particular para el territorio donde se asienta la mayor parte de la población, todavía 400 municipios no cuentan con un Plan de Ordenamiento Territorial que incluya el riesgo por eventos naturales. El cambio climático exige mayores esfuerzos y acciones que deben ser extendidos, entre otros, hacia el cubrimiento de la infraestructura vial.

Entre 2014 y 2017 la inversión de la Nación y de las entidades territoriales en la gestión del riesgo fue de 11,3 billones de pesos, de los cuales el 74% se destinaron a la atención de los desastres, el 20% a reducción del riesgo, el 4% a la gobernanza y sólo el 2% a la prevención de los riesgos. Hacia este último objetivo se orienta la ponencia que presentaremos en el Primer Seminario de Gerencia de Riesgos, atrás referido.

Con el propósito de mejorar el conocimiento y la prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, el PPND propone los siguientes objetivos: (1) avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo; (2) asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático; (3) movilizar el financiamiento para la gestión del riesgo y la adaptación e incentivar la protección financiera ante desastres y (4) garantizar un manejo efectivo de desastres y la reconstrucción adaptada y resiliente. Si se logra priorizar el primer objetivo, la prevención y mitigación del riesgo tanto territorial como a la infraestructura, habremos dado un gran salto cualitativo en las políticas públicas que requiere, sobre todo, el escenario del cambio climático.

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Como lo anota un reciente comunicado de la SAI, los profesionales, empresas e instituciones responsables de las obras de infraestructura deben comprometerse con el estudio de los riesgos y la generación de conciencia sobre las responsabilidades que se deben asumir al desarrollar los proyectos de ingeniería y arquitectura. En suma, es urgente una educación en todos los niveles sociales en la cultura del riesgo, orientada esencialmente a la prevención y mitigación de los eventos catastróficos.