Mientras los líderes y voceros de opinión colombianos permanecen enzarzados en pequeñas batallas ideológicas, allende las fronteras parecen descuidar estratégicas guerras comerciales, que también son políticas, cuyas derrotas pueden costarle al país su sustentabilidad, la legalidad de su economía y el desarrollo equitativo de las zonas rurales más necesitadas de oportunidades en la economía legal, principalmente la exportadora. Ayer ocurrió con las luchas del banano por llegar en condiciones de igualdad a Europa, lo que podrá hacer desde 2020 tras ganar un duro pulso en la OMC (ver gráfico); hoy sucede con las amenazas de la Unión Europea al aceite de palma africana, producida en países tropicales, principalmente Indonesia, Malasia, Nigeria y Colombia, en ese orden.

El combate proteccionista de los europeos contra este aceite económico y saludable, utilizado en las industrias alimenticia, de biocombustibles y cosmética, se ha disfrazado, como es usual en las guerras imperiales de los europeos contra el mundo en desarrollo, con los ropajes del ambientalismo, el trabajo decente y la salud. Lo que viste el disfraz es el retroceso de productores de aceites dañinos, como el de soya o colza, o sumamente costosos, como el de girasol, para no hablar del de oliva. Lo más grave de la ocurrencia de esta bien orquestada guerra, en la que el Parlamento Europeo es lanza eficiente y siempre servil a los productores autóctonos necesitados de amparo, es que una victoria final, si llegare a ocurrir, se pagaría con onerosas cargas traducidas en mayores costos de producción y menores posibilidades de crecimiento de una agroindustria que en Colombia, particularmente, es promesa de bienestar, por su impacto social, económico y, particularmente, de construcción de legalidad en zonas amenazadas por la economía del narcotráfico y el conflicto interno.

Lea también: Las decisiones del G-20

El primer campo de batalla europeo contra el aceite de palma se ha tendido en el terreno alimentario. Los análisis científicos han demostrado que el aceite de palma es tan saludable, o riesgoso, como la mayoría de los aceites vegetales, además de que contiene nutrientes sumamente importantes, como la vitamina A, la vitamina E y los antioxidantes. Por encima de la ciencia, los parlamentarios europeos impusieron a la industria de alimentos el uso de una etiqueta anunciando que estos contenían aceite de palma; decisión revocada ya en Bélgica, tras fallo judicial de 2017. La importante victoria, ocurrida en la sede de la burocracia europea, no genera, sin embargo, tranquilidad porque no se desaten nuevas acciones contra el aceite de palma como materia prima de la industria alimenticia.

Le puede interesar: Banano: triunfo latinoamericano

Desde enero de 2018 avanza otra difícil batalla, que tiene una victoria temprana en el Parlamento Europeo y una importante contención en el Consejo de la UE. En efecto, el legislativo de la comunidad de 27 países definió en enero del año pasado restricciones de sostenibilidad y extensión de predios de cultivo para el aceite de palma para biocombustibles que fueran a ser utilizados en el continente europeo. Impulsada por los lobistas de las industrias aceiteras de ese continente que fueron validados por catorce voceros de ONG de once países productores en Asia, África y América Latina, la norma debería regir desde 2021. Existe la posibilidad, sin embargo, de que no pueda tener vigencia, pues en junio del pasado año, el Consejo Europeo incluyó los aceites de palma entre los biocombustibles a usar dentro de la política europea de energías renovables a implementar entre 2021 y 2030. Aunque Fedepalma ha demostrado que, a diferencia de lo que ocurre en Indonesia y Malasia, la siembra de palma africana en Colombia no ha contribuido a la deforestación del país, toda vez que el 91% de la producción ocurre en terrenos antes potrerizados, y que en muchos casos es de pequeños cultivadores, se ha denunciado que la vigencia de esa norma podría llegar a costarle al país cerca de 300 millones de euros anuales; un costo que pagarían zonas rurales necesitadas de inversiones legales.

Vea también: Negociación del TLC con la UE

La palma de aceite se siembra en 160 municipios de 21 departamentos, según Fedepalma. Su cultivo genera 170.794 empleos directos e indirectos, que contribuyen a la producción de 1’610.587 toneladas de aceite, de las cuales 679.119 son exportadas. La defensa de esa economía legal y contribuyente al país, que se ha de hacer ante la imperialista Unión Europea y la incierta Gran Bretaña post-Brexit, es una tarea superior que el Gobierno ha de emprender sin titubeos, toda vez que será una campaña por el libre comercio y el derecho al trabajo, que no puede ser sustituido por ayudas imperiales con las que los europeos, y demás países del primer mundo, pretenden ser cogobierno de las naciones proveedoras.

Lo invitamos a leer: El fin de la guerra del banano