Cinco años han pasado desde que el 4 de junio de 2013 comenzaron a ejecutarse las obras del tramo 2B de Metroplús en el municipio de Envigado, que consistían en la construcción de 1.100 metros de vía entre las calles 21 Sur y 29A Sur y que debían entregarse al servicio de la comunidad aproximadamente doce meses después. Una historia similar cuenta el tramo 2A, cuya ejecución comenzó en mayo de 2016 y, aunque debía entregarse en septiembre de 2017, esta es la hora en que el avance de las obras, según la empresa Metroplús S.A., alcanza el 92 %. Y aunque otros tramos como el de Sabaneta - Parque Inder y el de Santa María - Avenida de la Moda, en Itagüí, ya fueron terminados, el sistema de transporte no puede empezar a operar en el sur del valle de Aburrá hasta que todos los corredores estén concluidos, algo para lo que es prácticamente imposible dar una fecha.

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El mayor peso de esta demora lo carga el tramo 2B debido al litigio jurídico en que desembocó la defensa del llamado Túnel Verde por parte de los colectivos ambientalistas. Como se recordará, la construcción fue suspendida mediante sentencia SPO-136 del 11 de abril de 2014, emitida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y ratificada posteriormente por el Consejo de Estado ante la apelación de Metroplús S.A., en la cual se concedieron las pretensiones de una Acción Popular por la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano. En los casi diez meses en los cuales la empresa contratista, AIA S.A., pudo trabajar, se adelantó la adecuación de los andenes y las vías que no involucraban la tala de árboles, obras equivalentes a un 21 % de avance, incluidas, según la empresa, “pequeñas intervenciones arbóreas” como el trasplante de 33 árboles, el retiro de ocho y la siembra de 275 nuevos.

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Pero después de cuatro años de litigio todavía no hay claridad sobre las condiciones en las cuales las obras se puedan reanudar. Si bien el fallo del Consejo de Estado ofreció una oportunidad para solucionar el conflicto ante el cambio de la autoridad ambiental competente, que ahora es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las nuevas exigencias que esta le ha impuesto a la alcaldía de Envigado, y que fueron socializadas esta semana con la comunidad, no permiten anticipar ni siquiera la fecha en la cual la entidad pueda entregar la nueva licencia ambiental, requisito necesario para la reanudación de los trabajos.

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Según la información brindada por la Administración Municipal de Envigado, cuatro secretarías trabajan en requerimientos relacionados con el manejo forestal, el manejo de la fauna, el componente social y un componente de infraestructura, cuyo plazo de entrega vence el 30 de agosto. Y aunque estamos seguros de que tales requerimientos están fundados en los requisitos de ley que corresponden y que estamos de acuerdo en la urgencia de valorar, respetar y proteger el patrimonio arbóreo de la comunidad, vemos con inmensa preocupación cómo cada día de atraso en la entrada en operación del sistema masivo se fortalece el modelo opuesto, el de la atomización de la movilidad, en el que la gente compra cada vez más motos (con incrementos del 18% en lo corrido de este año, por ejemplo) y cada vez  más carros, alejando a la región del propósito de movilidad sostenible.

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Frente a los atrasos del tramo 2A, que se originaron en incumplimientos del contratista y en hallazgos arqueológicos que fue necesario gestionar a comienzos del presente año, cabe anotar que la Administración Municipal de Envigado ha tomado las medidas sancionatorias necesarias frente al contratista. Pese a la incertidumbre sobre el futuro del tramo 2B, que conecta con este, la urgencia de su terminación no pasa tanto por el afán de la entrada en operación del sistema, sino de aliviar el entorno de los vecinos de la obra, que aún siguen afectados por restricciones a la movilidad y al acceso de las personas a los establecimientos comerciales, situación que, tal como ocurrió durante la construcción de los tramos de la troncal de Medellín, ha afectado seriamente a los comerciantes, quienes esperan empezar cuanto antes a generar las ganancias que les permitan recuperar lo perdido.

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Expresamos nuestra preocupación por la demora tan prolongada en la culminación de estas obras, no solamente por los sobrecostos que las demoras suelen generar y porque hay recursos públicos invertidos, sino porque la región metropolitana no puede seguir aplazando la consolidación de su sistema masivo y sostenible de transporte. Este argumento en sí mismo debería haber servido hace tiempo para mitigar la cerrada oposición que ha sufrido la obra, pues en el mediano plazo es mucho más saludable para el ambiente la puesta en marcha del sistema de transporte que la circulación de una moto a un carro por cada habitante. Nuestro modelo de movilidad, insistimos, debe ser el que demande el uso de menos vehículos privados, más públicos y por ende, menos contaminación y más espacio para las personas.