Inmensas son las dificultades que se han venido presentando en nuestro país en materia gubernativa y política. Muchas fueron las expectativas que se crearon y las promesas que se hicieron con el ánimo de ganar el favor del pueblo colombiano y la verdad es que muy poco de todo ello se ha cumplido y ya empieza a sentirse que algo falla y los negativos efectos que han generado la carencia de una efectiva voluntad política para afrontar -con éxito- los retos y grandes desafíos que el país reclama respecto de ciertos asuntos que fueron la primordial razón de ser y el apalancamiento fundamental para el triunfo electoral logrado.

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La inconformidad y el descontento de significativos sectores ciudadanos no se dejan esperar, es evidente la zozobra social e, inclusive, la notoria insatisfacción de importantes sectores dirigenciales y políticos por el trato que se ha dado a temas tan sensibles y neurálgicos para la patria como la paz, seguridad ciudadana, el conflicto interno, las relaciones internacionales y, en especial, las confrontaciones por la situación venezolana, empiezan a generar grandes reacciones que hacen pensar que algo muy grave está sucediendo y que es necesario “enderezar” el camino o la posición frente a algunos temas so pena de que las cosas empeoren de manera dramática -como lo dijera el mismo ex presidente Uribe en alguna ocasión preocupado por la actitud asumida sobre algunos de estos temarios.

Por todo ello y fundamentalmente por la dificultad que ha tenido este gobierno de ponerse en sintonía con los grandes anhelos y expectativas ciudadanas, emerge en el escenario nacional el voto castigo, -como ciertamente aconteció en el pasado debate electoral- como un recurso que subyace en el inconsciente colectivo nacional, para restarle apoyo al partido gobernante en muchas de sus acciones, políticas y procesos. Es directamente el pueblo, quien ante tanto olvido y falta de concreción de las ejecuciones esperadas, reacciona respaldando opciones distintas, en la esperanza de que ello sirva para ayudar a cambiar el rumbo de los desaciertos encontrados en el proceso gubernamental reinante. Véase como en muchos territorios, a pesar de los esfuerzos realizados para evitarlo, ganaron las elecciones alternativas muy distintas a las esperadas por los gobiernos de turno. Ello es propio de la sabiduría popular puesta en marcha ante la comprobada negligencia y descuido de sus tradicionales gobernantes.

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Nunca habíamos visto, por lo menos en la historia reciente del país, que la mayoría de los partidos políticos con asiento en el congreso, objetaran con tanta vehemencia la gestión gubernamental en cabeza de una de las carteras ministeriales más sobresalientes de nuestro actual sistema político. La Moción de Censura-rechazo, en nuestra democracia caracterizada por la conformación de un Poder Público de orden presidencialista; es decir, con un régimen presidencial con gran influencia y supremacía sobre las demás ramas del poder, a pesar de que llegó con la constitución del 91, jamás en Colombia se había utilizado esa forma de control político. Es apenas ahora, ante todo lo que ha acontecido contrario al querer de las mayorías ciudadanas y parlamentarias que se empieza a ejercitar la hasta ahora exótica figura de la Moción de Censura. Es tanta la gravedad del asunto que ni ese gran poder concentrado en un ejecutivo con atribuciones superiores -casi omnímodas- a las demás ramas, pudo atajar la renuncia que como consecuencia del trámite de una censura se ha producido en una de las carteras más influyentes de la Administración en nuestro país, abriendo -con ello- un inmenso boquete para que en el futuro ello siga ocurriendo, como la única forma de hacer entender al ejecutivo que no de otra forma ha podido ver y rectificar los errores cometidos con su testarudez y apasionamiento frente al trato y cuidado que debe imprimir a los complejos asuntos que hoy llaman la atención de la vida nacional, para atender y corregir el rumbo que debe darse a la Colombia que quiere y necesita asumir -con seriedad y objetividad- los serios y novedosos desafíos que se tienen en materia social, económica y política como en la lucha que hay que librar inaplazablemente contra la nefasta ola de corrupción y criminalidad que carcomen nuestras instituciones, sin que hasta el momento nadie haya podido hacer algo serio y efectivo para evitarlo.