Sí, parece una obviedad pero las cifras que presentó la Personería de Medellín en su informe anual de Derechos Humanos para 2018 dejan ver que es un asunto al que no le hemos puesto el suficiente cuidado como sociedad. Según ese informe, 3.715 menores fueron víctimas de explotación sexual y comercial, mientras que 1.851 sufrieron algún tipo de violencia sexual. Datos escalofriantes que no pueden pasar desapercibidos, porque más que estadísticas hablamos de tragedias que les ocurren a chicos, la mayoría entre 6 y 11 años, al lado nuestro, en nuestro entorno.

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Y dice la Personería que también creció en esta ciudad el abuso a niñas entre 12 y 17 años, que en 2018 tuvo un registro de 1.580 casos. Un asunto que además tiene que ver con la violencia de género, con la discriminación y el menosprecio, con la continuidad de los patrones de comportamiento basados en el machismo y la idea de que ellas están para satisfacernos. Una realidad que según el informe, lejos de superar, parecemos condenados a repetir y repetir, y que cada año va en aumento, es decir se hace más grave.

Además, como ya hemos dicho en esta columna y reseñan a diario los medios, los menores siguen siendo víctimas de reclutamiento forzado, de utilización por parte de diversos actores ilegales, de violencia intrafamiliar, de discriminación por diversos asuntos. Con ellos, nuestra sociedad enferma repite una y mil veces las tantas formas que tiene de hacer daño y destruir, de sembrar angustia, dolor, desesperanza. Y casi todo ocurre a la luz del día, ante la mirada indiferente de muchos.

Claro, es cierto también que la ciudad ha hecho esfuerzos en las últimas décadas para mejorar las condiciones de protección de los menores y para ofrecerles alternativas. Pero no siempre esos esfuerzos se mantienen en el tiempo y casi nunca son suficientes, sobre todo porque hace falta una urdimbre de organizaciones sociales que ayuden a amarrar el tejido social para que cada vez dependa menos de la voluntad y los afanes propios de las administraciones de turno. Se echa en falta por ejemplo el aporte de la Consejería Presidencial para Medellín que logró sintonizar su trabajo con organizaciones sociales como Región, Fundación Social, el IPC, Surgir y otras barriales que nos mostraron caminos más optimistas y posibles como aquellos que reflejaban en la serie de televisión “Muchachos a lo bien” o en las primeras versiones de “Arriba mi barrio”.

Más cercanos en el tiempo, programas como Buen Comienzo o Maná, son luz de esperanza en la protección de los menores, pero tampoco son suficientes o cuando menos su acción aún no refleja un cambio de mentalidad que nos permita pensar que el maltrato infantil o familiar está superado. Todavía no es historia aquello de que “la letra con sangre entra” o la idea de que el más fuerte es el que más duro habla o el que primero pega. Falta mucho trabajo en educación, mucho esfuerzo para consolidar modelos distintos de ciudadanía y, hay que decirlo, falta que el aparato judicial funcione mejor para sancionar a los abusadores y a los maltratadores. No solo para que cada uno reciba el castigo por sus faltas, sino para que cada condena sirva también como disuasión a otros.

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También es menester que como sociedad cambiemos algunos paradigmas desde los que expresamos formas de ver el mundo, a través del humor, a través de la importancia y figuración que les damos a las posturas de algunos, el eco que hacemos de comentarios o señalamientos, que casi sin advertirlo vamos ayudando a reproducir modelos no deseados. Patrones de comportamiento basados en la diferencia no como oportunidad para identificarnos y crecer, sino como elemento para discriminar y abusar, en los que ser minoría o ser menor, se traduce en ser vulnerable.

Por eso, la protección de niños, niñas y adolescentes no es un asunto menor y nos corresponde a todos. Y cuanto más indefensos más nos necesitan, nada nos excusa como sociedad para mirar hacia otro lado.