La reincorporación a la sociedad civil de los exmiembros de las Farc armadas, es un reto importante cuya atención pública se diluye por la avalancha de asuntos mediáticos que copan la atención diaria del Gobierno Nacional y los medios de comunicación. Cerca de 8.000 personas hicieron entrega de sus armas y se concentraron en unos precarios lugares a la espera de un futuro más amable que la rutina vivida en la selva, merced a las bondades, supuestas o no, de los acuerdos suscritos con la dirigencia de la guerrilla más virulenta en los últimos 60 años de Colombia. Su suerte importa más afuera que adentro del país.  

Lea también: El año de la crisis del Estado

La Revista Zero de la Universidad Externado de Colombia acaba de publicar Reincorporación de las Farc-EP: ¿innovación posconflicto o más de lo mismo? donde se concluye: además de la falta de una ruta, al 1.° de octubre de 2017 aún faltaba afiliar alrededor de 1.450 desmovilizados al sistema de salud, tan solo 3.500 (31 % de los 11.284) estaban inscritos en programas académicos, 3.840 (34 % de los 11.284) estaban afiliados a pensión y aún más de 1.100 exguerrilleros no habían recibido su asignación única de normalización tras haber dejado las armas.

Los reclamos por los incumplimientos oficiales son vox populi.  

Estamos hablando de la tropa rasa de las Farc, beneficiaria de la amnistía ofrecida por el gobierno central, alrededor de la cual hay más consensos que disensos políticos, a diferencia de lo que ocurre con la dirigencia. Esos miles de hombres y mujeres con experiencia en las actividades marciales, capaces de actuar con disciplina y de arropar un fusil con banderas aparentemente altruistas y de beneficio general, pueden ser protagonistas positivos del liderazgo campesino, transformador del campo, o carne de cañón para alimentar otras estructuras armadas nutridas de las rentas ilegales que proliferan en vastos territorios de Colombia, consecuencia de la impotencia e incapacidad del Estado para cumplir sus obligaciones acordes con los mandatos de la Constitución del 91.

Parece que las manifestaciones de buena voluntad de los exguerrilleros sobre su decisión de no regresar jamás al monte en armas, nos entran por un oído y nos salen por el otro. De allí la indiferencia general sobre el destino de estas personas. Jugamos con candela.

Ahora bien, desarrollar un efectivo proceso de reincorporación de los desmovilizados no es solo materializar los compromisos contraídos y suscritos. Hoy hemos aprendido de ejercicios de reinserción anteriores, que, ante todo, no es un proceso individual, sino colectivo, en el cual los entornos sociales son cruciales para garantizar que efectivamente la dejación de las armas sea un gana gana general. Al mismo tiempo que a estas personas se les tiende la mano con oportunidades en lo laboral, social o salud, se debe procurar que en la sociedad no prevalezcan la estigmatización y la discriminación por su condición de exguerrilleros. No de otra manera puede concebirse la inclusión y el salto social que implica superar un largo y degradado conflicto armado.

Lo invitamos a leer: las disidencias como una opción

Si el Gobierno Nacional ha sido incapaz de mejorar las coberturas prometidas en educación, salud y proyectos productivos, qué diremos de otros componentes trascendentales de la reincorporación como ampliar la presencia institucional integral en los territorios hasta hace poco dominados por las Farc y proteger la vida y la integridad de los excombatientes, los lideres sociales y los pobladores en general. La presencia integral de la institucionalidad, tan extrañada por décadas en vastos territorios, debe ser para reemplazar la autoridad que antes ejercían los farianos, atender las necesidades no satisfechas de los pobladores y ofrecer la seguridad ciudadana que brilló por su ausencia. Es toda una revolución democrática, dentro del capitalismo, sin ningún viso de castro chavismo, ausente en los discursos de todos los candidatos presidenciales.