Entre las propuestas de gobierno que llevaron al Partido Liberal a ganar de manera contundente las elecciones federales de octubre de 2015 en Canadá, la de legalizar la marihuana era una de las más polémicas. Y aunque el partido del primer ministro Justin Trudeau alcanzó las mayorías en la Cámara de los Comunes y en el Senado, las objeciones hechas al proyecto de ley con el cual el Gobierno se propuso cumplir su promesa de campaña, han ido retrasando el avance de la iniciativa, que ya no podrá ponerse en vigencia el 1 de julio, Día Nacional de Canadá, como era el sueño de Trudeau, sino que se dilatará hasta agosto, después del receso legislativo. Pese a las demoras, es prácticamente un hecho que el cannabis será legal por primera vez en un país industrializado, un hecho que debe poner sobre la mesa en el ámbito mundial la legalización como forma de regular el consumo, reducir los riesgos sanitarios y, sobre todo, erradicar la venta ilícita que alimenta la espiral violenta asociada al narcotráfico.

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El debate de la semana pasada en el Senado, en el que se esperaba la aprobación del proyecto de ley, dejó 46 propuestas de enmienda al texto original, lo que obliga a devolver el texto a la Cámara de los Comunes para su aprobación, tras lo cual el Senado tendrá que realizar una votación final. Dado el poderío liberal en el Parlamento el debate no se centrará en la legalización como tal sino en aspectos muy puntuales, tales como el grado de autonomía que tendrán las provincias para prohibir los cultivos domésticos, la edad mínima de consumo, la aprobación o no de artículos promocionales relativos al cannabis o el manejo de los registros públicos de proveedores. Tales asuntos pueden poner a prueba la histórica conformidad del Senado (cuando el proyecto de ley regrese a sus manos) ante lo aprobado por Los Comunes, aunque al final de los debates el hecho cierto será un programa de legalización cuyo énfasis estará en la salud pública.

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Aunque no será el primer país en legalizar la marihuana, pues Uruguay ya lo hizo hace un año y en varios estados de los Estados Unidos también es permitido su uso con fines recreativos, que sea un país miembro del G7 el que tome esa vía es positivo por cuanto marca un camino hacia la legalización en un entorno de educación, prevención y acompañamiento a las poblaciones vulnerables a las adicciones, en el cual las motivaciones para el consumo pueden ser detectadas y debidamente afrontadas desde el sistema de salud, de modo que el uso termina siendo una decisión mucho más informada y autónoma antes que una vía de escape.

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Hemos defendido que la iniciativa de la legalización debe ser un asunto global y concertado entre los países productores y los consumidores si se quiere realmente golpear la inmensa rentabilidad del tráfico ilegal. Es evidente que el debate va ganando terreno, pero en contra del escenario ideal, en el que los recursos invertidos en la represión del consumo se destinen por igual a la prevención y a la regulación del uso de las sustancias que se consideren no adictivas o que no generen mayores daños en el organismo que los que generan las materias reguladas hoy día como el tabaco y el alcohol, juega el hecho de que no todos los países cuentan con las condiciones económicas y políticas que permitan garantizar que tal inversión se materialice. En ese sentido, la legalización en Canadá puede funcionar mientras que en Colombia, donde apenas se ha abierto el camino hacia los usos terapéuticos del cannabis, abrir las puertas a la plena despenalización del consumo de la marihuana en los momentos actuales podría tener el efecto perverso de convertirse en la puerta de entrada hacia otras drogas mucho más dañinas, adictivas y generadoras de violencia para los potenciales consumidores.

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Si otros estados miembros del G7, otros países en vías de desarrollo e instancias internacionales de concertación abordan la discusión de librar la guerra contra esta droga desde una perspectiva menos demandante en términos de vidas en riesgo, recursos económicos comprometidos y amenazas a la salud pública, no cabe duda de que nuestro país tendría que adoptar las medidas necesarias para sumarse a la nueva tendencia, en la cual se libraría a los países de las cargas enormes que hasta ahora han debido llevar, lo que les permitiría orientar mejor sus esfuerzos hacia el esquema de prevención y regulación que, a nuestro modo de ver, pondría el foco en el ser humano, en sus necesidades insatisfechas, en las patologías sociales que afectan su comportamiento y, a la postre, fortalecería su autonomía, lo que redundaría en una sociedad mucho más libre y consciente. Canadá ha trazado un camino que vale la pena conocer. Su experiencia nos puede mostrar cómo y cuándo empezar a transitarlo.