La seguridad nacional está a la orden del día. Tenemos derecho a defender nuestra democracia. Y esto requiere de los recursos que sean necesarios.
Algunos piensan que la seguridad nacional es equivalente a la represión generalizada de los ciudadanos, y que, por tanto, es un arma de dominación sobre el pueblo, una forma de mantenerlo oprimido, ejercida por una minoría de plutócratas. Otros (o los mismos que se identifican con el planteamiento anterior), piensan que garantizarla, entra en contradicción con derechos como la educación y la salud, y extraen la conclusión de que el estado no debe invertir para garantizarla, o, debe hacerlo, con menos recursos que los destinados a aquellas. ¿Qué tanto de verdad tienen esas opiniones? ¿Son verdades absolutas? Depende. Veamos:
La seguridad nacional no es un valor que pueda ser despreciado o subestimado. Es un hecho que toda sociedad tiene, dentro del territorio que posee, una forma de gobierno, en el que una minoría ejerce dominio sobre la mayoría por medio del uso de la fuerza, que incluye la violencia. Para hacerlo, constituye un aparato especializado en esta tarea, cuyo objetivo es evitar que quienes detentan el poder, lo pierdan a manos de grupos que resisten, por las razones que sean. Y también establece dicho aparato para impedir intervenciones externas, o, realizarlas, también, por las razones que sean. El conjunto de las instituciones que lo componen, son las fuerzas de seguridad; y las justificaciones que dan, explícitas o implícitas, de su existencia y de sus acciones, son lo que llamaré, las políticas de seguridad de esa forma de gobierno.
En el mundo contemporáneo, la seguridad nacional atañe a la prevención y eliminación de amenazas en los campos de la Defensa interna y externa, la lucha contra el terrorismo, el mantenimiento de la ciberseguridad, las actividades de contrainteligencia, etc. Pero, además, se relaciona con la protección de la economía, las fuentes y la producción de energía, las infraestructuras críticas, así como de las políticas de inmigración y seguridad marítima, entre otras (http://www.iniseg.es/blog/seguridad/la-seguridad-nacional/).
He dicho que todas las formas de gobierno (reinado, principado, republica, etc.), que ahora se denominan estados, tienen un aparto de seguridad y una justificación de los mismos, para garantizar el ejercicio del poder de una minoría sobre una mayoría; igualmente, para enfrentar las relaciones con sus vecinos y el resto de la comunidad internacional, en este tipo de relaciones, la cual denominé “política de seguridad nacional”, la cual se formula de acuerdo con el análisis que haga de “las amenazas de su entorno, su posición geográfica, intereses económicos, militares y sociales” (Ibid.).
Ahora bien, la mayoría de los habitantes de un Estado puede aceptar voluntariamente el dominio. En este caso, se dice que aquel es una forma de gobierno legítima, y, en consecuencia, la doctrina y el aparato de seguridad también lo son.
Hay otras, sin embargo, en las que la dominación se ejerce contra la voluntad de sus habitantes, e incluso, restringiendo y hasta eliminando sus derechos humanos; carecen, entonces, de legitimidad interna. Además, ocurre que, en muchas ocasiones esos estados agreden a los vecinos si no comparten su destino, o, la comunidad internacional condena el tratamiento que dichos estados dan a sus propios ciudadanos. Carecen, en las dos situaciones, de legitimidad internacional. Venezuela es el caso típico más cercano a nosotros y que nos atañe directamente.
Ahora bien, las sociedades democráticas liberales se caracterizan a) porque los ciudadanos eligen democráticamente a quienes los gobiernan -ejercen el dominio- según reglas estrictas de procedimiento, con el objeto de garantizar sus derechos individuales para fomentar su bienestar y la vida digna; b) porque tienen un modelo de economía de mercado, y c) porque no interviene arbitrariamente en los asuntos de otros estados. En ese contexto, la seguridad es uno de estos derechos, porque si el estado no controla el uso de la violencia ejercida por él mismo, o por particulares, sean personas o grupos, los ciudadanos no podrán ejercer sus derechos y libertades. Y si las fuerzas de seguridad no cuidasen las fronteras y evitasen agresiones externas, tampoco podrían ser cultivados por los individuos de la comunidad política dichos derechos y libertades.
En consecuencia, en caso de grave amenaza interna o externa contra la seguridad nacional en un estado democrático, los recursos para esta deben ser los que se necesiten para asegurar la supervivencia del estado. En un caso de máxima tensión, como la que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, las democracias volcaron todos sus esfuerzos a la defensa nacional porque el enemigo, que había convertido su economía en una economía de guerra, amenazaba destruirlos. Y de ese ejemplo -entre los millones que hay- se sigue un corolario: no es inteligente; es más, es una estupidez, no destinar los recursos necesarios para la defensa nacional, porque si no se hace, los otros valores -derechos- democráticos se pierden.
En Colombia existe la amenaza interna de distintos grupos armados narcotraficantes, que, independientemente de cómo se identifiquen a sí mismos, practican el terrorismo y ejercen dominio territorial y control sobre muchas personas, a las que les violan sus derechos; por su cantidad y extensión, son una amenaza vigente y creciente para la seguridad interna.
Estos grupos están vinculados con el gobierno de Venezuela, con el que tienen negocios, reciben protección y utilizan su territorio como retaguardia estratégica. La inmigración a Colombia, en virtud de la catastrófica crisis humanitaria que tiene el país hermano - como consecuencia del despiadado tratamiento que le da el gobierno de Maduro a sus ciudadanos, a los que tiene sometidos a una represión brutal, al hambre, que raya con la hambruna y a la falta de todo tipo de recursos en salud, para mencionar sólo esos aspectos- nos está afectando gravemente. Y no menos grave es la amenaza militar que continuamente se hace desde allí contra nuestro país, que tiene unas fuerzas de seguridad que no podrían resistir un bombardeo a sus centros de producción o a su infraestructura, y que tiene una quinta columna en los autodenominados grupos guerrilleros.
En este escenario, la seguridad nacional está a la orden del día. Tenemos derecho a defender nuestra democracia. Y esto requiere de los recursos que sean necesarios, porque de lo contrario, seremos un estado inviable a causa del narcotráfico y la violencia que genera; o uno invadido, destruido y “madurizado”.
En Colombia, ya el presupuesto para la educación supera al de defensa, aunque es claramente mejorable; y la cobertura en salud, a pesar de todos sus problemas, es abarcante y se está tratando de mejorar en calidad. En estas circunstancias, los rubros para estos ítems no tienen que competir, simplemente hay que entregar los recursos que se requieran, para la defensa nacional, en los ámbitos interno y externo, dentro de un plan que sea razonable, sin afectar, y mejorando, en la medida de lo posible, también dentro de lo razonable, los de educación y salud.
La seguridad nacional no debería estar en discusión. No atender las necesidades, es la mejor manera de acabar con nuestra democracia. Eso lo saben los que quieren derrotarla aquí y en el exterior.
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