Julián Moreno Parra*

En términos generales, los pactos responden a un proceso de concertación entre representantes de varios sectores de la sociedad que se reúnen con el firme propósito de establecer acuerdos. Esto quiere decir que el diálogo orientado hacia la concertación y la amplia participación definen los avances en lo pactado y el alcance que tendrán los acuerdos logrados.

En nuestra historia reciente contamos con pactos sociales a los que hemos llegado después de más de cinco décadas de conflictos y miles de vidas perdidas y, en el caso del sector educativo, después de repetidas jornadas de paros laborales de maestros.

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, nos preguntamos por las razones que nos llevaron a convertirnos en un país en el que por generaciones profundizamos en conflictos, sin llegar a acuerdos que nos permitan resolverlos, tal vez porque nos convencimos de que la única solución posible es esperar a que una de las partes en disputa ceda en sus posiciones en algún momento. Con este acuerdo, aprendimos sobre la importancia de apoyar y fortalecer mecanismos de concertación social para no repetir historias de barbarie, y así construir juntos la sociedad en la que queremos vivir y en especial la educación que queremos para nuestras generaciones actuales y venideras.

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Con un ánimo similar y con el objetivo de movilizar a los diferentes actores de la sociedad en la planeación del desarrollo educativo a diferentes escalas (nacional, departamental, distrital, municipal e institucional), en su momento la Ley General de Educación de 1994, inspirada por la Constitución Política de 1991, aseguró la oportunidad de crear Planes Nacionales Decenales de Educación.

Desde que el primer Plan Nacional Decenal de Educación (Pnde) fue apoyado en 1995 por diversas organizaciones de la sociedad civil, algunos departamentos y municipios apostaron por este mecanismo de construcción colectiva de política pública, convirtiéndolo en una de las mejores estrategias para comprometer al Estado y a la ciudadanía con la educación, y alcanzar importantes acuerdos para su garantía en el país. Por ejemplo, las experiencias del “Pacto por la Educación Santander 2030” y “Plan Decenal de Educación Distrital de Barranquilla 2016-2026”, además de las que se alistan en Medellín y Cali, muestran cómo, al proponerse una amplia participación ciudadana y de concertación en torno a la educación que queremos, se involucran más sectores de la sociedad en el desarrollo educativo de las regiones y se proyectan mejores intercambios de recursos y capacidades para enfrentar los retos educativos de cada territorio.

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Sin desconocer las dificultades para alcanzar sus propósitos y cumplir con lo acordado en los dos primeros Pnde (1996-2005 y 2006-20016), y a punto de formular un tercer plan, nos enfrentamos al desafío de volver a ser partícipes, de apoyar la integración de aquellos sectores que fueron excluidos en las anteriores iniciativas y de mantener activo el horizonte de concertación pese a las diferencias que, en principio, parecieran irreconciliables.

En esto consiste nuestra tercera oportunidad: en contribuir desde la sociedad civil para que las instituciones del Estado y demás sectores involucrados con la educación del país reconozcan las propuestas de cada territorio, comprometan a un número mayor de organizaciones con su desarrollo y mejoren los mecanismos institucionales para liderar el cumplimiento y seguimiento de lo pactado. De esta manera, lograremos durante los próximos diez años hacer realidad los retos propuestos para este tercer pacto social por la educación, entre los que destacamos: garantizar el derecho a la educación con calidad, crear un sistema educativo articulado y construir una política pública de formación para docentes y directivos, que redunde en últimas en una sociedad más justa y equitativa.

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* Asesor en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.