La entrega del instrumento ambiental a tres asociaciones de Buriticá llegó después de cuatro años de trabajo articulado entre los pequeños mineros, la multinacional Continental Gold, la gobernación de Antioquia, Corantioquia y el ministerio de Minas y Energía.
Durante la entrega de las licencias ambientales: William Oliveros (Los Naranjos), Héctor Flórez (Higabra), Mateo Restrepo, presidente Continental Gold; Dora Balbin, secretaria de mina
Cuando en 2010 corrió el rumor de que en Buriticá salía oro donde se picara, una legión de hombres y mujeres empezaron a llegar a las montañas de ese municipio del Occidente de Antioquia atraídos por la fiebre del oro.
La multinacional canadiense Continental Gold había reportado por esos días los hallazgos de sus exploraciones, según los cuales las vetas Sur y Yaraguá guardaban reservas por 3,7 millones de onzas de oro de alto tenor.
Gentes del Nordeste antioqueño, epicentro minero del departamento, fueron las primeras en llegar, pero también vinieron de otras subregiones. Y con ellas llegaron las malas prácticas y las patologías sociales que rodean esta actividad cuando se hace de manera informal o ilegal, como la drogadicción, la prostitución, las riñas y el consumo excesivo de alcohol.
Mientras las autoridades avanzaban en el control policial que la situación ameritaba, Buriticá se convirtió también en el lugar ideal para que el Gobierno y la compañía propietaria del título minero, empezaran a implementar en 2014 los incentivos para la formalización, una política con la cual el Ejecutivo buscaba controlar la extracción ilegal de minerales y el uso indiscriminado de mercurio.
Cuatro años después, luego de un trabajo decidido y no exento de dificultades por la amenaza de los actores armados asociados a la extracción ilegal, ocho asociaciones mineras de Buriticá siguen adelante en su camino hacia la formalización empresarial y tres de ellas, Sakae, Higabra y El Naranjo Gold Mine, obtuvieron a finales de agosto su licencia ambiental, un hecho sin precedentes que demuestra la solidez del proceso de formalización iniciado en Antioquia.
“Se trata de las tres primeras, de 88 asociaciones mineras que hay en el país, que obtienen licencia ambiental”, explicó la viceministra de Minas, Carolina Rojas Hayes, durante la entrega de los instrumentos ambientales, la semana pasada en la Gobernación de Antioquia.
El concepto de formalización minera está consignado en la Ley 1658 de 2013 que regula la comercialización y uso del mercurio. Posteriormente, en el Plan de Desarrollo, Ley 1753 de 2015, se establecieron los mecanismos de formalización con el fin de que la pequeña minería pudiera trabajar bajo el amparo de un título minero. Tal normatividad fue desarrollada por el Ministerio de Minas y Energía y consignada en un Plan de Acción de Formalización que apuntaba a que los pequeños mineros cumplieran con los estándares y las buenas prácticas conducentes a la formalidad.
El acompañamiento riguroso del Estado y el compromiso de las empresas mineras establecidas eran claves para el éxito de este modelo, que terminó por ser la única herramienta, distinta al control policial, con la que la administración Santos hizo frente a la extracción ilícita de minerales, dado que la ley contra la minería ilegal anunciada por el Ejecutivo de manera reiterada, nunca llegó a ser tramitada en el Congreso.
Para el caso de Antioquia, la secretaría de Minas y Corantioquia, junto al ministerio de Minas, han cumplido su parte en el proceso. Y para el caso de Buriticá, la compañía Continental Gold ha invertido más de 4.500 millones de pesos para sumarse a este propósito.
“Tenemos ocho asociaciones de formalización, todas tienen un subcontrato de algún tipo, sea de desarrollo minero, sea de formalización, con todas se está trabajando, son más de 200 mineros vinculados y 570 beneficiarios”, le explicó a EL MUNDO Mateo Restrepo, presidente de Continental Gold.
El directivo añadió que el proceso de formalización incluye el subcontrato de operación minera, el licenciamiento ambiental y la formalización empresarial.
“Con todas tenemos el subcontrato de operación y con todas hemos avanzado en la formalización empresarial, todas cuentan con formalización tributaria, formalización laboral, formalización administrativa. Y nos faltaba la formalización ambiental. Avanzamos con estas tres y el resto está en su trámite”, sostuvo.
Cabe anotar que cada asociación es un caso particular y algunas no necesitan licencia sino que pueden trabajar con el acompañamiento de las guías ambientales de la compañía.
Pero no ha sido un camino fácil. Según Restrepo, “del total de asociaciones que iniciaron desde el primer momento con los subcontratos, desafortunadamente se han tenido que cancelar siete subcontratos, dos de ellos muy recientes, porque lo único que hicieron, a pesar del apoyo decidido de la compañía y de las autoridades, fue seguir trabajando en la ilegalidad y estaban siendo fachada de la minería ilegal”.
“El compromiso de todos, incluso de la comunidad, es legalizar el territorio y tenemos que ser muy rigurosos en el cumplimiento de ese propósito”, aseveró.
Alejandro González, director de Corantioquia, entidad que expidió las licencias ambientales a las tres asociaciones de Buriticá, destacó que el proceso desarrollado con ellas fue particularmente ágil “gracias a que con el ministerio de Minas hemos tenido un proceso de fortalecimiento de la autoridad ambiental”.
El directivo explicó que existe un convenio que permite hacer más ágiles los procesos con las asociaciones en vías de formalización y por medio del cual la Corporación fortaleció sus equipos técnicos para el trabajo relativo a la geología y las aguas subterráneas, entre otros aspectos.
El proceso de licenciamiento, que inició en enero pasado, comenzó con la presentación de los estudios de impacto ambiental por parte de los interesados. En ellos se describen los riesgos y los impactos que puede generar la actividad minera y, adicionalmente, el plan de manejo ambiental, que describe la manera como se van a mitigar o compensar esos impactos.
Al tratarse de asociaciones sin equipos profesionales ni grandes recursos económicos, explicó González, “contrataron a profesionales especializados para que les diseñaran todo eso, pero las obligaciones y las responsabilidades quedaron en cabeza de las empresas formalizadas”.
El proceso, en lo sucesivo, enfatizó el director de Corantioquia, “no va a ser un proceso ordinario de control y vigilancia, sino también de acompañamiento. Ese es el compromiso que tenemos el Ministerio, la Gobernación y nosotros, para poder mostrarle al país que es posible tener una pequeña minería formalizada y que cumpla todos los estándares ambientales”.
El anuncio de la entrega de las primeras tres licencias ambientales entre 88 asociaciones mineras del país “nos ayuda a invitar a todos los pequeños mineros que están en procesos de formalización para que continúen en esa ruta para que tengan todos sus requisitos legales, y a las grandes empresas invitarlas a que se unan a estos esfuerzos y vean aquí un ejemplo a seguir”, según la viceministra de Minas, Carolina Rojas Hayes.
“Este es un hito para los procesos de formalización minera, porque por primera vez los pequeños mineros reciben la licencia ambiental y con esto cumplen todos los requisitos tanto técnicos como ambientales para poder ejercer la minería bajo el lema de producir conservando y conservar produciendo”, expresó la viceministra, quien destacó también el trabajo coordinado entre los pequeños mineros, la gran minería, las autoridades locales, las autoridades ambientales y el Gobierno Nacional.
“Vemos que es posible, esta noticia nos da mucha tranquilidad y la seguridad de que los procesos de formalización definitivamente permiten la coexistencia entre la gran minería y la pequeña minería”, añadió.
Los 88 subcontratos existentes se extienden por siete departamentos del país y cubren a 1.300 mineros formalizados mediante esta figura.
En Antioquia, según Alejandro González, director de Corantioquia, se adelantan procesos similares de licenciamiento ambiental en el Bajo Cauca y en el Nordeste. “Esperamos rápidamente poder dar buenas noticias, hay procesos que en dos o tres meses deben estar terminando, esperamos que exitosamente”, apuntó.
Héctor Flórez, Sociedad Minera Higabra
“Este proceso ha sido una escuela para nosotros y la idea es sacar adelante estos contratos. Esperamos, en adelante, hacer el trabajo como debe ser. Continental nos ha dado una mano muy grande con geólogos, ingenieros. Agradezco también a la Gobernación y espero que nos sigan apoyando”.
Pedro Pablo Higuita Pinedo, Sociedad Minera Sakae
“Esta es una noticia muy grande. Primero fue la solicitud del subcontrato y se nos dio. Fue un reto, porque no teníamos conocimiento, pero hemos sido juiciosos con las capacitaciones. Ahora, con la licencia ambiental, tenemos un reto y es cumplirle al municipio y a las autoridades que están confiando en nosotros. Cada día somos más legales y se demuestra que la multinacional sí puede trabajar con el pequeño minero”.
William Oliveros, Los Naranjos Gold Mine
“Ha sido una experiencia muy bonita haber emprendido este viaje. Se nos han dado las cosas, tenemos visión de sacar adelante a nuestros equipos de trabajo, que se han preparado muy bien. Lo que se viene es cumplir la ley y ser sostenibles, generar empleo y ser empresarios exitosos”.
Humberto Castaño, alcalde de Buriticá
“Mi gratitud a Continental Gold por dar la oportunidad a estos humildes pobladores que quieren pasar de la informalidad a la formalidad. Es motivo de celebración tener estas licencias ambientales para seguir avanzando. Ellos tienen el sueño de crecer como asociaciones y como municipio. Para mí es motivo de orgullo ver que se constituyen empresas mineras que siguen los pasos de la legalidad”.
Aunque satisfechos por el logro, los voceros de las tres asociaciones de Buriticá a las que se les entregó la licencia ambiental, coincidieron en pedir a la Gobernación de Antioquia y al ministerio de Minas celeridad en la aprobación de la Carpeta de Explosivos.
Al respecto, el presidente de Continental Gold, Mateo Restrepo, explicó que “parte del tránsito hacia la legalidad es que ellos puedan comprar los explosivos a Indumil y tener los permisos por parte del ministerio de Defensa”.
Lo que ocurre, añadió, “es que ese también es un trámite complejo, las restricciones que hay para el uso de los explosivos son grandes porque sabemos del tráfico de explosivos que hay, entonces son rigurosos en ese aspecto”.
Sin embargo, Restrepo señaló que algunos formalizados ya han tenido algunos permisos, mientras que otros han elevado sus solicitudes. “Hay un trabajo de la secretaría de Minas, de la compañía y del ministerio de Defensa para que ellos puedan tener esos permisos y sus explosivos de manera legal”, puntualizó.
Pese a los avances en la recuperación de la tranquilidad y la convivencia en el municipio de Buriticá, todavía se presentan acciones delincuenciales como la que esta semana le costó la vida al Ingeniero Óscar Alarcón, del área de Formalización y Control Minero.
Según la versión de la compañía Continental Gold, dos empleados fueron atacados con armas de fuego en la madrugada del miércoles 5 de septiembre mientras se dirigían a iniciar su turno en el Proyecto Minero. Además del fallecimiento del ingeniero Alarcón, su compañero herido fue trasladado a Medellín.
“Estamos trabajando con las autoridades nacionales y regionales para redoblar los esfuerzos que garanticen la seguridad y legalidad en la zona y logren dar con los responsables de este repudiable crimen. De igual manera, convocamos a las comunidades locales, la Gobernación de Antioquia, el Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares y de Policía, y la Fiscalía para no permitir que la criminalidad regrese a este territorio”, señaló un comunicado.
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