El estado agónico de Medimás es el punto de llegada de abusos de los administradores de la que llegó a ser la más grande y rica empresa de salud del país; de los vacíos legales, y de las debilidades institucionales para contener el desbordamiento que ocurrió a la vista de todos.
El desastre de Medimás ha exigido una contundente acción del Estado
Cuando se acerca al tercer año de operación, Medimás -propietaria de la EPS de igual nombre y la IPS Esimed- ha demostrado su incapacidad absoluta para cuidar de la salud y la vida de los cerca de tres millones de afiliados que le quedan después de que se le retiraran unos 2,6 millones, la mayoría del régimen contributivo. Esa incapacidad la sufren los ciudadanos que ven aplazar y hasta no ocurrir la atención en salud a que tienen derecho; la conoce la Supersalud, que la ha sometido a vigilancia especial e impuesto fuertes multas, y la han constatado, después de múltiples investigaciones, los órganos de control -Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo-, que en inusual y muy significativa actuación, solicitaron al Gobierno Nacional, a través de la Supersalud, la liquidación de la inoperante empresa.
El estado agónico de Medimás es el punto de llegada de abusos de los administradores de la que llegó a ser la más grande y rica empresa de salud del país; de los vacíos legales, y de las debilidades institucionales para contener el desbordamiento que ocurrió a la vista de todos. Fue así como lo que a finales de la primera década del presente siglo era llamado “milagro” (ver gráfico) terminó convertido en una maraña de operaciones sumamente riesgosas para ser realizadas con recursos públicos -las contribuciones al sistema por empresarios, empleados y el Estado- a las que se aunaron los abusos con esos bienes, como la expansión fuera del sistema de salud y lujos de los administradores. Para 2011, la situación de Saludcoop se hizo insostenible y obligó a una cadena de acciones que pretendían proteger a más de cinco millones de afiliados al sistema de EPS del grupo Saludcoop, además de cuidar el sistema de salud.
El proceso de liquidación de la EPS Saludcoop trasladó sus afiliados a Cafesalud, adquirida por el Gobierno para posteriormente venderla a una empresa de papel -consorcio Prestasalud- constituido por instituciones prestadoras de salud en un accidentado movimiento que resultó ensombrecido por su ineficacia y por las dudas sobre la transparencia de la operación, con la participación de algunos políticos. Lo acontecido durante estos años le da la razón a jueces, líderes políticos y voceros de opinión, entre los que nos contamos, que se cuestionaron por la capacidad financiera e idoneidad técnica de ese consorcio para responderle al Gobierno por los 1,45 billones de pesos que se comprometió a pagar por la compra de Cafesalud -venta que lo fue de la capacidad de tener ingresos futuros por UPC, dados los 5,6 millones de afiliados que entonces tenía- y de Esimed- esta sí representada en activos-.
Bastaron pocos meses para demostrar la razonabilidad de los temores expresados entonces. Hoy Prestasalud es investigada por dejar de entregar al Gobierno cerca de 900.000 millones de pesos, que habría dedicado a pagar deudas con las EPS que son sus socias. También tiene indagaciones por adelantos no justificados a la farmacéutica Century Farma, hoy en liquidación, así como sanciones por su incapacidad para prestar el servicio de salud y evadir la entrega de informes obligatorios, ello a pesar de que sus dueños la vendieron a la norteamericana DBMS, sin experiencia en el sector. En estas condiciones, y como señalaron los órganos de control, los usuarios de Medimás necesitan soluciones radicales.
La experiencia de mantener una empresa fracasada, como ocurrió con Saludcoop, es contraria a éxitos como los logrados en Caprecom y otras EPS que fueron liquidadas y sus afiliados llevados a otras EPS sólidas, que resisten los traumatismos temporales que les deja el recibo masivo de pacientes, muchos de ellos agravados por la falta de atención. Según conocedores, el país tiene hoy de diez a doce EPS capaces de recibir a los usuarios que permanecen en Medimás, si ocurre la liquidación para la que la Supersalud debe tener respaldo contundente de la Presidencia de la República. La acción necesaria para cuidar vidas y el sistema de salud es posible aprovechando instrumentos normativos ya aplicados para proteger a los usuarios del régimen subsidiado en salud de Antioquia.
Esta solución no estaría completa, sin embargo, mientras el indeciso Congreso colombiano no legisle para fortalecer la vigilancia del sector salud; regular las operaciones de verticalización empresarial; controlar el uso de los recursos públicos del sistema de salud, y ordenar a las operadoras del régimen subsidiado en salud. Ello, además de las necesarias decisiones del orden constitucional que consagren que el derecho inalienable a la vida no puede ser asimilado al derecho ilimitado a tratamientos no vitales, que la Corte Constitucional garantiza sin aceptar límites, como acaba de hacerlo con la sentencia, que tuvo como ponente a la magistrada Gloria Ortiz, en la que ordenó ofrecer tratamientos de infertilidad, con copagos mínimos, a pacientes que no pueden pagárselos, un privilegio tal vez posible en Dinamarca, no en Cundinamarca.
La agonía de las EPS
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