Alerta de los amigos

Noruega ha sido decisiva en los procesos de negociación con las Farc y el Eln. Así lo demuestran hechos como que ese país fue sede de los acercamientos con las Farc; concedió al presidente Santos el más político de los premios Nobel, el de Paz, y actúa como garante del acuerdo final. En ese contexto, la crítica de autoridades u organizaciones noruegas al acuerdo y el posconflicto es la de los optimistas, no la de los escépticos por sus vacíos; por ello, crea la expectativa de que la atiendan quienes han despreciado observaciones similares de organizaciones internacionales, sectores independientes y la oposición.

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Al terminar la reciente visita a Colombia de la ministra Solberg, el Gobierno destacó su aplauso al acuerdo y el reclamo por mantener la implementación. Esta es la postura propia de quienes han enfatizado bondades a riesgo de ocultar el avivamiento del conflicto y sus males asociados. Por supuesto, es una perspectiva contraria en procedimientos y efectos a la de gobiernos que reconocieron la gravedad de la amenaza a la seguridad y convocaron la solidaridad de la ciudadanía para enfrentarla integralmente. El maquillaje oficial no logró tapar las observaciones que la premier dejó en entrevista periodística, la mayor parte de ellas coincidentes con las que entrego la ONG Consejo Noruego de Refugiados, presente en Colombia desde los años noventa.

Ambos pronunciamientos alertan por el resurgimiento del conflicto, que reconocen que ocurre por el retorno de guerrilleros a la criminalidad y por el narcotráfico, realidades que observadores independientes y ONG nacionales han diagnosticado ampliamente. Yerran estos observadores al atribuir el rearme de los exguerrilleros exclusivamente a fallas del Gobierno para atenderlos, olvidando que importantes estructuras no se desmovilizaron o rápidamente renunciaron a ese paso -ver infográfico-; que las Farc no entregaron todas sus caletas y que incumplieron con su obligación de entregar las listas de sus miembros en la guerrilla y las milicias. En cuanto al narcotráfico nos resulta imposible desligar el diagnóstico presentado por el gobierno y la sociedad civil noruega de la acusación que enfrentan jesús santrich y el sobrino de iván márquez por acciones para exportar diez toneladas de cocaína y la solidaridad de cuerpo de los miembros del comité político de la Farc con quien incumplió los acuerdos, según lo revelan sólidas pruebas de la justicia estadounidense, y volvió a traicionar a la sociedad colombiana. 

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Con timidez distante de la solidaridad y apoyo que debieran estar recibiendo las víctimas que valientemente se defienden de las humillaciones y persecuciones de los victimarios -que hasta reclaman que se les despoje del nombre que ganaron atacando a la sociedad- y que luchan contra la indolencia del Gobierno por su suerte, los noruegos denuncian los incumplimientos de los compromisos que las partes usaron para decir, falazmente, que las víctimas estaban en el centro de su negociación. La ministra y la ONG coinciden en su preocupación por las demoras en la puesta en marcha de la JEP, que funcionará cuando tenga marco jurídico, no por su extensa y costosa burocracia, y en la reparación integral de las víctimas, que sólo ocurrirá cuando se les ofrezcan reconocimiento de los hechos, presentación de disculpas, restitución de los bienes arrebatados, cumplimiento de las penas que imponga la justicia y reparación material, especialmente a quienes más la necesitan para reconstruir sus vidas.

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Los análisis de los voceros noruegos también denuncian inequidad, el Consejo de Refugiados, y graves dificultades con los procesos asociados a la reforma rural integral, prometida como la panacea para ofrecer oportunidades a los campesinos pero que en realidad, como se demuestra con el proyecto de decreto para entregarles tierras de restitución a las Farc, se tejió para ofrecer acceso a la tierra a los exguerrilleros y facilitarles no tener que entregar las que acumularon en agresivos procesos de despojo, para restituir a las víctimas de destierro.

Reconocer el análisis de las instituciones noruegas sobre las dificultades de la implementación, surgidas todas de los vacíos y concesiones a las Farc en el acuerdo final, no implica adherir al enfoque en que atribuyen estos fallos exclusivamente a las debilidades del Gobierno, existentes en el Fondo Colombia en Paz y en sus políticas. La debacle del posacuerdo nace en la postura, hasta ahora aceptada por la Presidencia de la República, por la que los farianos se declaran merecedores de todas las gabelas y exonerados de cualquier compromiso con las víctimas, la sociedad y hasta con la Constitución que habían dicho que iban a respetar.