Y son precisamente las acciones de autoridad las que garantizan que los pilares de la educación superior que son la libertad de cátedra y la autonomía universitaria puedan darse eficientemente.
Pareciera que los peores enemigos de la Universidad son sus usuarios directos, los que deberían ser sus dolientes, precisamente por lo que de ella reciben. La transformación de la juventud como propósito primordial, la pone como uno de los bienes más preciados de la sociedad en que vivimos. Hay que protegerla, entonces, de las malas acciones, de los malos ciudadanos y de los malos y desagradecidos estamentos, o parte de ellos, que anteponen protervos e irracionales argumentos a su propio bienestar, al futuro que les brinda el Departamento y la Nación, haciendo un gran esfuerzo, porque no son pocos los recursos invertidos.
Si a una propiedad entran ladrones o violentos queriendo destruir un patrimonio hecho con todo el sacrificio, la reacción natural es llamar a los encargados de mantener el orden para que se nos garanticen nuestros derechos. La Universidad opera con un pensamiento sui generis: desde adentro se garantiza el hacer de los violentos, los que la reciben para su beneficio y crecimiento dejan las puertas abiertas a los depredadores para que la destruyan. Parece que lo correcto es usar capuchas y mantener el micro narcotráfico, como principio fundamental de la filosofía que rige la educación universitaria.
El ejercicio de la autoridad y el monopolio de la fuerza no son opciones para las autoridades. Están señalados como acciones a los que se obligan los mandatarios para cumplir con el constitucional deber de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Y es precisamente las acciones de autoridad las que garantizan que los pilares de la educación superior que son la libertad de cátedra y la autonomía universitaria puedan darse eficientemente. Lo que es legítimo es la intervención de la fuerza pública para contener el desafuero. En cambio, no lo es la presencia de bandidos y bandoleros que ni siquiera dan la cara.
La protesta elevada a la categoría de derecho ciudadano nos hace ver como un país imbuido en los principios democrático, como una sociedad garantista. Pero hay que hacer de ella un instrumento de cambio, de mejora en las condiciones de vida de los colombianos. Tal como la conciben en la Universidad, la protesta se ha vuelto la posición que se toma tan pronto se cruza la valla y se adquiere el carné. Sin embargo, los grandes protestantes se vuelven cuando egresan en burócratas o servidores del gran capitalismo, cuando no siguen siendo de izquierda, pero tomando buen güisqui en algún club.
Hay que dejar sentado, por un lado, que ni los profesores, ni los empleados, ni los estudiantes son los dueños de la Universidad. Por el contrario, es un bien que, por ser de la sociedad en general, es inapropiable por unos pocos. Por otra parte, el ejercicio de la autoridad no requiere de permisos. Los que hemos vivido el infierno de la violencia dentro de las instalaciones universitarias, cuando el deseo era terminar y producir, sabemos que no es decisión unánime el apoyo a la capucha y los explosivos. La violencia no puede tenerse como consecuencia de la autonomía y la libertad de cátedra, sino como su mayor obstáculo.