En su primer contacto con funcionarios de la administración estadounidense y en medio de la tolerancia cero contra los migrantes del sur, sean niños o adultos, el presidente electo de México, Andres Manuel López Obrador le propuso a Donald Trump apoyar conjuntamente el desarrollo de los países centroamericanos y trabajar con una comprensión humana y distinta del fenómeno migratorio.

Habiendo vivido en Guatemala por algún tiempo tengo presente la textura social del país y especialmente la de las comunidades indígenas, de donde salen hacia el norte muchos de los guatemaltecos decididos a cruzar dos fronteras y llegar sanos y salvos a Estados Unidos. Su decisión y sacrificios, por lo general, sucumben a lo largo de la cadena incontable de escollos, cada uno más difícil que el anterior. La migra mexicana es implacable, cruel y tristemente famosa por su dureza para ahuyentar centroamericanos de sus tierras. No es distinta la suerte de otros centroamericanos, especialmente de El Salvador y Honduras que, guiados por igual propósito, acaban siendo pasajeros de este viaje y sujetos de iguales peligros.  

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Tienen razones para quedarse en su tierra, aunque muchas más para irse.  Gentes sencillas, sin mayor educación, con experiencia laboral frustrada, atraídos por las historias de parientes instalados en cualquier estado de la Unión, encandilados porque allá pagan en dólares, ilusionados con mandar dinero a sus familias.  

Se van hace décadas porque la realidad cotidiana los expulsa.  Vienen de generaciones inmersas en la pobreza y de países donde los Estados no invirtieron en la gente ignorando que allí estaba la clave de su futuro. Se seca la tierra, ocurren desastres naturales, sube el costo de vida, escasea el empleo, faltan educación y servicios y Estados Unidos aparece como la tierra prometida.  

Esos ciudadanos emergidos de la precariedad centroamericana, si llegan a la frontera estadounidense ya no son campesinos, desempleados o padres buscando dólares para sus familias. Eso sí, reciben el calificativo de delincuentes, objeto de eventual encarcelamiento o deportación.  

Según un reciente informe de Unicef, el 74% de los niños hondureños viven en hogares donde campea la pobreza, 68% en Guatemala, predominantemente indígenas, y 44% en El Salvador. Más aún, en Honduras sólo el 46.7% entre 12 y 14 años de edad va a la escuela y únicamente 28.1% entre 15 y 17.  

Proteger y educar a sus hijos se tornan verdaderos muros sociales que la mayoría de las familias centroamericanas deben vencer.  Si a la incapacidad estatal centroamericana se le agrega la violencia producida por las bandas criminales y el narcotráfico durante las últimas décadas, salta con claridad cómo las causas originales de la migración tienen ahora un fuerte combustible adicional.

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Otra sería la realidad centroamericana sin las remesas de los migrantes cuyo dinero acaba siendo oxígeno útil para la economía de sus países. En 2016 llegaron a El Salvador 4,576 millones de dólares, 306 millones más que en 2015, 17.1% del PBI.  Las remesas de los guatemaltecos representan para su país el 11% del PIB. Muestra inequívoca de que en el centro de su motivación están sus familias a las que apoyan a lo largo del año y con montos adicionales en mayo, por el día de la madre, navidad y año nuevo.  

Está claro que el asunto no se resuelve tapando la frontera, judicializando a los migrantes, encerrando a los niños en jaulas, separando a las familias o deportando a diestra y siniestra.

La propuesta de AMLO tropezará con obstáculos de toda índole empezando por el enfoque actual sobre migraciones de la Casa Blanca. Tendrá, eso sí, el apoyo de México y Centroamérica porque parte del respeto a los derechos humanos de los migrantes. Con todas las dificultades que este plan representa, estamos ante una alentadora posibilidad para el cuidado de la herida latinoamericana que la realidad migratoria en la frontera México-estadounidense representa.