Seguramente, estaré contra la opinión de muchos, pero a mí me parece que volver al modelo del control previo, que ahora se llamará preventivo de las actuaciones de los funcionarios oficiales, por parte de la Controlaría General de la Nación, como lo contempla el acto legislativo aprobado en Senado y Cámara, es un grave retroceso, no sólo al control fiscal mismo, sino un paso gigantesco en el avance de la corrupción. Me explico:

La Revista Semana (https://bit.ly/2ktyjE9) señala, sin que hasta ahora la haya desmentido, que para ganar el apoyo del Congreso el contralor Córdoba hizo uso de la mermelada. Sí, como lo leen. El artículo mencionado cita una investigación de la Silla Vacía, según la cual, por lo menos 24 de 52 contralores provinciales son cuota de congresistas y coincidencialmente, fueron nombrados por el señor Córdoba entre enero y mayo. Veinticuatro voticos no son nada despreciable. ¡Para combatir la corrupción se recurrió a la corrupción! Y, por supuesto, en la reforma, las sesenta y cuatro contralorías territoriales, controladas por asambleas y algunos concejos municipales, se salvan, a pesar de que es claro para el país que son fuente de burocracia exorbitada, nombramientos a dedo y pactos con alcaldes y otros funcionarios, para asaltar presupuestos departamentales y municipales, y uso para beneficio propio de los recursos de esos entes, como es el caso en Antioquia, todo parece indicar.

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Es decir, para fortalecer la propuesta del contralor en su “lucha contra la corrupción” este no sólo reparte mermelada hoy, sino se asegura que los parlamentarios la tengan hacia el futuro, negándose a dar el paso en la dirección correcta de eliminarlas. Y los congresistas huérfanos de mermelada, felices porque son, ya se dijo, su coto privado de caza. Esto, sin contar que miles de cargos estarán disponibles para sus ahijados, puesto que la Contraloría casi duplicara la planta de cargos y el presupuesto. Y adivinen a quien se los darán, preferencialmente.

¡Ah, y también es “curioso” que los ocho sindicatos que tiene ese ente hicieron lobby en el congreso, según Semana, para la aprobación del acto legislativo! ¿Por qué será? ¿Qué piensan ustedes? Un botín de esas dimensiones entre parlamentarios y sindicatos asegura, con toda probabilidad una candidatura presidencial para el señor Córdoba, y en todo caso, lo convierte, tal vez, en el mayor barón electoral de la política de baja condición. Con razón pudo sacar semejante propuesta en el Congreso.

Eso en cuanto la estrategia del señor Córdoba para la aprobación del acto legislativo. Y si se consideran las consecuencias, el resultado es muy preocupante. El poder que ganará el contralor -Córdoba y cualquier otro en el futuro- será infinito. Toda la contratación pública estará bajo su puño. Podrá paralizar cualquier obra, por cualquier razón, válida, pero también invalida, por razones públicas decentes, pero también por razones privadas ocultas, corruptas o perversas. Además, la contratación pública se ralentizará hasta niveles inauditos, pendiente de la voluntad omnímoda de un funcionario, lo que hará florecer las coimas, y otros “incentivos” corruptos, los canjes de favores, el carrusel y, lo que es peor, el sometimiento del ejecutivo, el legislativo y el sector privado, a la voluntad del contralor y su corte. Si la base del control horizontal de los poderes es el equilibrio de estos, entonces, además del gobierno de los jueces, tendremos el de la Contraloría. Adiós definitivo a la voluntad popular que nombra al presidente y al Congreso.

Ya el país tiene experiencia suficiente en esto. Para calmar a los que han manifestado su preocupación, el contralor Córdoba dice, que no habrá control previo sino preventivo: “Después de grandes debates el proyecto queda incluyendo un control preventivo, no previo, no coadministrará, será excepcional, no tendrá poder vinculante y estará en cabeza del contralor general” (Semana, artículo citado).

Un buen juego de palabras en un país en el que la Corte Constitucional, que sólo tenía la facultad de hacer control formal de los proyectos de ley que llegaban a su control, ahora legisla sobre contenidos que sólo le competen al Congreso y derrumba, por razones nada formales, los proyectos del Gobierno. Y en el que la Corte Suprema de Justicia, cambia cada que quiere su propia jurisprudencia y fuerza en sus sentencias el sentido de las leyes o mina el campo del debido proceso, por motivos que el país piensa que son políticas. No. Lo que habrá será el control previo, que, aunque no sea, en las palabras, vinculante, lo será en los hechos, porque nadie se atreverá a desafiar lo que diga el Controlador. ¡Y que es excepcional? Sí, claro. Como los mil controles previos que hizo la contralora Sandra Morelli.

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El proyecto del contralor quiere apagar la corrupción con gasolina, poniendo a los ratones a cuidar el queso. Ojalá el presidente Duque no lo firme.