Ni siquiera en los tiempos de confinamiento se acaba la crispación política y la polarización. Ya vimos cómo toda la izquierda se negó a votar en favor de la cadena perpetua para violadores de menores, un tema que es álgido principalmente por las graves acusaciones que hay en contra de los integrantes de la guerrilla de las Farc debido a las incontables denuncias de violación y abuso sexual de menores y mujeres dentro de sus filas.

Las excusas esgrimidas por los políticos afines a las Farc fueron verdaderamente absurdas. Se llegó a decir, incluso, que la cadena perpetua del violador afectaría gravemente a la víctima, y se echó mano del repetido expediente de que ya hay penas suficientemente altas que no han servido como factor de disuasión y que el aumentarlas es puro populismo judicial que no va a evitar nuevas violaciones. Sin embargo, se suele pasar por alto el hecho de que los violadores son ‘enfermos’ que no se pueden resocializar; por tanto, al estar en la cárcel de por vida no podrán reincidir.

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Pero es tanta la hipocresía de la izquierda que ante la grave denuncia de la violación de una menor indígena por parte de siete soldados del Ejército Nacional, se armó todo un escándalo mediático pidiendo la susodicha cadena perpetua para los soldados, y entablando una abyecta discriminación por motivos políticos a ideológicos para este tipo penal, pues las violaciones de las guerrillas seguirán cubiertas por el manto de la impunidad.  Una reconocida vocera de la izquierda se preguntaba en Twitter si la «extrema derecha» se había imaginado que el castigo que pedían para los violadores tendría que ser aplicado a ellos mismos, como si acaso el Ejército se pudiera considerar como un organismo de «derecha» y no como una institución legítima de un Estado democrático.

Sobra decir que la manipulación mediática sobre el tema de la violación de la menor ha sido  vergonzoso y que varios medios afectos a criticar a las Fuerzas Militares, se han dedicado durante varios días a hablar del asunto a pesar de que en el pasado no le han prestado tanta atención a temas similares como las denuncias de la corporación Rosa Blanca sobre las violaciones en las Farc, o a la mutilación de una menor de 16 años que estaba instalando una mina antipersona del ELN en el departamento de Antioquia.

Apenas el 16 de junio se vino a conocer la noticia de que el 23 de mayo, en el municipio de Murindó, una menor de 16 años, también de una comunidad indígena, perdió ambos brazos y un ojo al tratar de colocar una mina antipersona del Ejército de Liberación Nacional que posteriormente la abandonó a su suerte. De manera que no sólo hay reclutamiento forzado de menores, sino, incluso, abandono. Aún así, la noticia pasó casi desapercibida y sólo mereció uno o dos minutos en los principales noticieros de la televisión colombiana y un espacio marginal en los periódicos del país. Cómo será de distinto el tratamiento que mientras se dramatiza sobre las ‘imborrables consecuencias’ de una violación en la que no se causaron lesiones, ni se mencionan las trágicas secuelas que afrontará la niña que perdió sus irremplazables manos, la mitad de su visión y hasta la armonía del rostro.

En los próximos meses, la polémica por la violación no girará en torno de si debe existir la cadena perpetua o no, sino de si ésta debe ser aplicada a los siete soldados o no. La izquierda y sus corifeos cerrarán filas pidiendo que sean castigados con la nueva ley a pesar de que esta disposición aún no ha entrado en vigencia y no les puede ser aplicada retroactivamente a unos soldados que, de todas maneras, tendrán que recibir una alta pena. No obstante, esos medios de comunicación que gozan publicando temas en contra de las Fuerzas Militares usarán el caso para mantener la campaña de desprestigio que tienen desatada en contra de una de las instituciones más queridas por los colombianos.

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En esta absurda tragicomedia hemos llegado al extremo de que resulta políticamente correcto pedir penas drásticas para los miembros del Ejército Nacional, pero es totalmente incorrecto reclamar lo mismo para los miembros de las guerrillas. Pedir cárcel para los violadores de las Farc es estar en contra de la paz, pero pedir cárcel y cadena perpetua para integrantes del Ejército es hacer justicia con las mujeres, que han sido victimizadas hasta el cansancio en el marco de la violencia en Colombia.