Esa masa de jóvenes indocumentados conocidos como Soñadores (Dreamers) terminaron en medio del fuego cruzado entre la Casa Blanca y el congreso, con un cierre por 3 días de las oficinas del gobierno federal por la exigencia de los demócratas de incluir en el presupuesto una legalización de los más de 800.000 migrantes traídos a los Estados Unidos de forma irregular cuando eran niños, que no conocen nada distinto porque han crecido como cualquier estadounidense, estudian o trabajan, pagan impuestos, pero viven en un limbo legal.

Trump, sus asesores cercanos y el grupo de congresistas poco amigos de los inmigrantes, deben decidir si le permiten a los Soñadores ser parte de la sociedad o si por el contrario son considerados gente de segunda categoría, marginados y objetos de cacería de la maquinaria de deportación de ilegales. En una jugada política mal calculada por el líder de la minoría demócrata en el senado Chuck Schumer, los Dreamers terminaron como los chicos malos de la película.

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Antes del cierre del gobierno, la opinión pública apoyaba la causa de los jóvenes migrantes con una mayoría aplastante del 87 por ciento. Los malquerientes de la derecha culpando a los muchachos por el impase en el Congreso, lograron hacerle creer a sus seguidores que algunos congresistas preferían darle prioridad a un grupo minoritario cuya presencia en el país ha sido irregular.

Para sorpresa de todos y antes de emprender viaje al foro económico de Davos, Trump sin dar mayores detalles anuncia un plan que daría protección no sólo a los Soñadores, sino que la legalización se ampliaría a otros que aún no disponen del programa Daca, una población estimada en un millón adicional. Incluso plantea la posibilidad de otorgar la ciudadanía en un plazo de 10 o 12 años siempre y cuando se cumpla con la promesa de construir el muro y se limite la emigración legal.

Una vez más la población inmigrante convertida en mercancía de cambio para la clase política. Como era de esperarse, la propuesta de Trump no fue bien recibida por los nativistas pues ello no sería otra cosa que una masiva amnistía y una forma de premiar a los infractores de las leyes. Para la izquierda, una propuesta inadmisible que se estructura en un sistema restrictivo ideado por la extrema derecha, aprovechándose de la crisis provocada con la eliminación del programa Daca.

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Después de muchos bandazos, Trump al menos se ha atrevido a abrir la discusión, aunque el éxito de un plan que proteja a los Dreamers va a requerir de mucho liderazgo y persuasión, algo que no ha sido la característica de un mandatario que a menudo cambia de parecer. Esa montaña rusa que ha caracterizado a la administración en su primer año de gobierno y donde el partido republicano es mayoría pero que ha caído en manos de las minorías extremas, ha propiciado la polarización y falta de consensos, ingredientes esenciales cuando de legislar se trata.

Resulta muy lamentable poner a los jóvenes inmigrantes en una incertidumbre indefinida, temerosa de su futuro y excluida de las oportunidades más elementales como la educación, el trabajo y la unión familiar. Históricamente esos valores fueron los pilares que hicieron posible la grandeza de la Unión Americana. Acabar con el sueño de tantos y tratarlos como criminales por su condición de indocumentados es una injusticia.