Por José Ricardo Mejía Jaramillo

Paulatinamente, los alcaldes y gobernadores separados de sus cargos, desde las impresentables ruedas de prensa conjuntas del fiscal, el procurador y el contralor, han ido regresado a sus cargos, a medida que han podido ir acreditando lo que sus investigadores debían saber desde el principio, o por lo menos debían presumir: que esos contratos se habían hecho de buena fe, que el inicio de la pandemia generó una ola especulativa que, en algunos casos, se mantiene y que, cuando un producto es comprado por un ente público, tiene unos sobrecostos legales y, además, había que entregarlos a domicilio.

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Para fortuna del derecho y de la justicia, todo parece indicar que estos tres tristes tigres, no se volverán a juntar (pena les debería dar después del viaje a San Andrés y del millonario contrato de compra de tapabocas) y que deberán ahora sí, ajustar su conducta a la Constitución y a la Ley que juraron cumplir y que, en su búsqueda de una frívola popularidad, estaban mancillando.

Estos tres personajes (que hoy día no se deben ni pasar al teléfono), se prepararon fue para ser alcaldes o gobernadores, no para administrar justicia, pero como no tienen ropa para eso (votos), se tienen que dedicar a buscar refugio en cargos, que ellos juzgan menos importantes y a los que acceden a través de amigos influyentes (bien colocados). En este caso el presidente de la República y el expresidente César Gaviria.

El procurador Fernando Carrillo Flórez, por haber sido protagonista del proceso constituyente de 1991, pudo haber buscado lucirse prestándole un gran servicio al país, pero se inclinó por buscar perfilar una eventual candidatura presidencial, ¡eso es lo que da la tierra! Ahora tendrá que buscarse otra chanfaina para no tener que pagar de su bolsillo la pensión a la que tan sólo tendrá derecho en 2025.

Carlos Felipe Córdoba, después de haber trabajado en la Contraloría de Maya, llega a ese cargo y, con su ímpetu inicial, logró una reforma que le dio dientes al ente y podría realizar una excelente labor anticorrupción en el país, si en vez de perseguir y amedrentar a los alcaldes sin presupuesto, de Colombia, concentra su atención en el gobierno central y los multimillonarios contratos que se están ejecutando a raíz del covid-19. Si a partir de ahora, hace bien su labor, seguramente podrá salir por la puerta grande y llegar a ser alcalde de Pereira, la ciudad de las puertas abiertas, que seguramente era su sueño desde niño.

Francisco Barbosa Delgado, quien nunca se preparó desafortunadamente para este cargo (a pesar de haberse preparado tanto), se ve que es un hombre ingenuo y que por estar tan feliz con su nuevo puesto, podría lucirse, si escoge servir al país y a la justicia y no a los amigos del amigo.

Nuestro país es tan sui géneris, que yo prefiero un fiscal ingenuo y con las limitaciones que evidencia Barbosa siempre que abre su boca ante los medios, que a los dos avispados que le precedieron en el cargo; a estos, les tocó conformarse con ser subalternos de sus mezquinos intereses, fueron la viva muestra de que, si se es mala persona y buen profesional, peor le va a la sociedad.

El presidente y toda la rama ejecutiva, el Congreso y el poder judicial, cada servidor público del país, debería, a raíz de lo que está pasándonos con esta pandemia, hacer un compromiso de honradez y seriedad por el bien de Colombia, para que cada uno ayude a superar este terremoto de pobreza y de miseria que se nos vino encima con el Covid-19.

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“De mi madre: el respeto a los dioses, la generosidad y la abstención no sólo de obrar mal, sino, incluso, de incurrir en semejante pensamiento; más todavía, la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos.”

Marco Aurelio.

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*Defensor oficioso de los servidores públicos