Cuando el Gobierno Nacional radicó, en octubre pasado, un proyecto de ley que buscaba con carácter de urgencia crear un organismo de convergencia para la regulación de la televisión, parecía una buena señal. Tenía ese carácter porque recogía algunas recomendaciones que parecían útiles para el ingreso de Colombia a la Ocde y parecía bien orientado porque corregía el yerro de tener varias comisiones regulando temas diversos en materia de Telecomunicaciones.
Sin embargo, como suele ocurrir en el país, todo es susceptible de enredarse en el camino. Parece que eso pasó con el proyecto cuyo trámite va tan rápido que se ha hecho invisible. Las comisiones sextas de Senado y Cámara abordaron su estudio sin convocar audiencias públicas ni escuchar a la academia. Uno de los pocos escenarios previstos para la socialización del proyecto, fue la citación a los gerentes de los canales regionales y defensores de la televisión pública, pero curiosamente los ponentes no acudieron y la jornada se malogró. 

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Una mala señal, algo más que una falta de cortesía, pues lo que se supo es que la ley que está en discusión poco se parece al proyecto original que buscaba concentrar en una sola comisión las funciones de la Antv, Autoridad Nacional de Televisión que reemplazó a la Comisión que había creado la Constitución del 91, y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, además de otras puntuales en materia de licencias.  Al proyecto le tocó la mala vida de convivir con la campaña política, sin embargo, nadie se refirió a él en debate alguno. Como venía con mensaje de urgencia, su discusión se adelanta de manera conjunta en las comisiones sextas de Senado y Cámara y no por separado.
Lo raro es que, el martes no hayan llegado ni el senador Mario Alberto Fernández Alcocer del Partido Liberal, ni el representante Wilber Carrillo Mendoza del Partido de la U, ponentes del urgente proyecto. Esa condición indica que en las próximas dos semanas deberá cursar cuatro debates para ser ley. Claro que lo que justificaba el afán legislativo era el ingreso de Colombia al llamado club de las buenas prácticas, cosa que ya se protocolizó, es decir, el proyecto podría esperar para ser debatido de manera amplia y adecuada. Pero la realidad va en otra dirección: se citó para el martes entrante un nuevo debate sin el frustrado foro de socialización. Es decir, se empeñan en sacarlo en esta legislatura. 
No es una buena señal porque ha sufrido modificaciones que lo hacen otro. La mayor preocupación es que el actual texto que defenderán los políticos santandereanos deja en el limbo la financiación de los contenidos de la televisión pública que se ha ganado el derecho a obtener esos recursos, no solo por mandato constitucional y legal, sino con propuestas elaboradas, mucho trabajo y una conexión con las audiencias, a pesar lo mucho que haya por mejorar. También quedan en riesgo los productores independientes cuyos contenidos suelen implicar otras voces. En cambio, como está la modificación, los grandes beneficiados serían los cableoperadores y las multinacionales, a quienes se les rebajaría sin sentido ni explicación alguna los aportes que hoy deben hacer para el fortalecimiento de la televisión pública.

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Los cambios, que no han ameritado el rechazo del Gobierno Nacional, más la ausencia de los ponentes en el único espacio de socialización citado, dejan un sabor amargo porque no se compadecen con la importancia de un tema como el servicio público que es la televisión. La mala señal, en época electoral, es que con el escudo de la urgencia se esté caminando con intereses ocultos para favorecer a unos pocos. Con el agravante de que el proyecto modificado parece caminar en contravía de lo recomendado por la Ocde que lo motivó, como la garantía de independencia, por ejemplo.
Sin duda el país requiere un organismo regulador convergente, que podría ser más eficiente en su respuesta a la dinámica de un sector en constante movimiento. Pero más requiere un sistema robusto e independiente, que no lo devuelva en el tiempo como apéndice del gobierno de turno, sino que sea un órgano autónomo como lo previó la Constitución. Merecemos un sistema de televisión pública que nos permita reflejarnos y reconocernos, que nos siga demostrando que se pueden contar otras historias, ver otros rostros y escuchar otros acentos, más allá de la tiranía centralista de la capital. No es a los canales, es a las audiencias que ataca el proyecto que se debe archivar, porque de la urgencia, dice el refrán, no queda sino el cansancio.