Nuestro compromiso está incólume y estoy segura de que, desde otras sendas, con el apoyo de colegas valientes y solidarios, continuaremos en la defensa de los más vulnerables.
Al intolerable episodio de la ausencia de tarjetones para que todos los colombianos pudieran votar libremente en la consulta Duque-Ramírez-Ordoñez, hay que añadir los serios indicios que surgen todos los días de la existencia de un enorme fraude en las pasadas elecciones legislativas. Hemos recibido noticias de miles de ciudadanos, en todos los departamentos del país, a quienes no les aparece el voto depositado (lo que ha generado toda una "tutelatón"). Y es sospechoso que los votos perdidos sean, precisamente, los de los candidatos críticos frente al acuerdo con las Farc, mientras resulta favorecida en los resultados la maquinaria de una Unidad Nacional que representa a un gobierno absolutamente desprestigiado y carente del respaldo popular.
En mi caso, hemos ido constatando la constante anulación de mis votos, en un porcentaje entre el 45% y el 65%, en diversos municipios. Este hecho, una afrenta a la democracia y a la libertad, está suscitando la indignación de ciudadanos frustrados en todo el país, pero he decidido no defenderme contra este fraude protuberante, porque mi tarea política no tiene como propósito el de hurgar en la mezquindad. También es cierto que, de todos modos, no creo que, aunque brillara la verdad, los votos que obtuve hubieran superado los 63.000 necesarios para salir elegida por el Partido Liberal. Y, como Julio César, prefiero no escudriñar en deslealtades y no haré reclamo alguno a las víctimas o a los indígenas, por quienes he dado la batalla y la seguiré dando. No puedo dejar de considerar que ellos, en su condición de vulnerabilidad y de pobreza, hayan sido presa fácil de prácticas obscenas, como la compra de votos, que pesaron más que su deseo de ver reelegida a su senadora.
La compra de votos y la persecución de quienes he denunciado se confabularon para que mi presencia en el Senado terminara el próximo 20 de julio. Sin embargo, lo importante es mantener el coraje y la coherencia. Nuestro compromiso está incólume y estoy segura de que, desde otras sendas, con el apoyo de colegas valientes y solidarios, continuaremos en la defensa de los más vulnerables. Como dice el dicho anónimo: “Nunca habrá una última batalla mientras exista un mundo donde luchar”.
Aprovecharé los cuatro meses restantes de mi senaturía para sacar adelante, en primero y segundo debates, cuatro proyectos de ley fundamentales que reflejan mi enfoque a lo largo de la tarea congresional: el acto legislativo para que, efectivamente, se concedan curules a las víctimas y no a los victimarios; la reforma a la Ley de Víctimas, para ampliar sus términos; el proyecto de Ley Isagén, para que no se repita la venta injustificada e inaceptable del patrimonio que nos pertenece a todos, y el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, una herramienta esencial para el desarrollo del agro y para combatir la tragedia de la desnutrición en Colombia.
A pesar de que no soy religiosa, creo en la espiritualidad y en que los giros de la vida siempre tienen una causa y un propósito. Y he llegado a pensar, en estos días, que el espíritu gigantesco de mi hermano Guillermo me protegió de tener que enfrentar durante cuatro años lo inexplicable: compartir asiento en el templo de la democracia con sus asesinos, sin que hubiese mediado ni siquiera la más mínima reparación de justicia para sus víctimas.
A partir de ahora, especialmente en los próximos días, en que recibiré en París el Gran Premio Humanitario de Francia, iniciaré una gran campaña nacional e internacional para impedir que el próximo 20 de julio dichos criminales se posesionen en el Congreso y me dedicaré a consolidar la representación fuerte, digna y propositiva de las víctimas, que hemos ido construyendo, con el fin de que el próximo gobierno sí se comprometa con ellas, a través de la creación de un superministerio que se consagre de manera óptima a la materialización a la mayor brevedad de esa reparación tan postergada, que ha generado tanta desilusión en la inmensa mayoría de las víctimas del país. Necesitamos un ente que no solo cumpla con la indemnización material a la que las víctimas tienen derecho, sino que les brinde vivienda y las apoye en la gestión de proyectos productivos y en la consecución de empleo. Las víctimas tienen que ser la prioridad del próximo gobierno y cualquier ciudadano de bien, consciente de esa realidad, debe unirse al candidato que estructure su programa en consecuencia. Espero que las víctimas no sean carne de cañón para los populistas legitimadores de un acuerdo que lo único que ha hecho es lesionarles todos los derechos.
Como ya he afirmado públicamente: “No hay nada de vergonzoso en ‘quemarse en las urnas’. La política no es tener una curul sino transformar positivamente. Y nosotros lo logramos. Duele por el equipo y por tantísima gente que pensó que nuestro avance sería vertiginoso, pero nuestra moral está intacta”. Agradezco los miles de mensajes en los que, a través de las redes sociales, tantísimos colombianos, con dolor honesto, me han expresado su solidaridad. A todos ellos les confirmo que mi compromiso por las causas legítimas de la justicia y la equidad no sólo no ha sufrido un ápice, sino que se ha robustecido. No podemos olvidar que, como enseña la sabiduría popular: "La verdadera victoria no es la que se consigue en una batalla ganada, sino de cómo aprendemos a levantarnos de las batallas perdidas".
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