Por Esteban Palacio Roldán*

Si el 1 de enero de 1999 le hubiesen preguntado a cada uno de los venezolanos residentes en su país a dónde quisieran migrar en caso tal de que las situaciones políticas, económicas y de orden público lo ameritaran, me atrevería a decir que pocos hubieran elegido a Colombia como su destino ideal. Veinte años después de que Hugo Chávez llegara a la Presidencia de Venezuela, 1’260.594 venezolanos han migrado hacia Colombia, de acuerdo con el reporte de marzo de 2019 de Migración Colombia.

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La realidad de los migrantes venezolanos en Colombia no es una sola, pues, de acuerdo con las condiciones en que salieron de su país y en las que llegaron al nuestro, podría decirse que hay grandes diferencias en la forma de vivir en el territorio, inclusive podría afirmarse que a quienes están lejos de pertenecer a la comunidad política (de ser ciudadanos) se les trata casi como si no fuesen humanos. En este sentido, la migración de venezolanos hacia Colombia puede dividirse en tres etapas u oleadas: 2004, 2011 y 2016

La primera se dio a mediados de 2004 y fue precedida por la Huelga General protagonizada por empleados de la petrolera estatal PDVSA, en esta etapa migraron empresarios y empleados de la petrolera. Los venezolanos que salieron de su país en aquella oportunidad pudieron hacerlo mientras gozaban de una economía fuerte, con toda la documentación requerida y sin el peso de la discriminación hacia los migrantes, por lo cual llegaron a Colombia como residentes, estudiantes o trabajadores y pronto pudieron hacerse ciudadanos.

La segunda etapa se presentó entre 2011 y 2012, durante la cual salieron de su país un mayor número de personas, esta vez se trató de pequeños y medianos empresarios y personas pertenecientes a la clase media venezolana. Quienes migraron en un segundo momento lo hicieron con una economía nacional golpeada, con dificultades para expedir o renovar sus pasaportes y para convalidar sus títulos académicos, lo cual los hizo migrar en condiciones de desventaja, con mayores dificultades para solicitar la residencia y sin la posibilidad de ejercer sus profesiones en Colombia.

La tercera etapa que inició en 2016 y continúa hasta hoy podría identificarse como la masificación de la migración, pues durante estos años la salida de venezolanos a otros países ha sido constante. Esta última oleada se caracteriza porque migran grupos familiares completos generalmente compuestos por parejas jóvenes; quienes al llegar a Colombia han sentido con mayor fuerza los impactos negativos de la migración, pues salen de un país en crisis, con poco más que sus pertenencias personales, sin pasaportes y por pasos fronterizos improvisados, lo cual deja a una buena parte como migrantes irregulares (Migración Colombia calcula que más de 400.000 venezolanos en el país se encuentran con este estatus migratorio); y por si fuera poco llegan a un país donde, aunque los han acogido en buena medida, se han visto expuestos a tratos xenófobos, explotación laboral y en algunos casos a explotación sexual y comercial o a la vinculación al crimen organizado.

Las principales diferencias entre ciudadanos y migrantes están relacionadas con el acceso a lo público (salud y educación principalmente), las garantías a los derechos fundamentales y la libertad para desarrollarse como individuos autónomos. La brecha entre los migrantes regulares y los irregulares (que a lo sumo cuentan con sus documentos venezolanos) es la más preocupante, pues muchos de ellos viajaron en condiciones en extremo precarias. Estos últimos no cuentan con las garantías mínimas y se encuentran lejos de ser reconocidos como ciudadanos, pareciera que se pone en duda su reconocimiento como humanos, ya que sin un Estado que les reconozca tales derechos ¿qué les queda?

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Parecería irrisorio, pero hoy en día la forma como los venezolanos en Colombia pueden hacer valer sus derechos es a través de la expedición de documentos, llámese cédula de extranjería, alguna clase de visa o del Permiso Especial de Permanencia -PEP-. En otras palabras, un papel define su derecho a ser en Colombia. Si bien las diferencias entre los migrantes de cada oleada se deben tanto a las condiciones con las que salieron de Venezuela como a los requisitos formales de la legislación migratoria colombiana, es esta última la que debe ajustarse para reducir la desigualdad tanto entre los migrantes y ciudadanos, como entre migrantes regulares e irregulares. Lo mínimo a lo que deberían responder los cambios en la legislación migratoria es a garantizar el respeto de los derechos que todos tenemos como humanos, más allá del reconocimiento o no como ciudadanos.

*Estudiante de maestría en ciencia política de la UDEA