Cerca de 31.000 maestros del departamento integran desde este miércoles y hasta mañana jueves el paro nacional del magisterio que se decretó por 48 horas para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados durante 2017.

El cese de actividades afecta a por lo menos 310.000 estudiantes en Medellín y 650.000 en Antioquia.

Fernando Ospina Yepes, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), manifestó que su agremiación se sumó al paro convocado por Fecode debido a que “la ministra en las mesas de trabajo negocia y firma unos acuerdos que en la práctica incumple”.

Sin embargo, Yaneth Giha Tovar, ministra de Educación, manifestó que de los 24 puntos del acuerdo firmado el 16 de junio de 2017, y que terminó con 37 días de protestas, nueve ya se cumplieron, otros nueve se están cumpliendo y seis más están en proceso de trámites por sus características.

No obstante, Giha manifestó que no existe ninguna justificación para realizar un paro, toda vez que Fecode, en los compromisos del pacto firmó que se acogían a que la educación fuese considerada como servicio público esencial.

Al respecto, Ospina Yepes aseguró que “no está concebido como derecho esencial” y que “la ministra lo que quiere es embolatar a la opinión pública. Fecode firmó unos acuerdos, pero ahí no se expresa, ni se fija que la educación sea un servicio esencial”.

El que la educación sea considerada como un servicio público esencial, lo que quiere decir según la Constitución, en su artículo 56, es que el magisterio no podría ejercer derecho a la huelga: “Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”, dicta la Carta Magna.

En ese sentido, y de acuerdo a la Sentencia C 450 de 1995, “el carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. El derecho de los trabajadores a hacer la huelga con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo y sociales, si bien representa un derecho constitucional protegido(…), no es oponible a los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios públicos, por el mayor rango que estos tienen en el ordenamiento constitucional”.

En la Sentencia C 122 de 2012, la Corte Constitucional volvió a mencionar el tema de que la educación fuera tratada como servicio esencial. Allí se presentó que “en la sentencia T 423 de 1996 se señaló que también tienen el carácter de servicio público esencial las actividades de la educación, la salud, el saneamiento ambiental y el suministro de agua potable”.

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“De esta manera, no cabe duda que fue el mismo Constituyente quien por encima de cualquier determinación legislativa calificó la actividad de la educación, la salud, el saneamiento ambiental y el suministro de agua potable como servicio público y objetivo central y fundamental de la finalidad social del Estado, con el carácter de permanente en su prestación, en cumplimiento de las normas constitucionales mencionadas, las que resultan aplicables a fin de garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”, indica el documento.

La postura de la ministra al no justificar el paro de los docentes recae en que el numeral del 24 del pacto firmado por Fecode deja claro que:

“24. Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 

Teniendo en cuenta que la educación es un derecho y un servicio público esencial, se acuerda crear una comisión de seguimiento a los acuerdos pactados en la presente acta. 

La comisión se reunirá cada dos (2) meses y producirá un informe de cumplimiento de los acuerdos. 

Así mismo reconocen y aceptan que cualquier controversia sobre la interpretación y aplicación del acuerdo deberá analizarse y solucionarse en este comité, evitando de esta forma la realización de ceses de actividades. 

El comité de seguimiento estará integrado por cuatro (4) miembros del MEN y cuatro (4) miembros de Fecode. Las partes solicitarán a la Procuraduría General de la Nación que actúe como garante del cumplimiento de estos acuerdos.”

Razón por la cual, observó la ministra, dichas peticiones de los educadores en materia de salud, salarios y seguridad social se deberían tratar con la comisión de cumplimiento de los acuerdos que es supervisada por el Ministerio Público.

Giha Tovar añadió que las puertas siguen abiertas para continuar con la agenda del cumplimiento de dicho pacto y que no se tendrán descuentos salariales para los educadores que participen del paro.

No obstante, el magisterio ha sido firme en manifestar que de no mejorar la situación y garantizar un cumplimiento en sus peticiones, y puntos pactados en el acuerdo, contemplarían la opción de volver a otro paro, pese al carácter de servicio esencial que tiene la educación.

“Si nos toca volver a un paro indefinido lo hacemos”, puntualizó Ospina Yepes.

Este jueves los maestros se movilizarán desde la sede de Adida con las delegaciones de los educadores del Eje Cafetero y Chocó, con los padres de familia, estudiantes y comunidad educativa.

Una de las más graves denuncias que presentan los educadores tiene que ver con el servicio de la salud, al que consideran crítico en “temas tan delicados como la suspensión de los tratamientos para pacientes oncológicos, la negación de la atención en urgencias o la ausencia de información para las redes de atención”. También reclaman mayor atención a los escalafones salariales, reforma a los programas de jornada única y alimentación escolar.