Una semana después del inocuo pero bien costoso despilfarro electoral, la consulta intonsa se ha convertido en el gran hecho político que reúne en palacio a todas las fuerzas, desde las más corruptas, como las del narcoterrorismo, hasta el presidente, a cuya recomendación respondieron, como mínimo, la mitad de los votos depositados. No obstante, magnánimo, tolera que una estridente y gárrula señora los raponee.

La celebración político-mediática de los 11´740.000 votos hace políticamente incorrectas las preguntas que nos hacemos las gentes sencillas, porque abundan fotos y videos de recintos vacíos, pero ninguno de colas para sufragar:

1. Si a las doce, la Registraduría contabilizaba 2´300.000 votos, ¿cómo es posible que en cuatro horas de la tarde se presentasen 9´400.000 votos, depositados sigilosa y fantasmalmente?

2. ¿Cómo es posible que unos 7000 visitantes de Corferias dizque hayan depositado varios centenares de miles de votos?

3. ¿Hasta dónde son confiables actas asentadas en ausencia de testigos electorales?

4. Si la inmensa mayoría de los jurados pertenece a un sindicato extremista, ¿cómo se garantiza la imparcialidad en la sumatoria de los votos de las mesas?

Ahora bien, se repiten afirmaciones en el sentido de que, como la consulta era sobre siete preguntas, cada respuesta representa un voto. Si así fue el recuento —aclaración que la Registraduría no ha hecho—, habría habido algo así como 1´700.000 votantes apenas…

Vea también: Inopia electoral y potencia radial

Comprendo que estas preguntas se quedarán sin respuesta, porque si la consulta fue de muchos “votos” pero de pocos votantes, su pregonado resultado sería en sí mismo un acto de la más repugnante corrupción.

Dejando de lado la inveterada costumbre de dictar mediante constituciones, leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos y sentencias, millares de disposiciones contra el cáncer de la corrupción, el país debería más bien comprender finalmente que el problema no se resuelve con otras docenas de leyes y tribunales, sino llenando la administración, pública y privada, de gentes honestas.

Volvamos a los mecanismos electorales. El gran esfuerzo para lograr resultados electorales veraces, transparentes y confiables, que se inició bajo Ospina Pérez con la cedulación técnica, y que se logró en gran parte bajo el Frente Nacional, se ha convertido en recuerdo del pasado.

Los resultados del plebiscito dejaron una amarga inquietud: ¿Ganó el NO apenas por unos 50.000 votos, o  contabilizaron menos de los sufragios depositados contra la entrega del país?

Y de las últimas elecciones presidenciales queda un interrogante: ¿Es posible que Duque haya superado a Petro apenas por dos millones de votos?

Estas dudas son apenas lógicas en vista del régimen de facto, preparatorio de la revolución, que imperaba en Colombia durante esos comicios.

Muchos temíamos el establecimiento del voto electrónico —tipo Venezuela—, para asegurar el triunfo de la llave Timo-Santos, pero como eso no se dio, generalmente se acepta que la Registraduría es correcta e imparcial, como si todavía la dirigiera alguien como Iván Duque Escobar…

De lo que nadie parece haberse dado cuenta es de que, de manera subrepticia, el anterior gobierno estableció el recuento electoral electrónico, sin la menor posibilidad de contrastarlo, analizarlo o impugnarlo.

En un estado democrático no es concebible por ejemplo, privatizar la justicia, las Fuerzas Armadas o el manejo de las relaciones internacionales. De igual manera, no parece tampoco admisible privatizar el recuento de votos, como se ordenó bajo el gobierno de Santos y Timo, al confiar esa función sacrosanta a una compañía privada, formada por los más íntimos compinches del presidente y que por esa labor recibieron algo así como la astronómica suma de 630.000 millones de pesos.

En estas sospechosas condiciones, los resultados electorales de Colombia baten todos los records mundiales. Hora y media después del cierre de las urnas se dispone de la casi totalidad de los resultados discriminados de centenares de municipios y listas, en 90.000 mesas de votación.

Vea además: ¿Hacia las últimas elecciones libres?

Sin darse cuenta de esa privatización de la función electoral y del cómputo final electrónico, clandestino y no auditado, se celebra la presunta imparcialidad de una Registraduría convertida ahora en apenas una entidad contratante, sin licitación, de un contratista omnipotente y sigiloso.

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Dando en el clavo -  ¿Por qué será que ni en el programa de gobierno ni en el cuestionario de la consulta aparece una sola propuesta para erradicar la corrupción de los tribunales? Luis Alfonso García, en: Es ahora, no dentro de cien días, septiembre 1° / 2018.

Comentarios:

Edgar
2018-09-05 20:53:54

Éstas son apenas preguntas desprevenidas, acerca de las votaciones en la consulta pasada. Pero quedaron en el aire, con peligra de desinflarse, pues parece que a pocos nos importa, ó es que no tenemos voz.

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