El reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de los grupos armados ilegales es sin duda uno de los peores crímenes que se puedan cometer contra las personas, las familias, la sociedad y los derechos humanos, porque no sólo se pone en juego la vida de ese menor de edad victimizado, sino que además se vulneran todas sus garantías y derechos fundamentales, como son su dignidad y vivir en un entorno protector, donde pueda acceder a educación, salud, tener tranquilidad, libertad de locomoción, pode jugar y no ser separado de su familia.

Sin embargo, y pese a que ese reclutamiento está contenido en la legislación nacional y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional como un crimen de guerra, además de los esfuerzos que se hacen desde todas las instancias comprometidas con la implementación de entornos protectores para la prevención de estos hechos, actualmente ese flagelo, lejos de disminuir, sigue en aumento y afecta principalmente a NNA de zonas rurales o marginales urbanas, donde los grupos armados tienen una fuerte presencia.

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Según informes de la Defensoría del Pueblo, en Colombia no existen cifras exactas sobre la cantidad de NNA vinculados hoy a esos grupos armados, no obstante, a partir de varios estudios y cifras aportados por Human Rights Watch se cree que al menos uno de cada cuatro combatientes es menor de 18 años, y que en algunos bandos tales cifras pueden aumentar por el fuerte reclutamiento forzado que se da en los campos colombianos y la falta de ayudas para los menores de edad en algunas ciudades.

Y no es fácil tener una cifra exacta o cercana a la realidad en cuanto a los menores de edad vinculados al conflicto, porque el nuevo fenómeno de los combos y las bandas en los barrios de las ciudades también reclutan, pero esta circunstancia no se suma a ese hecho.  Además, porque en muchos casos “se encuentra que los NNA no son desescolarizados ni son separados de su entorno familiar; ya que pueden asistir a las instituciones educativas de forma cotidiana y vivir bajo la tutela de su padre y/o su madre o familiar cercano”, según describe la Defensoría del Pueblo, una situación también ajustada a la realidad de hoy.

El Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es el sistema de información más completo sobre el conflicto armado colombiano, estima que entre 1958 y el 15 de septiembre de 2018, se presentaron 16.894 hechos violentos que involucraron NNA, dejando 17.778 víctimas (entre ellos 17.733 civiles, 44 combatientes y 1 sin información).

El 67% de esas víctimas se concentraron en 188 municipios de todo el territorio nacional y la autoría de esos hechos se atribuyó en su gran mayoría a la guerrilla y los paramilitares.

Otros estudios estiman que hoy la edad promedio de los NNA reclutados está en los 13 años, aunque las víctimas están entre los 7 y los 17 años de edad, situación que no sólo preocupa a Colombia sino a las autoridades internacionales de derechos humanos.

Mucho por hacer

Pero lo peor, según se desprende del informe ejecutivo entregado en 2017 por Unicef -Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-, es que “el Estado colombiano no cuente hoy con un registro exacto del número de los menores de edad que hacen parte de estructuras armadas, lo cual es importante para que sean reconocidos como víctimas y lograr así una protección integral”.

De acuerdo con esos registros, la gran mayoría de NNA víctimas de vinculación a diferentes grupos armados al margen de la ley son hombres, mientras que las mujeres representan la mitad del grupo de hombres, en tanto que los departamentos más afectados por este flagelo son Antioquia, Meta, Caquetá, Cauca, Tolima, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca y Arauca.

Todo eso permite decir que es mucho más lo que falta por hacer, que lo que se ha hecho para prevenir los reclutamientos y hablar de un verdadero proceso de restablecimiento de los derechos de NNA víctimas.

“Para que las actividades de prevención de reclutamiento sean efectivas deben tener las mismas características de permanencia y sistematicidad, así como intervenciones coordinadas y sostenibles en la focalización de territorios. Con el objetivo de evitar la persuasión a los niños, niñas y adolescentes es preciso hacer parte de sus vidas, conocer sus fincas, participar en sus colegios, entrar en su cotidianidad y compartir con ellos los espacios que hoy ocupan los grupos ilegales, generando empoderamiento y liderazgo en los niños y niñas”, afirma Unicef.

Y agrega que “las actividades puntuales de prevención tienen pocas probabilidades de tener éxito, en especial, si no logran hacer parte de los espacios familiares, comunitarios y escolares donde los grupos armados tienen fuerte presencia”.

De hecho, sostiene, “el 65.9% de los niños, niñas y adolescentes desvinculados manifiestan no haber tenido conocimiento sobre programas de prevención del reclutamiento. Sin embargo, del tercio restante (34.1%), que sí tuvieron conocimiento, el 59% no recuerda en qué momento fue contactado por una iniciativa de prevención y el 25% dicen que fue por radio”.

Los más vulnerables

Según se desprende de las investigaciones que realiza el Icbf, los NNA cuyos derechos a la educación y el bienestar económico han sido vulnerados, presentan mayor riesgo de reclutamiento forzado.

Las exploraciones precisan que casi la gran mayoría de esos menores de edad aceptaron haber tenido relaciones sexuales durante su permanencia en el grupo armado ilegal, y casi la totalidad de ellos dijeron haber tenido allí su primera relación sexual antes de los quince años.

“La poca presencia del Estado en educación, salud, recreación y protección integral, allana el  terreno para que la niñez siga siendo presa del reclutamiento. Grupos armados Ilegales, delincuentes asociados al narcotráfico, grupos disidentes, continúan reclutando niñas y niños. Familia, sociedad (escuela, periodistas, empresas) y Estado, tenemos la obligación constitucional de garantizar, por encima de los derechos de los demás, los derechos de cada niña y niño colombiano”, explica Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi.
Afirmación que valida el Registro Único de Víctimas cuando da cuenta de que “el 48% de las personas en situación de desplazamiento en el país aún no cumplen la mayoría de edad y el 80% de las más de 6.000 víctimas de violencia sexual reconocidas en el conflicto armado son NNA”.

Por eso en su informe Unicef insiste en que el flagelo del reclutamiento, que tuvo a las Farc como el mayor responsable y hoy a sus disidencias, grupos paramilitares, Eln y bacrim, en zonas rurales, y los llamados combos y bandas en ciudades como Medellín, “es una grave violación a los derechos humanos, una infracción al derecho internacional humanitario y un crimen de guerra que genera impactos desproporcionados y diferenciados, repercutiendo a la vez de forma negativa en la sociedad y en el desarrollo del país”.

Testimonios

 “La vida en los grupos armados es muy dura, porque a uno le toca levantarse desde la una, a veces a las cuatro o cinco de la madrugada para hacer emboscadas al Ejército. Uno no puede descansar o comer tranquilo, hay que caminar mucho, cocinar, cortar leña o cargar agua y a veces nos queda muy lejos, ese es un día allá”, relató Francisco, un joven que tuvo que vivir esta realidad durante 24 meses, debido a que desde sus catorce años estuvo recluido y reclutado por el comandante de un grupo armado ilegal.

Según la narración de la agencia Pandi, en el tiempo en que Francisco estuvo en esas filas no solo vio vulnerado sus más importantes derechos, “sino que también se vio obligado a hacerle daño a gente que no conocía”.

“Mi sueño es estudiar sicología, quiero ayudar a todos los jóvenes que han sido obligados a estar en los grupos armados ilegales, para que sanen lo mismo que yo viví”, dijo Francisco.

Yina Morales fue reclutada a los 11 años en Chaparral (Tolima) y actualmente es Trabajadora Social. “Nosotros somos ejemplo de que sí se puede salir adelante. Todos debemos tener la oportunidad de estar en un entorno donde podamos cambiar y desde allí transformar nuestras historias en una memoria que realmente garantice que lo que nos pasó no le pase a ningún niño o niña”, relató esta joven a la Unidad de Víctimas.

“He tenido la experiencia de viajar por el mundo contando como es este fenómeno y, cuando haya paz, espero poder contribuir y ayudar a los excombatientes para su proceso de reinserción social”, agrega Yina Paola. “Debemos ayudar a construir la paz conjuntamente en una sociedad donde haya más tolerancia, solidaridad e inclusión”, asegura.

Por todo eso los NNA vinculados al conflicto armado son considerados víctimas, como lo establece la Constitución Política de Colombia en su artículo 44: “Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Así, como dijo en 2014 Ramin Shahzamani, entonces representante en Colombia de War Child Holland: “Es necesario volver a evaluar la situación de los derechos de los niños y niñas en Colombia, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto y por la presencia de grupos armados ilegales. La situación es muy alarmante”, enunciado que hoy tiene mayor validez.

Combos y bandas reclutan en Medellín

“La existencia combinada de conflicto armado, violencia armada organizada y la presencia de combos y bandas criminales en los barrios, representan algunos de los factores de riesgo para el bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes que, a su vez, están estrechamente relacionados con casos de explotación sexual por parte de actores armados, desplazamiento intraurbano, utilización para actividades ilícitas y reclutamiento forzado, entre otras problemáticas”, relata la Personería de Medellín en su último informe anual.

En la radiografía que hace el ente de control de una realidad que hoy tiene la misma dimensión, se explica que el reclutamiento forzado de Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad de Medellín se sigue presentando a partir de la presión que ejercen los grupos armados para inducirles a pertenecer a sus organizaciones, mediante la tenencia de armas de fuego, conducción de carros y motos y entrega de dinero. Aún en contra de su voluntad son forzados a ingresar a estas estructuras criminales a través de amenazas, despojo de propiedades, hechos de violencia física y sexual, entre otros.

Por eso, “el Reclutamiento y/o vinculación es considerado un crimen de lesa humanidad. El uso y utilización de NNA para la comisión de delitos de tipo penal, desborda la temática propia que trata de abordar el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y por ello hay que entenderlo como víctima y objeto de restablecimiento de derechos, y no como victimario pasible del régimen penal”, afirma la Personería.

A esta problemática se le suman las pocas garantías que ofrece el Código Penal, pues si bien la Ley 1448 de 2011 reconoce a NNA como víctimas de reclutamiento independiente del origen del grupo, el Código Penal deja muchos casos por fuera porque sólo concibe como grupos reclutadores a la guerrilla y los paramilitares, no a las bandas criminales -bacrim-, por lo que excluye a quienes hayan sido reclutados forzadamente por bandas criminales emergentes.

Considera la Defensoría que, al menos, un 10% de los infantes de Medellín se encuentra en estado de vulneración por diferentes factores y la Alcaldía sólo alcanza a atender el 1%: “Las estrategias de prevención sólo abarcan el reclutamiento de los niños de 10 a 17 años, no existe hoy una ruta para el uso y la utilización de esos menores de edad. Al iniciar la ruta de prevención urgente llegan al centro de diagnóstico, en donde no son remitidos al Icbf por falta de cupos”.

En la ciudad de Medellín, para atacar esta problemática, se han implementado sistemas de alertas tempranas, pactos de convivencia (entornos protectores para NNA) en los consejos barriales de convivencia, advierte la Personería; pero a pesar de existir varios programas preventivos no focalizados, se aplica, de forma ilegal e inconstitucional, preferentemente la ruta del sistema de responsabilidad penal adolescente para atender a los NNA que son vinculados o utilizados por grupos armados ilegales.

Esta situación, concluye la Personería, ha privilegiado un enfoque que entiende a los NNA más como victimarios que como víctimas, lo que en la práctica supone la aplicación de la sanción penal especial a los NNA capturados en flagrancia durante la comisión de un delito pero no se activan rutas de impacto para prevenir o desvincular a los NNA victimizados por los grupos armados y así restablecer sus derechos.

Día de las manos rojas

Este martes 12 de febrero se conmemora el Día internacional de las manos rojas, que promueve la prevención del reclutamiento de NNA en los conflictos armados, fecha que se honra desde 2002 inspirada en la movilización social realizada en Alemania en 1997 en contra del reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado de Ruanda. Y Colombia, por medio de la Ley 833 de 2003 aprobada por el Congreso de la República, se comprometió a adoptar estas medidas para evitar que las personas menores de 18 años sean vinculadas a estos hechos de violencia.

Por tal motivo, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -Coalico- entregará a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz el informe "Infancia Trasgredida: niñas, niños y adolescentes en la guerra", en evento que se llevará a cabo este martes en las instalaciones de la JEP, en Bogotá.

Según la asociación, este informe busca aportar elementos objetivos y sólidos que propicien el reconocimiento de responsabilidad de los hechos, el aporte a la verdad plena y el rechazo inequívoco de todas las modalidades de vinculación directa o indirecta de niñas, niños y adolescentes en el conflicto por parte de todos los actores armados, así como la reparación de las afectaciones y las garantías de no repetición para generaciones de jóvenes cuya infancia fue y sigue siendo quebrantada por el conflicto armado en Colombia.

Este Día de las manos rojas, que es una señal de pare, es una oportunidad para sensibilizar al país sobre este fenómeno, recordar a todos los colombianos que niños, niñas y adolescentes son sujetos titulares de derechos y que deben recibir protección integral por parte del Estado, la familia y la sociedad; evitando toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluido el reclutamiento ilícito y su vinculación a las dinámicas de la guerra.

Pero también es, según Coalico, una inmejorable oportunidad histórica para que “el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - y como parte de este- la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), implementen una Jurisdicción para la verdad de las niñas y los niños, que, a través de un enfoque basado en los derechos de las víctimas, escucha, proteja y abogue por la justicia a partir del paradigma de la protección integral, sobre la base del interés superior de los niños y las niñas, la prevalencia de sus derechos y la centralidad como víctimas”.

Y es que es un compromiso de todos, desde el lugar de cada uno, como sociedad, familia y Estado, aportar a todos los procesos que permitan y ayuden a ponerle fin a este fenómeno, para que cada vez sean más los NNA que puedan vivir en mejores condiciones familiares, en un ambiente amigable y seguro, sin sufrir las durezas de un conflicto armado.