Defensores de derechos humanos acusaron al Gobierno de Maduro de no haber agotado las vías de resolución antes de llegar a la confrontación armada con el grupo de rebeldes liderado por Oscar Pérez.
Las organizaciones no gubernamentales Provea y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) manifestaron este lunes su rechazo al operativo de seguridad para desmantelar un grupo de funcionarios insurrectos que culminó con la muerte de rebeldes y de policías.
Las ONGs aseguraron que este operativo contra el grupo liderado por el policía Oscar Pérez, en el que murieron al menos cinco insurrectos y dos funcionarios de las fuerzas de seguridad, violó los derechos humanos de los rebeldes que el Gobierno califica de "terroristas".
"Estado no agotó la vía de la resolución pacífica y propició desenlace con muertes y heridos en operativo de captura de Oscar Pérez", dijo el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su cuenta de Twitter. "Presencia de Ministerio Público y Defensoría del Pueblo hubiera generado garantías para la solución pacífica y el respeto a la vida de todos", dijo la ONG en el mismo mensaje.
Provea también exige al Gobierno de Nicolás Maduro "ofrecer urgentemente información detallada sobre fallecidos, heridos y detenidos durante operativo de búsqueda de piloto Oscar Pérez" y critica el comunicado del Ministerio de Interior por no dar "suficientes" datos a familiares y opinión pública.
Asimismo pidió al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, "explicar al país qué esfuerzos hizo para evitar la muerte de 7 venezolanos en operativo de búsqueda Óscar Pérez" y le recriminó que "velar por el derecho a la vida es su obligación constitucional". El Ovcs señala por su parte, en su cuenta de Twitter: "Posible ejecución extrajudicial durante detención del piloto Óscar Pérez".
Esta ONG también critica que durante este operativo supuestamente murió un miembro de un colectivo chavista lo que a su juicio "deja en evidencia las operaciones conjuntas entre Cuerpos de Seguridad del Estado y Civiles Armados pro gobierno".
Más temprano el Ministerio de Interior informó que las autoridades venezolanas desarticularon el grupo liderado por Oscar Pérez, acusado de "ataque terrorista" al Supremo al lanzar, según el Gobierno, varias granadas contra la institución en julio de 2017 y que desde entonces estaba en fuga.
"Los integrantes de esta célula terrorista que hicieron resistencia armada fueron abatidos y cinco criminales fueron capturados y detenidos", informó el Gobierno venezolano. En el texto no se ofrecen mayores detalles sobre los detenidos o los fallecidos por lo que aún se desconoce si Pérez falleció o fue capturado con vida.
Pérez publicó una serie de vídeos en Instagram en los que señalaba que las autoridades lo tenían cercado a él y al grupo que lo acompañaba y en esos audiovisuales aseguró que se quería entregar, pero afirmaba que las fuerzas de seguridad no dejaban de disparar pese a su disposición. En su último vídeo, se le observa con manchas en la cara, que parecen sangre, y gritando: "Nos vamos a entregar no sigan disparando".
En otros vídeos indicó que las fuerzas de seguridad les dijeron que los querían asesinar y que no querían que se entregaran. También se dirigió a sus hijos para señalarles que lo había hecho era por ellos y por "todos los niños" de Venezuela.