A través de un comunicado, el organismo reiteró que ser defensor de derechos humanos es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia.
Naciones Unidas aseguró haber verificado en lo corrido del año el asesinato de 105 defensores de derechos humanos.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este miércoles su preocupación por "la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de los defensores de derechos humanos en el país”.
A través de un comunicado, el organismo reiteró que ser defensor de derechos humanos "es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible".
Por ello, subrayó su "profunda preocupación" por la persistencia de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia y rechazó "la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos como en acciones que obstaculizan su trabajo".
"Altos funcionarios públicos han declarado recientemente a los medios que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas", agregó la oficina de la ONU.
Esa declaración la hizo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien dijo que "la inmensa mayoría" de los asesinatos se pudieron producir por "un tema de linderos o faldas", entre otros asuntos.
Tras su declaración, el fiscal, Néstor Humberto Martínez, afirmó ayer que en el caso de los asesinatos de los líderes sociales hay "algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país", algo que siempre ha negado el Gobierno.
Posteriormente, el presidente Juan Manuel Santos anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema para detener el asesinato de líderes sociales denominado "Plan Orus".
La oficina aseguró haber verificado en lo corrido del año el asesinato de 105 defensores de derechos humanos, incluidos 73 homicidios contra líderes sociales, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos y catorce víctimas durante movilizaciones sociales. Además, la oficina tiene otros once casos más en proceso de verificación.
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