Por nada en el mundo Iván Cepeda quiere que el Centro Nacional de Memoria Histórica sea dirigido por alguien que no sea comunista.
Lo que quiere Iván Cepeda es paralizar el trabajo del CNMH.
La odiosa campaña difamatoria que el polémico senador dirige contra el nuevo director del CNMH, el historiador antioqueño Darío Acevedo Carmona, revela una intención diabólica: que esa entidad oficial, creada por el gobierno colombiano en 2011 para garantizar “el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas del conflicto armado y toda la sociedad en su conjunto”, se convierta definitivamente en un instrumento para glorificar a las FARC.
La infame operación comenzó antes de que el presidente Iván Duque pusiera a Darío Acevedo, en febrero de 2019, al frente de ese organismo, en reemplazo del sociólogo Gonzalo Sánchez, quien dirigió esa entidad durante ocho años --desde su fundación en 2011--, con el respaldo del gobierno de JM Santos y de la izquierda política.
Como el nombramiento recayó sobre un historiador independiente, la clique leninista trató de arruinar ese nombramiento. Alegaron que Darío Acevedo era un “negacionista”, término ultra injurioso que designa a quienes niegan el Holocausto judío. Después, lo acusaron de “alterar archivos” del Centro, pues querían levantar un muro de desconfianza entre él y las organizaciones de víctimas. Hasta el mismo Ernesto Samper fue llamado para que aportara su grano de arena. El expresidente aportó lo de siempre: una mentira. Dijo que 27 organizaciones habrían retirado sus archivos del CNMH por no creer en la objetividad del profesor Acevedo.
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Las intrigas no acabaron allí. Criticaron la decisión del nuevo director de entrar en contacto con la entidad oficial rectora de la investigación social del país, Colciencias. Otra acertada decisión de Acevedo los llevó a una crisis de nervios: el hecho de abrir la puerta del Centro a los testimonios y documentos de los militares y policías, otro sector muy importante de víctimas de los crímenes horrendos cometidos por las FARC. La idea de la izquierda es que el CNMH registre sobre todo las tesis y versiones de los victimarios, las FARC, en detrimento de los testimonios de las víctimas de éstas. Tampoco dejaron de rasgarse las vestiduras cuando el nuevo director anunció que se oponía, con mucha razón, a que el Museo de la Memoria tenga como meta la oficialización de la errada teoría marxista del “conflicto armado”, en la que los agresores narco-terroristas son puestos al mismo nivel moral del Estado y de la fuerza pública colombiana.
Como esas ofensas no lograron frenar la determinación de Darío Acevedo, el senador Cepeda propuso que el director del CNMH fuera convocado a una “sesión de control político” en el Congreso, para que rindiera cuenta de su gestión. Si bien ese tipo de interrogatorio es un atributo legal, éste tiene unos límites. Cepeda no tuvo en cuenta eso y convirtió esa cita en un mecanismo de humillación, presión y hostigamiento ilegal contra el director del CNMH.
Según una radio bogotana, la comisión segunda del Senado (Iván Cepeda del Polo Democrático, María José Pizarro del partido Decentes, Antonio Sanguino de la Alianza Verde y Feliciano Valencia del partido Mais), examinará mañana 5 de noviembre “cómo el alto funcionario viene intentando revisar la historia del conflicto armado y la memoria de las víctimas”. Nótese el tono empleado por la comisión (el artículo retoma literalmente un texto de ese grupo): no tratará de saber si el funcionario está tratando o no de “revisar la historia del conflicto armado y la memoria de las víctimas” sino cómo lo está haciendo. En ese caso, la consulta en comisión se convierte en tribunal político intratable, en tremenda corte irracional con condena redactada de antemano.
El 26 de septiembre pasado, el presidente de esa comisión le envió una lista de 81 preguntas (tres de ellas borradas) a Darío Acevedo “para que […] vaya dando respuesta al cuestionario hasta tanto se fije fecha para la realización del debate”. Darío Acevedo respondió a las preguntas el 3 de octubre.
Empero, por el contenido de algunas de esas preguntas, dicha convocatoria extralimita el “control político” pues trata de indagar sobre puntos que no son políticos ni administrativos.
Quieren saber qué piensa el director del CNMH como ciudadano sobre temas como los acuerdos de paz, el accionar de los paramilitares, el “genocidio de la UP”, etc. Se trata de una técnica para reprocharle al interrogado lo que piensa como ciudadano y atribuirle efectos imaginarios sobre su acción administrativa. Es un acto de intimidación contra la libertad de pensar y de opinar.
El ese cuestionario hay preguntas muy precisas sobre puntos administrativos que son privativos de un organismo que hace parte del poder ejecutivo y de una política de gobierno. Ello hace que esa sesión de “control político” se convierta en una tentativa de irrupción anómala del poder legislativo (la comisión segunda) sobre terrenos del poder ejecutivo (el CNMH es un organismo del poder ejecutivo).
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En todo eso puede haber una incursión inconstitucional del poder legislativo sobre el poder ejecutivo que se burla del principio de la separación de poderes.
Muchas de esas preguntas son ataques a la autonomía administrativa (sobre los “equipos” de trabajo, sobre el personal del Centro, sobre “procesos disciplinarios”, sobre protección de archivos, sobre cómo se hace el acopio de testimonios y de lo que ellos llaman, de manera imprecisa, “memorias”.
Es, además, un interrogatorio excesivamente intrusivo. Pide “informar las fechas establecidas por el CNMH para el lanzamiento de informes, el lugar de éste lanzamiento y las organizaciones invitadas”. Exige lo mismo sobre el no lanzamiento de “los informes”.
Peor: le piden al director del CNMH que dé los nombres de los testigos (“presuntos responsables”) y los nombres de las “víctimas en condición de exilio, refugio y desplazamiento transfronterizo”. Quieren que el director les entregue los “informes (del CNMH) sobre el fenómeno paramilitar”. Quieren los nombres de los “presuntos responsables de dichas violaciones a los derechos humanos”.
Sobre el “estado de implementación del Museo de la Memoria” hacen preguntas incomprensibles como “¿Conoce usted el balance de públicos que se hizo sobre Voces para transformar a Colombia?”.
A partir del punto 6 hay otra perla: piden que Acevedo informe sobre “la construcción de la verdad que se ha impulsado desde su posesión como director del CNMH”. Más exactamente, quieren detalles sobre la posición del CNMH, desde que lo dirige Darío Acevedo, sobre: “Ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos”; “Existencia de un conflicto armado de carácter no internacional al interior de Colombia”; “Empresas privadas y su rol en dentro del conflicto armado colombiano”; “Exterminio de la Unión Patriótica”; “Proceso de paz adelantado por el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC — EP entre 2012 y 2016”. Es decir, quieren imponerle al nuevo CNMH una visión, la anterior, la que defiende Gonzalo Sánchez y la historiografía marxista de los universitarios Eduardo Pizarro, Medófilo Medina y Carlos Medina Gallego.
Todo eso es escandaloso. El CNMH para poder hacer su trabajo debe tener plena independencia intelectual y derecho a proteger a sus fuentes, a las víctimas como a los victimarios que declaran. El Centro debe tener el derecho a impedir que haya fugas de información, sobre todo sobre la identidad de las víctimas, sus domicilios, y de los ex victimarios. Dar esos datos es convertir al CNMH en vehículo de traición a sus fuentes.
Sin esa privacidad le será imposible al CNMH reunir más testimonios. Esa lista de preguntas tiene un objetivo muy claro: intimidar a las víctimas que ya han declarado y a las que quieran declarar en el futuro ante el CNMH.
En lugar de querer hacer una sesión normal de “control político” sobre el CNMH, lo que quiere Iván Cepeda es paralizar el trabajo del CNMH, mientras llega un nuevo director que se someta a sus dictados.
Ninguna fuente del CNMH querrá ver su nombre expuesto de esa manera. Los nombres de las víctimas declarantes, o de los ex victimarios, no pueden caer en manos de terceros no habilitados.
Como esos testigos, tras las eventuales revelaciones, pueden sufrir vejámenes o “accidentes” o atentados, ceder a esas extrañas órdenes de entregar información privada le creará al CNMH y a sus directivos problemas de ética y les abrirá complicaciones en el terreno de la responsabilidad civil y penal.
El senador Cepeda envió no hace mucho un segundo listado de 52 nuevas preguntas a Darío Acevedo rompiendo el conducto regular. La ley dice que quien envía preguntas al convocado a una sesión de control político es el presidente de la comisión. Iván Cepeda no lo es. En las 52 preguntas adicionales hay, de nuevo, puntos extremadamente intrusivos.
Cepeda llega a pedir información que no tiene nada que ver con la producción intelectual del CNMH, y sí con el dispositivo de seguridad del director del CNMH. Iván Cepeda hace tres preguntas sobre ese tema. Quiere saber si el director del CNMH se desplaza a eventos protegido o no; si los custodios son miembros de la fuerza pública activos o en retiro; si el director habla o no en esas reuniones; quiere saber qué dijo exactamente el director Darío Acevedo en esas reuniones.
Todo eso es excesivo y extraño. Su forma de pedir información se transforma en exageración, ultranza, hostigamiento moral.
Es un acto de acoso deliberado contra un funcionario público que él detesta y que ve como sospechoso por no ser comunista. ¿Esa actividad inquisitiva es legal? ¿Qué puede decir al respecto la Procuraduría General de la Nación?
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Este incidente de las preguntas previas crea necesariamente otros interrogantes: ¿la sesión de “control político” del Senado tiene los mismos alcances de una comisión de investigación del Senado? ¿Los mismos poderes y alcances de una comisión senatorial reunida para hacer luz sobre un tema grave de Estado? ¿Cuál sería la norma que permitiría eso?
Esas preguntas salieron de la secretaría de la comisión segunda y la han recibido algunos parlamentarios. Hay divulgación parcial de puntos por las redes sociales.
Es evidente que Cepeda, mediante presiones cada vez más chocantes, quiere hacerle la vida imposible a Darío Acevedo Cardona y obligarlo a que renuncie a su labor al frente del CNMH, cosa que el profesor no está dispuesto a hacer. De hecho, la campaña ha sido implacable y en ella vienen participando personas que dirigían el CNMH.
Iván Cepeda se mueve con una sola idea en la cabeza: el CNMH es para glorificar a las FARC y pare de contar. El senador olvida que el pretendido “conflicto armado”, si lo hubiera, sería entre dos partes: los narco-terroristas, por una parte, y el resto del país, por la otra. Cepeda pide que el CNMH deje de lado los daños que las FARC le hacen y le hicieron al país y que muestre esas atrocidades como unos pasos positivos, “históricos”, como una marcha “ineluctable” hacia la utopía de una sociedad perfecta, socialista.
Sería inadmisible que dejemos que esa visión de la historia se instale en el CNMH y haga camino en la opinión pública, en la educación nacional, en la prensa y medios de información.
Cepeda y sus clique están decididos a devastar ese Centro. Abogaron para que algunas personas retiraran los archivos que habían entregado pretextando la supuesta “orientación revisionista” del CNMH. Ahora, los mismos que impulsaron ese retiro le echan la culpa al actual director.
Hay que develar este escándalo ante la opinión pública, pues la prensa establecida guarda silencio, a pesar de que elementos del tema circulan hace semanas.
Es evidente que hay una deviación en la institución del control político del Senado. Hay un derrotero insólito y abusivo. Es obvio que el director del CNMH, y el gobierno nacional, podrían tomar acciones concretas para poner fin a ese abuso.
Esa operación de “control político” y de pedidos exhaustivos de información al CNMH de parte de la comisión segunda del Senado es un acto eminentemente público. Luego los cuestionarios enviados no hacen parte de ningún expediente secreto sobre el cual pese la famosa “reserva del sumario”.
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